Más de 170 organizaciones de la sociedad civil piden un cambio de rumbo en la política comercial UE-Mercosur

Creemos firmemente que los países del MERCOSUR y de la UE necesitan mejorar y transformar su relación. En los últimos tres años, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las asociaciones de agricultores de ambos lados del Atlántico han luchado juntos con éxito para impedir que se ratifique el acuerdo comercial UE-Mercosur. El acuerdo propuesto serviría principalmente a los intereses corporativos a expensas de los límites planetarios, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los trabajadores y el bienestar de los animales, e impulsaría la desindustrialización y las insostenibles desigualdades sociales. Esto no es algo que algunos instrumentos adicionales al acuerdo  puedan cambiar con unos pocos instrumentos adicionales. Al mismo tiempo, nuestra relación económica actual ya se basa en una relación de poder asimétrica y en unos términos comerciales desiguales, moldeados por una historia de colonialismo con efectos devastadores para las personas, los animales y el planeta.

Por ello, las organizaciones firmantes creemos que hay que poner fin al acuerdo UE-Mercosur y que es hora de cimentar nuestro futuro común en los principios de solidaridad, igualdad, cooperación, sostenibilidad y democracia. Nuestro objetivo no es más comercio y beneficios desenfrenados y sin control para unos pocos, sino una buena vida para todos. El comercio puede ayudarnos en la transición hacia sociedades y métodos de producción sostenibles, pero sólo si lo basamos en nuevos principios. Las negociaciones sobre las relaciones políticas, económicas y comerciales entre nuestras dos regiones deben basarse en estos principios.

Solidaridad

Nuestra futura relación no debe basarse en la explotación, sino en la solidaridad. Por lo tanto, debemos poner en primer plano los derechos humanos y de  los trabajadores; los pueblos indígenas; los pequeños agricultores y las familias campesinas; y el bienestar de los animales, protegiendo siempre la biodiversidad y el clima. Estos derechos deben estar garantizados universalmente, su protección debe tener prioridad sobre cualquier interés comercial o empresarial, y deben ser exigibles en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos, no de la legislación sobre comercio e inversiones. No podemos permitir que las empresas transnacionales sigan beneficiándose de las asimetrías económicas y de la desigualdad de derechos.

Forjar nuestro futuro de forma solidaria también significa reconocer y corregir la relación tremendamente injusta y la historia de colonialismo y de explotación que se deriva de ella. Por lo tanto, debemos buscar activamente la descolonización de nuestras relaciones. Esto empieza por reconocer y asumir la responsabilidad de la deuda histórica social, ecológica, financiera y climática que Europa tiene con los pueblos de los países del Mercosur, pagando esas deudas, incluso a través de la financiación pública por parte de la UE de los proyectos de desarrollo de los pueblos del Mercosur para sociedades justas y sostenibles, y en términos de comercio, concediendo un amplio trato especial y diferenciado horizontal a los países, industrias y productores del Mercosur.

Igualdad

Las políticas comerciales y de inversión han contribuido hasta ahora a aumentar las desigualdades, entre regiones y entre personas, y a reforzar relaciones de poder como el patriarcado, el racismo y el neocolonialismo que benefician a las empresas multinacionales y a los grandes terratenientes. Un futuro acuerdo debe cambiar de rumbo y contribuir a aumentar la igualdad. Esto empieza por reconocer los derechos indígenas y apoyar a las comunidades indígenas y rurales, incluidos los quilombolas afrodescendientes, los pequeños agricultores y familias campesinas,  tanto en Europa como en el Mercosur, las comunidades ribereñas (Ribeirinhos) y de pescadores a pequeña escala, para que mantengan sus tierras y su cultura y eviten el comercio de cualquier producto que pueda amenazarla.

Significa también superar los modelos económicos basados en la apropiación del trabajo reproductivo no remunerado y mal pagado a ambos lados del Atlántico, así como la discriminación de las mujeres en el mercado laboral por parte de las empresas transnacionales, reforzando así las estructuras patriarcales. En cambio, un futuro acuerdo debería fomentar los enfoques públicos y  de bienestar.. Por lo tanto, los servicios públicos y de bienestar prestados por el Estado son un derecho humano sin ánimo de lucro y deben estar arraigados localmente y ser respetados en cualquier acuerdo internacional.

