• La gira Repsol Hazte Cargo arranca hoy, 14 de febrero, y hasta el 3 de marzo recorrerá seis ciudades del Estado español, entre ellas Barcelona, Valencia, Bilbao y Madrid.
  • Pescadores afectados por la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Perú se reunirán con representantes políticos y de la sociedad civil para exigir transparencia, justicia y reparación por parte de la multinacional española.
  • Asimismo exigirán la recuperación ambiental y socioeconómica de la zona. Los daños provocados por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Dos pescadores afectados por el vertido de Repsol en Ventanilla (Perú) hace un año recorrerán, del 14 de febrero al 3 de marzo, seis ciudades del Estado español en el marco de una gira organizada por la Asociación Entrepueblos y CooperAcción (asociación civil peruana dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos y ambientales), con la colaboración de Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Zenón Gallegos y Luis Antonio Díaz, pescadores artesanales y dirigentes de las asociaciones de pescadores de Chancay y Aucallama, junto al sociólogo peruano Alejandro Chirinos, director de CooperAcción, se reunirán en Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Bilbao y A Coruña con representantes políticos y de la sociedad civil. Su objetivo: reivindicar justicia y reparación para las personas afectadas por el derrame de Repsol y sus familias -unas 51.000 personas según datos de CooperAcción Perú-, así como la restitución de los ecosistemas dañados en las 11.060 hectáreas afectadas por el vertido.

El vertido de más de 10.000 barriles de petróleo en las costas peruanas ha causado un gran impacto socioeconómico en la pesca, el comercio y el turismo, las principales ocupaciones de la zona. Además, se han visto afectadas 900 especies animales, algunas en peligro de extinción como la nutria marina o el pingüino de Humboldt, 48 playas y dos áreas naturales protegidas.

Repsol tiene abiertos 13 procesos administrativos

Inicialmente la empresa comunicó a las autoridades que solo se habían vertido siete galones (0.16 barriles de petróleo) y que el área afectada era de apenas 2,5 metros cuadrados. RELAPSA, empresa subsidiaria de Repsol, comunicó inicialmente a las autoridades que solo se habían vertido siete galones (0.16 barriles de petróleo) y que el área afectada era de apenas 2,5 metros cuadrados. Igualmente indicó que el desastre fue causado por el oleaje anómalo debido a la erupción de un volcán en Tonga, tesis que fue desmentida por informes técnicos y datos meteorológicos.

Durante las semanas previas a cumplirse un año del derrame, la empresa publicó una serie de comunicados señalando que prácticamente todos los problemas generados por el derrame habían sido solucionados. Sin embargo, las autoridades peruanas siguen reportando 71 áreas afectadas.

En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas. De ellos, cuatro se deben al incumplimiento de medidas administrativas, uno a incluir información falsa en el informe de emergencia, otro a no remitir información solicitada por el organismo, y otro más a no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

Repsol intentó que las asociaciones de pescadores afectados no pudieran personarse como parte en las demandas. Además, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas, está llevando a cabo una estrategia basada en pagar cantidades irrisorias en concepto de anticipo a quienes renuncien a interponer demandas.

Reparar los daños y exigir responsabilidades

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas con el apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad.

La propia refinería de Ventanilla, responsable de este vertido, se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Además, fue Felipe VI quien presidió su inauguración en noviembre de 2018.

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.

Las organizaciones que impulsan esta gira señalan que, en el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética actual, cada vez más gente reclama que se reconozca el ecocidio como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.

Es por ello que Ecologistas en Acción, en el marco de la Alianza por la Justicia Global, demanda el establecimiento de normas nacionales e internacionales vinculantes en materia de derechos humanos y empresas que definan obligaciones específicas para las empresas transnacionales a lo largo de sus cadenas de valor a nivel global y que garanticen el acceso efectivo a la justicia y la reparación a las comunidades afectadas por sus impactos.

“Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad”, concluyen dichas organizaciones.

