• La Comisión por el cierre del vertedero YA presenta hechos demostrados que muestran que la empresa que opera el vertedero industrial de Nerva informa de forma inexacta y desvirtuada a la opinión pública.

La Comisión por el cierre del vertedero YA informa a la sociedad y al tejido industrial de la inexactitud en la información vertida por DSM ayer en los medios de comunicación.

Esperábamos poder congratularnos de que la empresa DSM, por fin se dirija a la sociedad mediante nota de prensa a los medios publicada ayer, para “informar sobre la gestión” que hace del vertedero de residuos tóxicos ubicado en Nerva a 700 metros del pueblo. Sin embargo, desde esta Comisión ciudadana, lamentamos que la empresa tire otra vez de argumentos manidos y demostradamente carentes de autenticidad y exactitud.

Para colmo, en su nota de prensa, DSM, advierte de forma tácita que la industria andaluza y sus miles de trabajadores irán a la quiebra y el paro si DSM cierra el vertedero tóxico de Nerva. La finalidad de esta velada amenaza, previsiblemente, sea que la propia sociedad andaluza, la industria y los sindicatos sean quienes actúen en nombre de DSM, exigiendo que se mantenga abierto para siempre, a costa del pueblo de Nerva, los nervenses y los demás pueblos de la Cuenca minera de Huelva.

Por ello, la Comisión por el cierre del vertedero YA entiende que DSM está infravalorando la capacidad del tejido industrial andaluz y sus trabajadores de dar respuesta responsable a los requerimientos de la nueva situación en materia de producción y economía circular; está despreciando a la sociedad andaluza y su capacidad de reaccionar y actuar de forma democrática y justa con los pueblos; y en definitiva, parece que la empresa pretende reescribir su historia ante nuestros ojos.

Carece de fundamento la afirmación de que “cada vez que se acerca un proceso electoral, vuelve a situarse en el centro de la campaña en la localidad de Nerva”. Tanto es así que lo hacemos siempre, no solo en periodos electorales. Repetimos, siempre, procuramos desde esta Comisión por el cierre del vertedero YA, y desde sus entidades integrantes también de forma individual, intentamos llamar la atención de la sociedad y los medios de comunicación sobre los hechos, accidentes, incidentes e injusticia socioambiental que se comete contra este pueblo y la comarca al mantener en funcionamiento esa instalación. Nuestro objetivo único es que los poderes públicos, los centros de toma de decisiones, andaluz, español y europeo, inicien su actividad de cara a acabar con esta lacra impuesta a Nerva, Andalucía y España como “retrete tóxico” de medio mundo.

Es cierto que la empresa ha procedido a “el reciente sellado del vaso I, que es la primera fase del plan de cierre y que se corresponde con el 15% de la superficie que ocupan los depósitos”, un vaso de residuos industriales no peligrosos lleno desde 2005 según la Administración. También es cierto que la autorización de 2008 planteaba que la vida útil una vez se ejecutaran las tres fases del recrecimiento de los vasos de residuos peligrosos que aún no ha iniciado la empresa, sería de otros 28 años y 9 meses. Por lo tanto, cerrar un vaso no peligroso colmatado no es ninguna garantía de “un plan de cierre y clausura progresivo de la instalación”, como asegura DSM estar trabajando con la Administración andaluza. Para finalizar este punto, recordar que DSM solicitó en 2020 autorización para una ampliación de la vida útil de esta instalación mediante un incremento en cuatro tipos de nueva actividad en el mercado de los residuos. Esta solicitud ambiental no ha sido resuelta por la Administración andaluza, según indica, por la complejidad de la misma. A esta Comisión le parece evidente que a la Administración andaluza le resulta difícil denegar esta nueva autorización, si bien jurídicamente, está claro en las incontables alegaciones presentadas desde todos los ámbitos técnicos, científicos y sociales, sería un acto administrativo denegatorio con todas las garantías.

Es incierta la afirmación de DSM de que la “primera fase ya cuenta con la licencia de obras concedida por el mismo Ayuntamiento de Nerva”.

La Junta de Andalucía, en 2008, aprobó con las garantías jurídicas de aquel momento, la Autorización Ambiental Integrada del vertedero de residuos industriales de Nerva. Se incluía en aquel proyecto un recrecimiento en tres fases de la altura de la montaña de residuos. Cada fase, legalmente, requería una licencia municipal de obra mayor. La empresa gestora solicitó la primera de esas licencias en 2008, y la legislación vigente y aplicable entonces permitió al Consistorio denegarla, si bien lo hizo sobrepasando el plazo estimado para ello. La empresa demandó ese mismo año al Ayuntamiento por su resolución denegatoria. La sentencia resultante de este contencioso-administrativo vio la luz en 2014, fallando a favor de la empresa, por silencio administrativo, sin entrar en el fondo de las garantías jurídicas que pudieran haber motivado la denegación de licencia de obras.

