El objeto de la presente propuesta recogida en el informe «Una tarifa social como respuesta ante la pobreza energética» es abordar las garantías de un acceso al contrato de suministro eléctrico a todas las personas. Entendiendo la energía como un derecho; para convertir un contrato de suministro básico en una herramienta que proporcione la dignidad que todas las personas necesitamos para sentirnos plenamente integradas y participar en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Con ello, evitar que las personas tengan que recurrir a engancharse de manera ilegal a la red, ya que se puede garantizar el acceso a ella en la misma forma que cualquier usuario, sin ningún tipo de discriminación.

Es necesario actuar en este sentido, favoreciendo y facilitando que el acceso a un suministro esencial, como es el eléctrico, sea equitativo para todas las personas (que no igual). Si un vector de la pobreza energética es el alto precio de la energía, deberíamos actuar en este sentido, pero el bono social, que es la única herramienta pública de apoyo a los más vulnerables no es más que un mecanismo de descuento fijo, del 25 % o del 40 % en el mejor de los casos. Una tarificación accesible para todas las personas garantizaría un consumo mínimo para unas condiciones de vida digna, materializando de manera efectiva el derecho a la energía. La necesaria reestructuración del sistema eléctrico para adecuarlo a la transición energética convierte este momento en único para introducir una tarifa social que nos permita reducir la creciente desigualdad de la población.

Esta publicación se da dentro del proyecto «Los dilemas de la transición ecológica para cumplir el Acuerdo de París», que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad. Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de las autoras de los mismos, y no reflejan los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.