Las macrogranjas también recalan en nuestra provincia. La Junta de Castilla-La Mancha ha puesto una alfombra roja a grandes inversores para producir carne de porcino industrial, con subvenciones y muchas facilidades, como las ayudas a la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería.

El proyecto, registrado a nombre de Agroganadera Las Motillas S.L, tiene previsto su ubicación en el Polígono 96 de Alcázar de San Juan. Responde a un patrón de integración ganadera que la interprofesional del sector (Interporc) incentiva para optimizar grandes producciones de baja calidad, en la que las empresas controlan casi todo el ciclo, a excepción de la compleja gestión de los purines, que corre a cuenta del ganadero. De orientación fuertemente exportadora hacia los mercados asiáticos, depende de las fluctuaciones de precio, alejando la posibilidad de que los ganaderos tengan poder de decisión.

De todos es sabido que los acuíferos de La Mancha fueron declaradas sobreexplotados y vulnerables por contaminación de nitratos procedentes de la agricultura y la ganadería. Por ello, es un gran error que desde el Gobierno regional se promocione la implantación de la cría industrial de la cabaña porcina, sin tener en cuenta el bienestar animal ni los perjuicios que más pronto que tarde trae consigo por contaminación de la tierra, o las aguas superficiales y subterráneas, a consecuencia de escorrentías y filtraciones de purines, y su carga de nitratos, hormonas esteroides y antibióticos. La emisión de malos olores y de gases de efecto invernadero, como el metano, el amoníaco y el óxido nitroso, conforma factores de riesgo inasumibles. Por todo ello, es difícilmente conciliable esta actividad con la conservación de los ecosistemas, la agroproducción sostenible y el turismo.

Podemos encontrarnos ante un reciente fenómeno de expansión de unas instalaciones que tras haber contaminado y empobrecido comarcas de otras Comunidades Autónomas (Cataluña, Aragón y Murcia), buscan nuevos lugares para asentarse, aprovechándose de legislaciones más permisivas.

Ecologistas en Acción de Ciudad Real se opone a un negocio concentrado en unas pocas compañías, que apenas genera empleo ni fija población en el entorno rural y que, por el contrario, se ha podido constatar su enorme impacto en la calidad de las aguas y en el equilibrio de los suelos, afectando al suministro de agua potable y a la perdurabilidad de usos y aprovechamientos más arraigados en la estructura socioeconómica de nuestros pueblos y que, por lo general, son más respetuosos con el medio ambiente.