Hace 30 años los Estados firmaron un tratado internacional de protección de inversiones que podría obligar a los Gobiernos a pagar sumas astronómicas por legislar para cumplir el Acuerdo de París. El Tratado sobe la Carta de la Energía es un lastre para la soberanía de los países y la justicia climática.

Izaskun Aroca Sánchez, Marta García Pallarés. Campaña sobre El Tratado de la Carta de la Energía de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 106.

En 1994 el Gobierno de España de la mano de Felipe González firmó y ratificó sin ningún tipo de estudio de impacto ni debate público un tratado internacional para regular el mercado de la energía y proteger a los inversores extranjeros del sector energético. Lo que quizá no intuía es que ese documento, años después, podría endeudar las arcas públicas e impedir el desarrollo de una legislación para luchar contra la crisis climática. Hablamos del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Un gran desconocido que sin duda alguna tiene mucho más impacto en nuestras vidas de lo que pensamos.

El TCE se aplica en 53 países 1, desde Europa Occidental y Europa Oriental, hasta Asia Central y Japón, además de la UE en su conjunto. Desde que Rusia lo abandonó en 2009 2, la razón de ser de este tratado cada vez está menos clara y por ello busca ampliarse a países de África, Asia y Latinoamérica 3. En ningún caso se ha realizado un estudio profundo sobre las repercusiones políticas, económicas, financieras, legales y medioambientales de adherirse a este tratado.

El TCE se gestó en 1991 tras la caída del muro de Berlín. Su objetivo inicial era garantizar a los países Occidentales el suministro de recursos energéticos fósiles presentes al otro lado del telón de acero, en las recién independizadas Repúblicas Socialistas Soviéticas: gas de Rusia, petróleo de Asia Central o uranio de Mongolia. Treinta años después, este tratado está completamente obsoleto. Sus dos pilares centrales se han vuelto como un boomerang en contra de los Estados y el clima: la protección a los combustibles fósiles y el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, ISDS, por sus siglas en inglés.

Foto: Ella Ivanescu

El ISDS permite a multinacionales e inversores extranjeros del sector de la energía demandar a cualquier país en el que hayan invertido si consideran que ha legislado en contra de sus beneficios económicos, presentes o futuros. El TCE, sin embargo, no contiene ninguna cláusula para que los Estados puedan demandar a las multinacionales ni exigirles responsabilidades. Las demandas se resuelven ante tribunales de arbitraje internacionales, un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tres abogados especializados, en su mayoría, en derecho comercial internacional.

Estos tribunales se celebran a puerta cerrada y funcionan al margen de los tribunales públicos existentes. No se tiene en cuenta el derecho nacional y las sentencias, que se llaman laudos, son inapelables. Normalmente los Estados son condenados a pagar sumas astronómicas a los inversores en concepto de indemnización. Aunque las sentencias de estas demandas fueran favorables al Estado, nunca se podría decir que ha ganado. Solo los costes arbitrales ascienden a millones de euros. Y el dinero sale de las arcas públicas.

El ISDS es un mecanismo que blinda la impunidad de las multinacionales y los inversores y está presente en casi 3.000 tratados bilaterales de inversión y de libre comercio 4. En el caso del TCE, el ISDS y las amenazas de demanda de multinacionales e inversores atacan directamente a las políticas de justicia climática y social. Veamos cómo.

Contra las políticas climáticas y sociales

En septiembre de 2019, el Gobierno holandés anunció una nueva ley para prohibir la generación de energía a partir de carbón en 2030, una medida que se enmarca en el plan de descarbonización del país para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, en mayo de 2020 la energética alemana Uniper amenazó a Holanda 5 con utilizar el TCE y reclamar hasta 1000 millones de euros en concepto de indemnización por el cierre de una de sus centrales de carbón. Si la demanda sale adelante y Holanda se ve obligada a pagar, el coste de la transición energética del país podría dispararse de forma significativa. Por otro lado, el mero hecho de evitar una demanda podría provocar que el Gobierno holandés rebajara sus objetivos iniciales de descarbonización. Algo similar ocurrió en Francia.

El ISDS es un mecanismo que permite a multinacionales e inversores extranjeros del sector de la energía demandar a cualquier país en el que hayan invertido si consideran que ha legislado en contra de sus beneficios económicos, presentes o futuros.

En 2017, el Gobierno francés anunció un proyecto de ley —la Ley Hulot— para prohibir la extracción de combustibles fósiles a partir de 2040 y limitar la renovación de permisos de explotación. Ese mismo año, la compañía canadiense Vermilion amenazó con demandar a Francia bajo el TCE 6alegando que esas medidas iban en contra de sus ingresos económicos. Finalmente, la amenaza de una demanda millonaria surtió efecto y los objetivos de la ley francesa fueron rebajados. Actualmente los permisos de explotación se pueden renovar hasta 2040, e incluso después bajo determinadas condiciones.

Igual de preocupantes son las demandas que se vinculan con el precio del suministro eléctrico. Hungría y Bulgaria 7—dos de los países de la Unión Europea con los mayores índices de pobreza energética— fueron demandados en 2007 y 2013, respectivamente, por formar parte del TCE. ¿La causa? Intentar abaratar el precio de la electricidad y limitar las ganancias de las grandes compañías eléctricas. Aunque las sentencias fueron favorables a los Estados, Hungría y Bulgaria tuvieron que asumir los costes arbitrales con dinero público. De hecho, las medidas sociales adoptadas por los Gobiernos ante la crisis sanitaria de la COVID 8, como prohibir el corte de suministros básicos 9 entre las personas más vulnerables, también podrían desencadenar demandas bajo el TCE.