La empresa define como arbitrariedad que el Ayuntamiento de Nerva responda motivadamente, en plazo, conforme a la norma vigente, y con garantías jurídicas, a las dos solicitudes de obra mayor que ha solicitado en noviembre para realizar las fases dos y tres, aún sin haberse ejecutado la fase uno del recrecimiento que sí tiene la licencia concedida por sentencia judicial de 2014.

El vertedero está simplemente colmatado: para la industria andaluza, la española, la europea y la mundial.

DSM hace gala de recibir el 70% de los residuos industriales peligrosos y no peligrosos del tejido industrial andaluz, especialmente “las más importantes del sector metalúrgico, el refino y la química industrial”. Pero no hace referencia al resto de clientes, de otras comunidades autónomas, otros países europeos y otros países del resto de mundo, que han estado llenado con sus residuos este vertedero, limitando y reduciendo de forma importante la capacidad del mismo para la industria andaluza, manteniendo un nivel de beneficios a la empresa de millones de euros anuales.

El volumen de negocio internacional en el mercado de residuos de DSM está colmatando la instalación. Italia ha traído más de 100.000 toneladas de residuos peligrosos de un vertedero incontrolado de una fábrica de aluminio en Cerdeña, que están enterradas en Nerva.. Montenegro quería traer 110.000 toneladas tóxicas, solo pudo traer 70.000t gracias al activismo ciudadano, las cuales están enterradas en Nerva. Numerosas empresas “gestoras de residuos industriales” de todo el territorio nacional los “gestionan” trasladando miles de toneladas anuales a Nerva. La cuota tributaria que cobra la Junta de Andalucía con independencia de los precios por autorizaciones, según su web es de 2,15 euros por tonelada de peligrosos enterrada en territorio andaluz. DSM ha cobrado por cada una de esas toneladas que ha enterrado en Nerva entre 100 y 500 euros, según los precios de mercado.

Aparte de las toneladas y el pago por tonelada recibida, no conocemos el volumen real de residuos acumulados en este vertedero tóxico (aunque haya vasos de no peligrosos, toda la finca puede ser declarada contaminada, debido al flujo de polvo, aguas, materiales, etc). Solo un estudio independiente puede demostrar que es imposible asegurar la viabilidad del recrecimiento en la situación actual y su seguridad, pero el Gobierno andaluz parece remiso a contratarlo, asegurando que técnicos y funcionarios de la Administración andaluza, con los informes de la propia empresa, pueden responsabilizarse de realizar tal estudio. Y es lo que actualmente exigimos, sea o no periodo electoral, para que se decrete e inicie el cierre del vertedero ya.

DSM lanza un órdago con una amenaza implícita.

Siendo benevolentes se puede pensar que DSM desconoce la realidad del funcionamiento de la infraestructura que opera y su propia historia. Ya en los años de la imposición del vertedero, la empresa amenazó con el cierre de la mina que sustenta el empleo local, en caso de que no fuera construido. Se construyó y la mina cerró después. Porque, ya lo saben los nervenses y toda la Cuenca minera, que la mina esté abierta depende del precio del cobre en los mercados internacionales, no del vertedero.

Refiere DSM sin pudor alguno, que ha pagado a este pueblo por contaminarlo, perjudicar su vida comunitaria y su salud, y bloquear su futuro desarrollo, sí, calculan ellos, que tendrán sus cuentas, que han silenciado a Nerva con unos 13 millones de euros, durante 25 años. La cuenta sale a unos 520.000 euros anuales (unos 57 euros al día) para el mantenimiento de las grandes infraestructuras creadas como “compensación” al daño, como el Museo Vázquez Díaz y el Teatro Javier Perianes Granero entre otras, además de los gastos de funcionamiento de asociaciones ciudadanas y una Administración local deteriorada por años y años de decadencia que ha traído el vertedero tóxico a Nerva. Cada cual que considere el valor real, moral, ético y compensatorio de estos “pagos” de la empresa gestora del vertedero tóxico.

