La Ley estatal de Cambio Climático establece que todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes deben establecer “zonas de bajas emisiones” antes de 2023, con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo una movilidad basada en el transporte colectivo y los medios activos peatonales y ciclistas.
No obstante, la zona de bajas emisiones propuesta por el Ayuntamiento de Valladolid resulta insuficiente para alcanzar estos objetivos, porque los demora a 2030, los acota a una parte pequeña de la ciudad y permite el acceso a la misma de la mayor parte de los vehículos que entran en la actualidad, mediante un sistema de exenciones y accesos temporales abusivo.
Según el análisis realizado por las organizaciones alegantes, la zona de bajas emisiones propuesta sólo reduciría el actual tráfico motorizado y la contaminación en la ciudad en un 1% en 2024, un 3% en 2025 y un 4% en 2030, según el calendario de aplicación previsto. Los beneficios sanitarios y ambientales del menor tráfico sólo llegarían además al centro urbano.
Por ello, las organizaciones sociales han realizado diez sugerencias para mejorar la eficacia de la zona de bajas emisiones, empezando por la ampliación de su ámbito inicial hasta la Avenida de Salamanca y por su extensión en una segunda fase a los barrios, incorporando la estrategia “Puertas de la Ciudad” de reducción del tráfico de entrada en la ciudad mediante intercambiadores de transporte, contenida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana.
Dado que la única forma de reducir la contaminación y mejorar la salud y el medio ambiente urbanos es reducir el número de coches que circulan por la ciudad, los alegantes proponen adelantar el calendario de aplicación de la zona de bajas emisiones, restringiendo el acceso a su ámbito inicial de los vehículos con etiquetas A y B desde 2024 y C y ECO desde 2025. Medida extendida al interior de la ronda de circunvalación VA-20 en el año 2028.
Para que las restricciones permitan reducir de forma significativa el número de vehículos en circulación, es esencial que se suprima el acceso libre propuesto a las 2.800 plazas de rotación de los doce aparcamientos comerciales públicos ubicados en el interior de la zona de bajas emisiones, promoviendo su conversión en plazas de aparcamiento para residentes.
Las organizaciones sociales consideran en general razonables las demás exenciones y accesos temporales propuestas por el Ayuntamiento, incluyendo el acceso de residentes, transporte público, personas con movilidad reducida, servicios esenciales, carga y descarga, vehículos de empresas, alojamientos turísticos y centros sanitarios. Si bien resulta necesario cuantificarlos, en particular los accesos de vehículos con plaza de garaje particular en propiedad o alquiler.
Asimismo, se propone acompañar la implantación de la zona de bajas emisiones de un programa de mejora del transporte público que amplíe frecuencias y optimice recorridos, con la adecuada conexión con los aparcamientos disuasorios y las localidades del área urbana. Al tiempo que se prioriza y potencia la movilidad activa peatonal y ciclista, y se presta atención especial al desarrollo de formas de movilidad sostenibles en el acceso a los centros de trabajo.
Finalmente, con arreglo a la normativa proponen delimitar zonas de especial sensibilidad en torno a los equipamientos escolares, sanitarios, hospitalarios y asistenciales. El diseño de estas zonas de especial sensibilidad debería incluir requisitos y medidas de reducción de emisiones más exigentes que los que se establezcan en la zona principal, como vigilancia estricta, supresión de aparcamientos y restricciones a las horas de entrada y salida.
La incorporación de estas sugerencias a la Ordenanza por la que se crea una zona de bajas emisiones en el municipio de Valladolid permitirá mejorar sustancialmente la eficacia de esta medida, materializando su aplicación en la próxima legislatura y extendiendo sus beneficios ambientales y sanitarios a los barrios, para lograr un Valladolid más saludable y accesible.
Se trata de medidas que se vienen implantando con éxito en centenares de ciudades europeas desde hace medio siglo, incluyendo en España Pontevedra o Vitoria, y que podrían situar a Valladolid en la vanguardia de las urbes con mejor calidad del aire y mayor nivel de vida.
La contaminación atmosférica ocasiona en Valladolid más de doscientas muertes, cada año, según el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el Instituto de Salud Global de Barcelona. Los contaminantes responsables de este grave problema sanitario son el dióxido de nitrógeno y las partículas, en invierno, y en verano el ozono, emitidos directa o indirectamente por el tráfico motorizado, principal responsable de la calidad del aire que respiramos en la ciudad.