Estado español: récord de demandas

España es el país más demandado bajo el TCE 10con un total de 48 demandas conocidas. Todas ellas se deben a los cambios legislativos en los subsidios a las energías renovables.

En enero de 2011 el gobierno del PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el recorte de primas para las plantas solares. En 2014, el gobierno de Mariano Rajoy dio la estocada final en lo que se conoció como “el hachazo a las renovables”: la retirada de 1.700 millones de euros al año en subvenciones. La industria fotovoltaica nacional y otros actores como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético intentaron recurrir estas medidas en la justicia ordinaria, pero los recursos no prosperaron porque el Tribunal Constitucional amparó los recortes.

Una consecuencia inesperada para la administración pública fue la cascada de demandas de inversores extranjeros contra el Estado español bajo el TCE. Mientras, las pequeñas y medianas empresas españolas que habían invertido en energía solar se quedaron al descubierto, los inversores extranjeros se vieron amparados por los tribunales de arbitraje internacionales de forma exclusiva. Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer, el TCE no es un instrumento que favorezca el impulso de las energías renovables. En el caso español el 49 % de las demandas proceden de inversores extranjeros vinculados de manera directa a la industria fósil y el 85 % de las demandas se realizaron a través de un fondo de capital o inversor especulativo 11.

De momento 17 demandas se han resuelto a favor de los inversores 12 y España ya ha sido condenada a pagar más de 1000 millones de euros en concepto de indemnización, casi siete veces más el presupuesto anual que el Estado español se ha comprometido a aportar al Fondo Verde Europeo. Si consideramos la suma reclamada en las 48 demandas contra España, esta cifra podría superar los 8.000 millones de euros.

Una consecuencia para la Administración fue la cascada de demandas de inversores extranjeros contra el Estado español bajo el TCE. Mientras, las pequeñas y medianas empresas españolas que habían invertido en energía solar se quedaron al descubierto.

Un escenario incierto

La imprevisibilidad y falta de transparencia del TCE es muy preocupante, sobre todo en un momento de colapso global en que los países implementan medidas para cumplir con el Acuerdo de París. España está impulsando una Ley de Cambio Climático y Transición Energética y Europa avanza con una nueva Ley del Clima para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 y contener el aumento de temperatura global en 1,5ºC. Sin embargo, los Gobiernos europeos están atados de pies y manos a los combustibles fósiles: el TCE protege las inversiones en todas las fuentes de energía, incluido el petróleo, el carbón y el gas. La falta de coherencia entre las políticas climáticas y comerciales podría limitar la transición energética. De hecho, nunca podremos conocer el número de leyes y medidas imprescindibles que se han quedado en un cajón a causa de este tratado. Tampoco podemos predecir qué medidas de los Gobiernos podrían desencadenar nuevas demandas.

El pasado mes de noviembre finalizó la tercera y última ronda de negociación 13prevista en 2020 para modernizar el Tratado. Eliminar la protección de las inversiones en combustibles fósiles ha sido una de las principales reclamaciones de algunos países, como España o Luxemburgo. Sin embargo, estas demandas no se han tenido en cuenta y las negociaciones están en un punto muerto. El Gobierno tiene dos vías. Por un lado, salir unilateralmente del TCE, aunque se enfrentaría a la cláusula de permanencia —también conocida como cláusula zombi— por la que los inversores pueden seguir demandando a los países hasta 20 años después de haber abandonado el Tratado. La otra vía es salir con más países o una retirada en bloque por parte de la UE, lo que anularía la cláusula de permanencia. La salida del TCE es la única vía que tienen los países para recuperar, en cierta medida, la soberanía energética y poder acometer cambios legales necesarios para el clima y la ciudadanía.

  1. The International Energy Charter. https://www.energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-treaty/
  2. Los países que son serios en cuanto al cambio climático deben abandonar el Tratado de la Carta de Energía (TCE). https://www.bilaterals.org/?los-paises-que-son-serios-en&lang=en
  3. Por qué los países africanos no deben ratificar el Tratado sobre la Carta de la Energía. https://www.africaye.org/por-que-los-paises-africanos-no-deben-ratificar-el-tratado-sobre-la-carta-de-la-energia/
  4. Guía práctica para entender los tratados de comercio e inversión. Como las multinacionales planean apropiarse de tu futuro. https://www.noalttip.org/wp-content/uploads/2018/10/tlc-con-portada-baja.pdf
  5. How big coal could sue the Netherlands to sabotage climate action. https://www.youtube.com/watch?v=uZ3r6OwKM-k
  6. Tribunales con alfombra roja. 10 historias de cómo los ricos y poderosos secuestraron la justicia. https://10isdsstories.org/cases/case5/
  7. Un Tratado para gobernarlos a todos. https://energy-charter-dirty-secrets.org/es/
  8. Haciendo negocio con la pandemia. Cómo los abogados se preparan para demandar a los Estados por las medidas tomadas en respuesta a la COVID-19. https://longreads.tni.org/es/haciendo-negocio-con-la-pandemia
  9. Anteponer las necesidades de las personas a los beneficios de las eléctricas. https://ctxt.es/es/20201001/Firmas/33791/Yayo-Herrero-carta-comunidad-CTXT-energia-derechos-electricas.htm
  10. España: un caso paradigmático de los arbitrajes de inversión en el sector de la energía. https://www.noalttip.org/wp-content/uploads/2017/05/casos_Espana.pdf
  11. Un Tratado para gobernarlos a todos. https://energy-charter-dirty-secrets.org/es/
  12. Investment Policy Hub, UNCTAD. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement
  13. Miembros del Parlamento Europeo piden abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía. https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/03/11/2020/miembros-del-parlamento-europeo-piden-abandonar-el-tratado-sobre-la-carta-de-la-energia/