- Ecologistas en Acción de Andalucía denuncia que una gran mayoría de los 785 municipios en Andalucía no están llevando a cabo sus compromisos legales en tres materias: cambio climático, gestión de residuos y reducción de la contaminación atmosférica.
La Ley andaluza 5/2018 de Medidas frente al Cambio Climático ordena a los municipios la elaboración y aprobación de planes municipales de actuación y el Plan Andaluz de Acción por el Clima daba de plazo para su realización el mes de octubre de 2022. Transcurrida esta fecha, el resultado no puede ser más desalentador: muy pocos ayuntamientos andaluces tienen sus documentos concluidos, algunos ni siquiera los han iniciado. Entre las grandes capitales, solo Cádiz, Málaga y Sevilla tienen avanzado el procedimiento de forma significativa.
De esta forma, ninguno de los tres compromisos básicos para enfrentarse al cambio climático, mitigación, adaptación y participación, serán asumidos por los ayuntamientos. Se está cumpliendo lo que denuncia Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas: “algunos gobiernos y líderes empresariales están diciendo una cosa, pero haciendo otra; en otras palabras, están mintiendo”.
Los compromisos de partida de la ley andaluza ya eran tímidos, pero la respuesta de los municipios es todavía más débil, tardía e insuficiente. La mitigación estipula una reducción del 55% de las emisiones hasta el año 2030 para no superar los 1,5 º C de temperatura; pero los objetivos de la ley se reducen a un mero 23 % (con promesas de subirlo a un 41 %), tomando como referencia base el año 2005 en lugar de 1990, como establece el Acuerdo de París. La adaptación, por su parte, busca frenar los efectos de la isla de calor, ante el creciente aumento de las temperaturas, sin que los municipios adopten medidas de urgencia. Y la participación social está siendo inexistente, salvo contadas excepciones en Cádiz con consultas en la Diputación Provincial o en municipios como Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Chiclana o Tarifa.
Todo lo contrario del magnífico ejemplo participativo de la Asamblea Ciudadana para el Clima, con 100 ciudadanos españoles seleccionados por sorteo, que han expuesto 61 objetivos y 186 propuestas concretas para enfrentarse a la emergencia climática.
En cuanto a la gestión de residuos, la nueva Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a las entidades locales de más de 5.000 habitantes a la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (biorresiduos) a partir del 1 de julio de este año, bien mediante el sistema puerta a puerta o por el quinto contenedor con control de usuario.
Pues bien, a excepción de los municipios de la Sierra de Cádiz, comprometidos en el proyecto de Economía Circular, donde ya están obteniendo un compost de excelente calidad, el incumplimiento de esta obligación legal es generalizado en toda la comunidad andaluza. Y en las pocas ciudades que están implantando el 5º contendor, los resultados son precarios, al no ir acompañado de potentes programas de sensibilización ciudadana. La ley de economía circular andaluza quedó sin aprobar con el cierre de la legislatura anterior y ni siquiera recogía esta obligación legal de la Ley estatal.
El resultado de esta inacción va a ser una sucesión de sanciones (multas coercitivas) de la Unión Europea, al no alcanzar el 50 % de recuperación de los residuos que exige Bruselas desde 2020. De no aplicar con rigor estas obligaciones legales, tampoco se alcanzará en 2025 la preparación para la reutilización y el reciclado del 55% en peso, ni del 60 % en 2030, como nos exige la Ley.
Un último incumplimiento que denuncia Ecologistas en Acción, aunque en este caso todavía disponemos de dos meses, es la exigencia de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para la mejora de la calidad del aire y la salud de la ciudadanía en ciudades de más de 50.000 habitantes, antes de 2022. Se entiende por zona de baja emisión el ámbito en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El retraso en la elaboración de estas ZBE no asegura que se cumplan los objetivos de la Ley:
- Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos con vistas a alcanzar las recomendaciones de la OMS.
- Contribuir a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
- El cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles.
- El impulso de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte.
Es deber de los poderes locales cumplir y hacer cumplir la ley. La negligencia y la inacción de las administraciones se paga caro en términos, no solo económicos, sino en salud y vidas humanas.