Todo lo cual nos lleva a una deplorable conclusión, y es que la nota de prensa de DSM sea un intento de maniobra publicitaria de cara a la sociedad para lavar su imagen, y de cara los sectores industrial y sindical para buscar su apoyo a la desesperada, debido posiblemente a que no hay garantías jurídicas para el mantenimiento de su lucrativo negocio de los residuos, ni garantía de seguridad física de la instalación.

Esta plataforma ciudadana se teme que DSM utilice la misma estrategia que utiliza con la sociedad, de informar desinformando, al dirigirse a la Administración pública, al Gobierno andaluz, a los sindicatos y a las propias empresas e industrias que son sus clientes. Esto explicaría tanto su afirmación de que su actividad está inspeccionada y auditada y “está avalada por las autorizaciones concedidas por las distintas administraciones”, como que toda la ciudadanía de Montenegro crea que la tierra contaminada de su astillero de Bijela ha sido tratada adecuadamente y con garantías en Nerva, o, más recientemente, que en Islas Baleares piensen que la mezcla de residuos tóxicos bisuteros y los lodos de depuradora se tratarán en “una planta de tratamiento especializada en materiales peligrosos ubicada en Nerva, Huelva”.

Declaración de la Comisión por el cierre del vertedero YA.

Por todo lo expuesto, la Comisión por el cierre del vertedero YA, y todos sus integrantes, tanto personas a título individual como las siguientes entidades en representación de la ciudadanía: el Ayuntamiento de Nerva, los grupos políticos locales PSOE e Izquierda Unida, las asociaciones ciudadanas Salud y Dignidad de Nerva y de Riotinto, las plataformas Antivertederos Nerva y Zalamea la Real, y Ecologistas en Acción, declaramos, en relación a la desafortunada y capciosa nota de prensa, remitida en el día de ayer desde DSM a los medios de comunicación:

UNO. Que el cierre del vertedero de residuos industriales de Nerva es continuo objeto de reclamación, por parte de todas las formaciones políticas de la localidad, así como de la totalidad de colectivos sociales de nuestra comarca, que se pronuncian de forma continuada en contra de la instalación desde el inicio de su proyecto. No nos encontramos por tanto ante un tema recurrente a utilizar electoralmente en la localidad, sino ante una cuestión que afecta directamente a la salud y a la dignidad de todos los nervenses. Baste destacar, que la dimisión de sus cargos, ejecutadas por los cuatro ediles del Partido Popular, ha sido respetada desde todos los ámbitos locales, y alabada desde esta comisión, como el ejemplo de coherencia y responsabilidad social que implica.

DOS. Que resulta humillante para esta población y toda su comarca que, después de más de 25 años soportando esta infamia que ha hipotecado nuestro presente y amenaza con destruir nuestro futuro, desde DSM, la empresa que se está lucrando copiosamente a costa de nuestro bienestar, se tenga el cinismo y la desfachatez de amenazar al pueblo de Nerva, encarnado en su consistorio, y se intente involucrar para ello al tejido industrial andaluz y sus trabajadores. Queremos comunicar que no se debe enfrentar a los pueblos y las personas trabajadores con argumentos irreales: el vertedero se ha “llenado” de residuos de fuera de Andalucía y extranjeros, y se encuentra en un punto de colmatación que planteas riesgos de colapso. En este sentido, han de saber, que las negativas a la licencia de obras para el recrecimiento no responden a arbitrariedad alguna, sino que responden únicamente a la normativa vigente aplicable, y haberlo hecho público, a las ansias de un pueblo unido que legítimamente aspira a librarse de la lacra que supone tener millones de toneladas de los residuos más peligrosos del mundo a las puertas de nuestras casas y al perseguido anhelo de que las generaciones de nuestros hijos, nietos y bisnietos puedan vivir en nuestro pueblo sin que penda sobre sus cabezas, la continua amenaza que esta instalación supone.

TRES. Que instamos al Gobierno andaluz a que solicite al Gobierno central que se modifique la Ley de vertederos aprobada en 2020 para evitar la construcción o funcionamiento de este tipo de instalaciones sin límites de crecimiento, admisión y temporalidad. Y que la Junta de Andalucía actúe en el ámbito de sus competencias y con garantías jurídicas por su coherencia con el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, adopte la decisión sobradamente motivada de decretar el cierre de la instalación y su inicio inmediato, puesto que actualmente el vertedero se encuentra al límite de un colapso cuyas consecuencias serían difícilmente reversibles, entre otras razones, por haber sido utilizado para fines diferentes a los que respondió su aprobación en 1996 y su puesta en marcha el 30 de julio de 1998.