• Las distintas federaciones y grupos locales de Ecologistas en Acción han llevado a los tribunales un total de 286 casos para la protección del medioambiente, cifra superior a los 244 casos de 2020. 
  • De todos estos asuntos vivos en tribunales a fecha de 31 de diciembre de 2021, 199 pertenecen a la jurisdicción contenciosa administrativa, 85 a la penal y 2 a la civil. 

La temática de los distintos procedimientos es enormemente variada y comprende prácticamente todos los aspectos medioambientales. Entre ellos, por ejemplo, licencias o planes urbanísticos, vías pecuarias o caminos públicos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, minería, infraestructuras de transporte, gestión de espacios protegidos, delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras, incendios en vertederos y plantas de almacenamiento de residuos, y prevaricación urbanística.

Es de destacar que los equipos jurídicos de Ecologistas en Acción están presentando cada vez más recursos donde se denuncia la inactividad de la administración a la hora de proteger el medioambiente. Es el caso de la demanda climática presentada por la insuficiente ambición climática del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Asimismo, se han presentado recursos contenciosos por la inactividad de diferentes administraciones en relación con la descontaminación radiactiva de Palomares (Almería), la falta de protección de la legalidad urbanística en Cádiz, la falta de actividad en la recuperación de oficio de una vía pecuaria en Toledo, en el inventario de caminos municipales y en la ley de vías pecuarias de Catalunya, en el estado de aguas contaminadas en embalses de Galicia, o en el plan de recuperación de especies protegidas de Catalunya.

Otro ámbito en el que Ecologistas en Acción está demandando en la vía contencioso-administrativa la inactividad de las administraciones central y autonómicas es en relación a un incumplimiento: el de su obligación legal de elaborar y aprobar planes de calidad del aire en las zonas donde, desde 2010, se incumplen los valores objetivo para la protección de la salud y de la vegetación establecidos para del ozono troposférico.

En el ámbito autonómico, los tribunales de justicia de Castilla y León (2018) y Navarra (2021) han declarado que ambas administraciones están obligadas a dotarse de dichos planes. El Tribunal Supremo estableció en 2020 que los planes autonómicos de calidad del aire son independientes del Plan Nacional, que compete al Gobierno Central. Actualmente están vistos para sentencia recursos similares en Catalunya y País Valenciá.

De los 286 asuntos que Ecologistas en Acción tiene en diferentes tribunales, estos son los datos desde el punto de vista territorial: 84 corresponden a Andalucía, 61 a Castilla y León, 23 a Madrid, 23 a Murcia, 19 a Catalunya, 16 a Cantabria, 15 a Castilla-La Mancha, 14 a Extremadura, 9 a Aragón, 7 al País Valenciá, 5 a Galicia, 3 a Euskadi, 3 a Canarias, 2 a Navarra, 1 a Melilla y 1 a Asturias.