El Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León en León,  ha vuelto  a someter a información pública, BOCyL (03.12.20),  el documento titulado “Estudio de impacto ambiental del proyecto de apertura de la cantera La Pola Nº 760, La Solana Nº 647, plaza de cantera de Rocalo y accesos” , un proyecto que hará volar los crestones calizos del lado derecho (dirección a Asturias)  de la carretera N-630, a su paso por las localidades de La Pola de Gordón y Vega de Gordón.

Efectivamente, el proyecto de estas canteras prevé extraer,   mediante voladuras a cielo abierto,  80.000 metros cúbicos/año  de piedra caliza,  en una extensión de unas 9 hectáreas de monte. Por su ubicación,  el proyecto tiene un impacto crítico,   dado que el  perímetro de la explotación  se encuentra a menos de 400 m de Vega de Gordón, a 75 m del cauce del río Bernesga, a menos de 100 m del tendido eléctrico, y a menos de 200 m de las vías del ferrocarril y de la carretera N-630. El ruido y el incremento de la contaminación atmosférica   serán de tal magnitud  que  provocarán un deterioro inaceptable en la calidad de vida de la población afectada;  con riesgo de que las vibraciones y el material despedido en las voladuras causen daños a estas infraestructuras, a las personas y a sus bienes.

Al igual que en julio 2020 (BOCyL 03.04.20) la Junta vuelve a iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental con una documentación técnica y con un anuncio de información pública que no reúnen los mínimos requisitos legalmente exigidos. Sigue faltando  un proyecto técnico comprensivo del conjunto de las explotaciones y de sus accesos y, sin  esa documentación técnica, es imposible conocer el verdadero alcance de la actividad extractiva  y por lo tanto evaluar su impacto ambiental. A falta de proyecto técnico conjunto, el contenido del EIA que vuelve a presentar el promotor, la Junta Vecinal de La Pola de Gordón,  resulta ser un camelo con el que  solventar  la tramitación ambiental.

Resuelta especialmente llamativa la indefinición de los accesos, caminos que habrá que acondicionar y que discurren por fincas privadas. El proyecto los menciona de pasada, sin aportar documentación que acredite la viabilidad de unas infraestructuras imprescindibles para el funcionamiento de la explotación.  Además, su entronque con la carretera N-630 exigirá modificar los cruces, previo estudio, solicitud y autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Son muchas las autorizaciones que deben recaer sobre estas canteras: del MITMA (Carreteras y Renfe),   de la Confederación Hidrográfica del Duero, de Red Eléctrica, de la propia Junta  por el uso del suelo rústico y la afección a Montes de Utilidad Pública;  del Ayuntamiento de La Pola de Gordón,  al que corresponde otorgar en última instancia,  las licencias ambiental y urbanística.

Por ese motivo Ecologistas en Acción  se ha dirigido también al Ayuntamiento pidiendo que inste a la Junta la paralización de este procedimiento de evaluación ambiental.   Sería deseable que, estando en curso la planificación del MITECO para  la restauración ambiental de explotaciones mineras en cierre o abandonadas, el municipio de La Pola de Gordón optara a los fondos públicos que el Gobierno prevé destinar a tal fin; opción que, a nuestro juicio, pasa por no licenciar nuevas explotaciones extractivas a cielo abierto, como estas canteras, situadas en un paraje que merece protección y restauración.