Ante la inmensa catástrofe que está suponiendo el incendio que afecta a Ateca y que hasta la fecha ha obligado a desalojar otras localidades como Moros, Villalengua, Alhama, Bubierca, Castejón y Contamina, Ecologistas en Acción de Aragón expone lo siguiente:

Tiempo atrás un amplio campo montañoso en la zona origen del incendio, llamado Monegrillo (términos de Ateca y Bubierca), fue adquirido para fines recreativos y cinegéticos. La propiedad solicitó autorización para abrir caminos nuevos y construir edificios. Además acometió el desmonte y desnaturalización de una parte importante del suelo para la confección de balsas (es una zona de escaso régimen hídrico).

La empresa ejeana Campos Rey Trabajos Forestales, especializada en la gestión forestal, tanto en repoblamientos como en aprovechamiento de la madera quemada, fue contratada por la empresa holandesa Land Life para repoblar esta propiedad privada, con la intención, según informa, de cobrar derechos de captura de CO2 al plantar los árboles. Esta empresa lleva dos años actuando para el gobierno de Aragón en otras repoblaciones.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, INAGA, autorizó las obras de desnaturalización y de reforestación posterior con la recomendación de extremar las medidas de seguridad, pero sin imponer restricción alguna. Entendemos que una cosa es reforestar y otra intervenir el monte con maquinaria para abrir caminos que faciliten la caza. Lo segundo nada tiene que ver con la reforestación.

El INAGA prohíbe tajantemente la quema de rastrojos casi todo el año por el riesgo de incendio. La acumulación de rastrojo hace que los campos y ribazos ardan con terrible facilidad y comunican unos campos con otros. En esta zona el riesgo de incendio aumentó tras el abandono de campos de regadío por el bajo precio de la fruta. Pero no se puede entender que se prohíba una medida tradicional de riesgo la quema del rastrojo y se permita otra no indispensable y de similar riesgo, como son las actividades en pleno mes de julio de la empresa Campos Rey Trabajos Forestales. Dicha autorización abre la sospecha de un posible trato de favor a la empresa.

Cualquier agricultor, ecólogo o profesional del arbolado sabe que no se puede plantar en verano debido a la escasa garantía de éxito y a la enorme exigencia de agua. Nos plantea serias dudas sobre el verdadero objetivo de estas obras y plantaciones. ¿Quitar unas plantas para poner otras reduce el CO2? ¿De dónde iban a sacar el agua para regar las plantas jóvenes?

Estas obras de desmonte y reforestación ya habían provocado otro incendio hace un mes que calcinó 20 Ha y ni estas empresas ni el gobierno de Aragón procedieron a paralizarlas hasta el otoño/invierno, periodo mucho más propicio para reforestar.

El INAGA, dependiente del Gobierno de Aragón, ha permitido que esta tragedia se produzca sin haber aplicado la debida supervisión de estas actividades en un periodo de extraordinario riesgo de incendio.

El abandono del pastoreo y de los caminos de trashumancia que recorrían esta zona ha generado que los montes se llenen de maleza de temporada. La ausencia de un plan de tratamiento previo de estos montes para evitar incendios ha terminado de confeccionar este cóctel incendiario.

Por tanto, Ecologistas en Acción solicita:

  1. Que las dos empresas afectadas por este desastre, dejen de operar en territorio aragonés y menos con la misma administración, comprobada su escasa profesionalidad y seriedad y en previsión de futuros desastres.
  2. La dimisión del director del INAGA, Jesús Lobera Mariel, por autorizar este desatino y no realizar un seguimiento riguroso ante semejante riesgo autorizado.
  3. Que se mejoren las capacidades humanas y materiales de bomberos y brigadas contra incendios, ya que el calentamiento global va a traer más fenómenos parecidos a este. Entendemos que el incendio fue detectado con celeridad, pero no pudo acometerse con eficacia por insuficiencia de medios y por condiciones climatológicas extremas.
  4. Denunciamos las denominadas prácticas de cosmética verde con las que algunas empresas plantan árboles para poder seguir contaminando, gracias a los derechos adquiridos de emisión de CO2 .

Es necesario poner en valor el trabajo del personal contra incendios forestales, que se juegan la vida en condiciones precarias material y laboralmente, ya que su contrato acaba a finales de verano en vez de dedicarlos a labores de prevención el resto del año. Ahorrar unos euros en sueldos nos está suponiendo un coste enorme, como vemos cada verano.

El gobierno de España debe declarar zona catastrófica para recuperar urgentemente la actividad frutícola, base de la economía local en una zona de fuerte retroceso poblacional. Y el gobierno de Aragón debe abrir la vía judicial para que la empresa resarza a todos los afectados de la zona por la pérdida de sus pertenencias. Por fortuna no ha habido que lamentar muertes. Deben establecerse claramente las responsabilidades económicas de esta catástrofe y cómo van a resarcirse a todas las familias afectadas, pero también el daño irreparable al patrimonio material y natural de los pueblos afectados.