Solo una quincena de áreas urbanas cuenta con estos instrumentos para proteger la salud pública, y ninguno está adaptado al Protocolo Marco estatal aprobado en 2021.

Los episodios de contaminación del aire son responsables en España de más de 10.000 muertes prematuras, cada año, según han puesto de manifiesto los trabajos más recientes del Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad. La contaminación tiene un impacto en salud a corto plazo muy relevante, que sextuplica la mortalidad de los accidentes de tráfico.

No obstante, hasta la fecha solo una quincena de áreas urbanas se ha dotado de protocolos de actuación frente a episodios de mala calidad del aire, pese a que en 2007 la ley estatal de calidad del aire y protección de la atmósfera obligó a su adopción en todas las aglomeraciones y municipios con población superior a 100.000 habitantes (sesenta y cuatro en la actualidad).

Se trata de las ciudades asturianas de Avilés, Gijón y Oviedo (mediante un protocolo autonómico) y de los ayuntamientos de A Coruña, Barcelona, Gijón, León, Madrid, Murcia, Sevilla, València, Valladolid y Zaragoza, además de las principales localidades de las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid, aplicando protocolos autonómicos.

Ciudades tan relevantes como Alicante, Bilbao, Cartagena, Córdoba, Elche, Granada, Málaga, Palma, Las Palmas, Pamplona, Santa Cruz, Vigo o Vitoria carecen de protocolos frente a episodios de contaminación, pese a que Gobierno y comunidades autónomas aprobaron en julio de 2021 el Plan Marco de Acción a corto plazo para episodios de contaminación del aire.

Los pocos protocolos frente a episodios de mala calidad del aire vigentes hasta la fecha son muy dispares, tanto en los contaminantes considerados (en general partículas y/o dióxido de nitrógeno) como en los umbrales para la aplicación de las distintas medidas y en el alcance de las mismas, que deberían incorporar restricciones inmediatas y amplias de la circulación de automóviles o de las fuentes puntuales responsables de los episodios, en cada caso.

En este contexto, la publicación el pasado martes de un Real Decreto que reitera la obligación de estos instrumentos en todas las comunidades autónomas y en los ayuntamientos mayores de 100.000 habitantes donde exista el riesgo de sufrir episodios de mala calidad del aire, es una iniciativa positiva, si bien no establece un plazo máximo de aprobación, salvo para la adaptación de los protocolos vigentes o en elaboración al Plan Marco de Acción estatal, que deberían abordar las administraciones responsables de los mismos en este mes de enero.

Dicho Real Decreto, que modifica el reglamento de mejora de la calidad del aire, establece umbrales mínimos de activación, información y alerta para los principales contaminantes atmosféricos, entre los cuales aparecen por primera vez umbrales de alerta para los contaminantes más peligrosos, las partículas. No obstante, dichos umbrales son superiores a los fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que son insuficientes.

Dado que la mayor parte de la contaminación en las áreas urbanas procede del tráfico, y mayoritariamente de los coches, en opinión de Ecologistas en Acción buena parte de las medidas para reducir las puntas de contaminación deben ir encaminadas a limitar la utilización del automóvil con antelación suficiente, mediante acciones que a la vez que reducen la velocidad y el uso del coche, canalicen la necesidad de movilidad hacia el transporte público y los modos de transporte no motorizados, como la bicicleta y el peatón.

La supuesta impopularidad de las medidas de restricción del tráfico demora o impide en ocasiones la ejecución de estas medidas y otras como las zonas de bajas emisiones obligadas antes de 2023, por las incomodidades o las protestas de ciertos agentes urbanos, amplificadas políticamente en vísperas de convocatorias electorales como las del próximo mes de mayo, cuando lo cierto es que son mayoritariamente entendidas y compartidas por la población al fundamentarse en la salud pública.

Esta realidad ha quedado acreditada por la respuesta ciudadana ante la crisis de la COVID–19, asumiendo con naturalidad limitaciones de la circulación mucho más drásticas que las que se requieren en los episodios de contaminación atmosférica, que en general solo afectan a un medio concreto como es el automóvil privado. La información a la población sobre la gravedad del problema es otro requisito imprescindible para que los protocolos frente a los episodios de contaminación del aire sean eficaces.

Un episodio de mala calidad del aire es una situación en la que las condiciones meteorológicas son desfavorables para la ventilación, lo que hace que la concentración de contaminantes atmosféricos se eleve por encima de los estándares sanitarios o legales. En España, los episodios de contaminación se relacionan con situaciones de tiempo anticiclónico estable, seco y sin viento, siendo las inversiones térmicas invernales y las olas de calor estivales los fenómenos meteorológicos más propicios para que se eleven los contaminantes.