Cooperación

La cooperación, y no la competencia, debe ser el principio en el que basemos nuestras relaciones. Sólo las grandes empresas ganan cuando se enfrentan los trabajadores y los agricultores.

La UE y el Mercosur deberían ser capaces de proteger a las familias campesinas y a los pequeños agricultores contra la competencia desleal, y el Mercosur debería ser capaz de proteger las industrias nacionales que proporcionan puestos de trabajo de alta calidad.

La cooperación significa que no debemos tratar de aumentar el comercio entre nuestras sociedades como un objetivo en sí mismo, sino que debemos mejorar principalmente las transacciones comerciales de los productos que se producen de forma sostenible y que no son fáciles de conseguir de uno o del otro lado del Atlántico.

Cualquier acuerdo futuro debe incluir la transferencia de tecnología y de conocimiento, estando así libre de los derechos de propiedad intelectual controlados por las empresas, para apoyar la necesaria transformación social y tecnológica de nuestras economías aprendiendo los unos de los otros.

Sostenibilidad

Un futuro acuerdo debe contribuir a la transición hacia sociedades y métodos de producción sostenibles, basarse en los principios de la soberanía alimentaria, la agroecología, el cuidado y garantizar la reciprocidad en las normas de alta calidad en todos los ámbitos, una vez que la UE haya tomado medidas de descolonización y se haya promulgado el Trato Especial y Diferenciado.

La sostenibilidad no es algo que se añade al final de un acuerdo en un capítulo separado, sin fuerza de ejecución.  La sostenibilidad debe ser  un eje transversal fundamental. Por lo tanto, debemos aspirar a comerciar sólo con productos que no sean perjudiciales para el planeta, los animales y las personas. Esto significa poner fin al comercio de productos agrícolas procedentes de monocultivos como la soja y la caña de azúcar, al igual que  la ganadería intensiva que alimenta la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la propagación de zoonosis. Debemos comerciar con productos sostenibles, favoreciendo los productos locales cuando sea posible. También significa poner fin a la exportación hacia el Mercosur de productos nocivos y peligrosos, como los plaguicidas que están prohibidos en Europa.. El comercio sostenible también implica reducir las emisiones del transporte. Nuestra relación no puede basarse en la extracción de recursos en la parte baja de la cadena de valores en beneficio de las economías europeas. Los pueblos del Mercosur necesitan el derecho a decir no a las prácticas extractivas perjudiciales y exigir un precio justo por sus recursos. Nuestra relación comercial debe centrarse en métodos de producción sostenibles, y en productos que no están disponibles ni en la UE ni en el Mercosur.

Democracia

Por último, la relación entre los pueblos del Mercosur y la UE no puede decidirse a puerta cerrada. Cualquier acuerdo futuro debe ser negociado sobre la base de los principios mencionados de forma democrática, participativa y transparente. Este proceso debe poner en primer plano a las personas más afectadas. Los pueblos indígenas, los pequeños agricultores y las familias campesinas, las mujeres y los hombres, los trabajadores y la sociedad civil deben liderar dicho proceso, para garantizar que se respeten sus intereses y los límites del planeta. Los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado deben ser respetados, y los pueblos de ambas regiones deben tener el derecho de decir NO a cualquier acuerdo que no sirva a sus legítimos intereses y aspiraciones de sociedades democráticas, sostenibles y justas.

Además, cualquier acuerdo futuro debe salvaguardar el espacio político más amplio posible para que los gobiernos puedan cumplir con sus mandatos de interés público como condición previa para la democracia, y no deben promulgarse cláusulas de comercio e inversión en un acuerdo que puedan amenazar ese espacio político. Nuestro futuro común depende de unas democracias más sólidas y del poder de los ciudadanos, no de unos intereses creados y un poder empresarial más fuerte y arraigado.

Organizaciones firmantes