Los tres invitados peruanos en esta gira estarán disponibles entre el 14 de febrero y el 3 de marzo para ofrecer declaraciones y entrevistas a medios de comunicación.

Un año del mayor vertido del petróleo en el mar de Perú

Dosier de prensa

0. Contexto

El 15 de enero de 2022 se produjo en el mar Perú un primer derrame de petróleo en el Terminal Multiboyas 2 de la Refinería La Pampilla S.A.A., por parte de la empresa Relapasaa, subsidiaria del Grupo Repsol, multinacional española que opera en Perú desde 1995.

10.397 barriles de petróleo fueron vertidos en las playas de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, afectando a un área marítima y terrestre de 18.000 m2. Nueve días después, el 24 de enero, se produjo otro derrame de hidrocarburos en el Terminal Multiboyas 2, aunque de menores proporciones.

Desde el inicio de la crisis, Repsol ha querido desligarse de toda responsabilidad sobre el derrame, que no fue controlado inmediatamente. Acusó a la Marina de Guerra de no advertir del oleaje anómalo, y trasladó la culpa al buque que transportaba el crudo de petróleo, un buque que estaba a su servicio.

Las consecuencias del vertido son medioambientales, pero también sociales y económicas puesto que afectan directamente a trabajadoras y trabajadores del mar y el turismo. Desde el inicio del derrame, y en estos últimos meses, la empresa viene gestionando de manera discrecional las acciones de compensación y reparación con los sectores afectados de Ventanilla y zonas aledañas, ofreciendo indemnizaciones sin sustento técnico ni considerando todas las implicancias económicas y sociales del ecocidio que ha producido.

Según la noticia publicada en La República, el 14 de enero de 2023, con motivo del primer aniversario del ecocidio, Repsol habría ganado una apelación ante el Tribunal de Fiscalización del OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en Perú), habiéndose librado de momento de una multa de 5 millones de soles (1.216.898 euros) que le había sido impuesta en julio de 2022. Actualmente, la compañía se enfrenta a seis procedimientos administrativos sancionadores iniciados por OEFA.

1. El derrame en datos
  • El impacto ambiental generado abarca aproximadamente 11.600 hectáreas, comprendiendo 48 playas y 2 áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón.
  • Según la Defensoría del Pueblo de Perú, murieron cerca de 900 especies animales. Entre ellas, especies vulnerables o en peligro de extinción, como el lobo marino chusco y el zarcillo, el pingüino de Humboldt y la nutria marina.
  • Respecto a las consecuencias socioeconómicas, en la zona hay 10.300 personas afectadas empadronadas y, teniendo en cuenta a sus familias, la cifra podría ascender a 51.500 personas afectadas, así como sus actividades principales de trabajo y vida.

Más información y datos: Informe CooperAcción A un año del derrame.

2. Demandas de la población

Ante el ecocidio producido, y la omisión de sus responsabilidades de parte de la empresa, las organizaciones de afectadas de la zona demandan:

  • Justicia y reparación justa para las personas afectadas por el derrame y sus familias (que la empresa y el gobierno asuman sus responsabilidades).
  • Remediación ambiental (restitución de los ecosistemas dañados).
3. Programa de la gira

Barcelona

  • 14 de febrero: Reunión Comissió Exteriors Parlament de Cataluña (9.30) y Actividad pública con las personas afectadas (19.30, Convento de Sant Agustí).
  • 15 de febrero: Actividad con los estudiantes en la Universitat de Barcelona (Rectorado) con End Fòssil Barcelona.

Organizan: Entrepobles y LaFede.

Valencia

  • 17 de febrero: Encuentro con gremio de pescadores/as de El Palmar (mañana) y Encuentro en universidad de Valencia (IDH) con alumnado y profesorado de derecho internacional (15.30)
  • 18 de febrero: Conversatorio con colectivos de la ciudad (11.30).

Organiza: Entrepobles.

