• La Plataforma Contra la Ampliación de Barajas, de la que forma parte Ecologistas en Acción Madrid, se solidariza con la manifestación convocada este sábado en Barcelona y hace un llamamiento a la movilización contra los megaproyectos de infraestructuras e inmobiliarios acordados por el PSC y ERC.
  • Las intervenciones planteadas, entre las que se encuentra la ampliación del aeropuerto de El Prat, tendrían importantes impactos negativos sobre la biodiversidad y la salud de las personas, y son inviables en el escenario de crisis energética y climática en el que nos encontramos.
  • Las organizaciones integrantes de la plataforma reclaman que las inversiones previstas para los megaproyectos sean destinadas a financiar servicios públicos como educación y sanidad, así como a infraestructuras de calidad que prioricen aquellos modos de transporte más utilizados por el conjunto de la población y más sostenibles, como el tren.

Liderado por los colectivos Campanya Contra el 4t Cinturó, Zeroport y Aturem Hard Rock, el movimiento social y ecologista de Catalunya se echará a las calles de Barcelona este sábado 4 de marzo para mostrar su oposición a los megaproyectos urbanísticos y de infraestructuras que acordaron el Govern (ERC) y el PSC hace unas semanas como condición para el apoyo de los segundos a los presupuestos generales de la Generalitat de 2023. Concretamente, el pacto entre los grupos liderados por Pere Aragonès y Salvador Illa contempla, entre otras actuaciones, la ampliación del aeropuerto de El Prat, la prolongación de la B-40 (el conocido como cuarto cinturón), la construcción del megacasino del Hard Rock en Tarragona y la ciudad del motor en el Circuit de Catalunya.

En este contexto de movilizaciones, la Plataforma Contra la Ampliación de Barajas se solidariza con las entidades convocantes y se adhiere a una movilización necesaria para “defender el territorio y construir el futuro”, como reza el eslogan de la manifestación. Y es que, pese a que se trata de proyectos de ámbito regional, las más de 30 organizaciones integrantes de la plataforma muestran su más firme apoyo a la movilización catalana.

Según Esther Moraga, portavoz de la red, “ya sea en Catalunya, en el País Valenciano o en la Comunidad de Madrid, la política de inversiones en megaproyectos de infraestructuras tiene un patrón común con unos impactos sociales, económicos y ambientales devastadores para el territorio y las personas que viven en él”.

Para la Plataforma Contra la Ampliación de Barajas, los proyectos acordados por PSC y ERC representan intervenciones altamente impactantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, destrucción de biodiversidad, demanda de recursos materiales y energéticos, así como de contaminación atmosférica y acústica para cientos de miles de personas. En suma, simbolizan un modelo económico obsoleto y fracasado basado en el enriquecimiento de unos pocos actores y el uso abusivo de recursos comunes.

“No queremos más aeropuertos, ni más autopistas ni más megaproyectos de especulación urbanística”, afirma Carlos Vega, miembro de la Plataforma Contra la Ampliación de Barajas. Necesitamos caminar en la dirección opuesta a estas políticas y construir ciudades y pueblos con mejores servicios públicos y sistemas de transporte más sostenibles y resilientes enfocados a garantizar el derecho a la movilidad cotidiana de la mayor parte de la sociedad, no de la minoría que coge el avión”, finaliza Vega.

Concretamente en lo que se refiere a la ampliación de aeropuertos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) persigue desde hace años la expansión de la capacidad de los aeropuertos de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, entre otros. En 2019 el aeropuerto de Barcelona–El Prat generó 8,4 millones de toneladas de CO2, más del doble de todas las emisiones derivadas del consumo de energía de la ciudad. Teniendo en cuenta la ampliación de capacidad prevista —de 55 a 70 millones de pasajeros al año—, las emisiones podrían llegar a aumentar, como mínimo, un 33 % según un informe reciente de la Agencia de Desarrollo Urbano de Barcelona.

Por otro lado, la ampliación de infraestructuras aeroportuarias incide muy negativamente en los ecosistemas y la fauna del entorno. Esto es especialmente preocupante en el caso del aeropuerto de El Prat, ya que la ampliación está prevista en la zona de La Ricarda, un espacio protegido por la Red Natura 2000. La prolongación de la tercera pista pondría, además, en peligro el sistema de acuíferos que garantiza el consumo de agua potable del área metropolitana y el buen estado de los espacios naturales y agrarios del Delta del Llobregat.

Cabe recordar, además, que la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento contra el Estado español por la negligencia en la protección del Delta, y ha pedido explicaciones tanto al Gobierno como a la Generalitat sobre las acciones que están desarrollando para preservar la zona. A día de hoy, AENA todavía no ha cumplido con las acciones de compensación ambiental comprometidas en la anterior ampliación del aeropuerto fijadas en la declaración de impacto ambiental de 1998.

En lo que se refiere a Barajas, quinto aeropuerto más emisor de la UE en 2018, el MITMA contempla la ejecución de diversas intervenciones para que aumentar de la capacidad operativa del aeropuerto de Barajas, tanto en lo que se refiere a transporte de personas (el objetivo es pasar de 70 a 80 millones de pasajeros al año) como a operaciones de carga asociadas a grandes empresas de comercio electrónico. Esto supondría un aumento exponencial de las emisiones de la contaminación atmosférica y del ruido para decenas de miles de personas de la zona del aeropuerto.

De la misma manera, Aena tiene prevista una operación inmobiliaria dirigida a urbanizar y construir 323 hectáreas de terrenos adyacentes al aeropuerto con fines logísticos, de oficinas y servicios. Algo totalmente incompatible con los compromisos europeos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como autonómica.

“Independientemente de su ubicación, todos estos proyectos responden únicamente a los intereses de los grandes capitales y no del conjunto de la ciudadanía y del territorio en el que vivimos”, asegura Pablo Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción. “Representan un modelo que está en el origen del aumento de desigualdades, la expulsión habitacional, la destrucción del comercio de proximidad de los barrios, la precarización y explotación laboral, la contaminación del aire y sonora, el aumento exponencial en las emisiones de CO2 y la pérdida de espacios agrarios y naturales”, concluye Muñoz.