Alicante

  • 20 de febrero: Conversación con colectivos ecologistas y de derechos humanos de la ciudad.

Madrid

  • 21 de febrero: Comida de bienvenida con Ecologistas en Acción, Greenpeace, FFF, XR, Futuro Vegetal, OMAL, Colectivo de Peruanas/os de Madrid, Colectivo Kunturkank. Reunión con abogados ambientalistas.
  • 22 de febrero: Acto Público Contra la impunidad y el colonialismo de las multinacionales españolas: A un año del derrame de Repsol en Perú en un contexto de represión y las resistencias comunitarias contra los megaproyectos en México.

Hora y lugar: en el Ateneo Maliciosa (C/Peñuelas, 12), a las 19:00.

  • 23 de febrero: Concentración y acción artística, a las 17:30, frente a la sede de Repsol (C/Méndez Álvaro, 44).
  • 24 y 25 de febrero: Reuniones con políticos y políticas de grupos parlamentarios y ministerios.

Organizan: Ecologistas en Acción, Greenpeace, FFF, XR, Futuro Vegetal, OMAL, Colectivo de Peruanas/os de Madrid, Colectivo Kunturkanki, Justicia Global.

Bilbao

  • 27 de febrero: Reunión con la Agencia Vasca de Cooperación (8.30). Charla y Presentación del documental “Cuerdas”. Muskiz. (19 horas).

Organizan Entrepueblos/Herriarte, Coordinadora anticoke (Meatzaldea bizirik) y Elkartasun Taldea.

A Coruña

  • 1 y 2 de marzo. Actividades todavía sin concretar.

Organiza Enxeñería Sen Fronteiras.

4. Perfil de los asistentes a la gira

Zenón Gallegos Ferrel es experto pescador artesanal con más de 38 años en la actividad. Es presidente de la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay. 

El Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay es una asociación que agrupa a 174 pescadores que se dedican a la actividad extractiva de la pesca artesanal. Entre sus socios hay pescadores embarcados, que emplean pequeñas embarcaciones con aparejos de pesca de redes de cortina; y pescadores no embarcados, que se dedican a la “pinta” en las playas La Punta, playa Cascajo, Boca de Río, playa Palmeras, Primer Alto de Aucallama, playa Tomicalla, playa Cortijo, playa Cabeza Chica, playa Cabeza Grande, playa Ensenada, y otras. Han sido afectados por el derrame de hidrocarburos en todo un ecosistema que es considerado área de reproducción y desove de los recursos pesqueros.

Luis Antonio Díaz Barroso, de 24 años, es pescador artesanal experto desde hace 10 años. Su especialidad es la «pinta».  Es presidente de la Asociación de pescadores artesanales del distrito de Aucallama (Apada), conformada por 123 pescadores. Trabaja en todas las zonas de ribera de Aucallama y alrededores. Sus artes de pesca son: la pinta, el espinel, ramfling, la recolección y extracción de mariscos, moluscos, crustáceos, y también las redes en modo cortina. 

Apada ha sido una de las organizaciones de pescadores afectadas por el derrame de crudo de Repsol en la costa peruana de Ventanilla. Actualmente, la zona de Aucallama – Pasamayo es el espacio donde se ha acumulado el daño ambiental por el crudo derramado. Repsol no ha entrado a limpiar ni a descontaminar esta zona de alta biodiversidad, señalando que es muy riesgosa.  

Alejandro Chirinos es sociólogo y experto en la dinámica marino-costera. Especializado en políticas públicas, gestión azul y conservación marina. Es actualmente director ejecutivo de la ONG peruana CooperAcción, cuyo trabajo intensivo se desarrolla en la costa central peruana, donde ocurrió el derrame de crudo en enero de 2022. Trabaja junto a pescadores y pescadoras artesanales y defensores marino costeros, procesos participativos de incidencia política, gobernanza azul, gestión sostenible de ecosistemas y alternativas económicas con enfoque de buen vivir marino costero.