La publicidad de algunas compañías no es más que un engaño al consumidor.
Alberto Guerrero, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 38.
Desde el 1 de enero de 2003 los consumidores somos libres de elegir la compañía que nos facilita la energía eléctrica. Como consecuencia de ello y del aumento de la sensibilización social en materia ambiental, algunas de las grandes eléctricas (Endesa e Iberdrola en concreto) y otras más modestas, han comenzado a publicitar sus nuevas tarifas ‘verdes» para acoger este nuevo mercado, gracias a las cuales podremos, presumiblemente, contribuir a la conservación del medio ambiente. Pero, a poco que analicemos las ofertas, la situación no es tan clara.
Según nos cuentan compañías como Iberdrola o Endesa, cada kilovatio-hora (kWh) de electricidad que consumamos bajo estos nuevos contratos verdes será generado exclusivamente mediante alguna de las fuentes renovables de energía, atendiendo a los criterios expuestos en la Directiva europea 2001/77/CE –eólica, solar, geotérmica, del oleaje, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás–. Entendámonos, no es que cada kWh que llega a nuestros interruptores venga producido por esas fuentes, lo cual resulta imposible de conocer. El compromiso reside en generar con renovables la misma cantidad de energía que el usuario consuma en un determinado periodo de tiempo, aunque no necesariamente a la vez.
Por ayudarnos a este lavado de conciencia, las compañías nos cobrarán un poco más en nuestras facturas (entre 3 y 25 euros anuales según los casos), con lo cual, aparte de conseguir mayor beneficio directo, dicen cubrir el coste de la certificación necesaria para garantizar el origen verde de la electricidad.
En lo que se refiere a la garantía de origen renovable, Iberdrola y Endesa la obtienen de la asociación RECS (Renewable Energy Certificate System), de la cual son miembros, a través de Red Eléctrica de España. Además, ambas compañías han contratado los servicios de auditoras externas para verificar en informes anuales el cumplimiento de los compromisos de la factura verde; Bureau Veritas Quality International se encargará de hacerlo para Iberdrola y Deloitte&Touch en el caso de Endesa.
La realidad
Hasta aquí todo perfecto. De color de rosa (¿o habría que decir verde?). Pero basta un pequeño análisis para darse cuenta de que ni estas propuestas son la solución a los graves problemas ambientales producidos por la generación de la electricidad ni están siquiera en el camino para lograrla.
En primer lugar la agresiva campaña publicitaria que concretamente Iberdrola está llevando a cabo basa su estrategia en una pretendida capacidad de conciliar el modelo consumista actual con el respeto a la Naturaleza, cuando eso es totalmente inviable. Cuando el verdadero reto lo supone intentar crear estrategias de eficiencia y ahorro en el consumo, los eslóganes de las grandes eléctricas nos engañan con cantos de sirena que suenan a “cuanta más electricidad consumas, menos contaminas”, lo cual resulta inaceptable y falso desde cualquier perspectiva. El llamado por ellos “desarrollo sostenible”, o sea, tratar con respeto a la Naturaleza sólo hasta el punto de que no perjudique ni un ápice la obtención del máximo beneficio financiero posible, es un sinsentido.
Respecto a las tarifas verdes en sí, también hay mucho que criticar. Por ejemplo cabe decir que el sobreprecio que se impone a los usuarios no tiene una verdadera razón de ser. En primer lugar, porque ya estamos fomentado la utilización de fuentes de energía renovables a través de los “costes de diversificación” de nuestras facturas actuales. En segundo lugar, porque la única fuente en nuestro país capaz de ser certificada por la asociación RECS es la que proviene de las grandes centrales hidráulicas y las mini-hidráulicas, en su mayor parte amortizadas hace años y con un coste de generación menor que para otras fuentes. Por si esto fuera poco, nada hace pensar que Endesa o Iberdrola fueran a utilizar esta campaña como fundamento para reinvertir el rédito obtenido en sustituir sus métodos tradicionales de generación eléctrica por medios más limpios. No en vano, la parte hidroeléctrica del total de su generación supone porcentajes con un margen amplísimo para cubrir el posible incremento de demanda y en cualquier caso siempre podrían comprar energía certificada de otros países.
Para saber de qué estamos hablando. Podemos señalar, por ejemplo, que si bien Iberdrola se vanagloria de que en el primer semestre de este año ha conseguido que el 83% de su producción no emitiera CO2, se olvida de señalar que gran parte de este éxito se debe al aumento en la producción hidráulica –que depende del régimen pluvial– y que prácticamente un 60% de esa energía no contaminante proviene de centrales nucleares (la producción nuclear en 2002 supuso concretamente un 49,07% del total, llevando acumuladas hasta ese año 1.294 t de residuos radiactivos de alta actividad).
Y peor si cabe es el panorama que ofrece Endesa, cuya producción neta nacional en 2002 provenía en más de un 50% de centrales térmicas de carbón y fuel/gas y en un porcentaje superior al 36% de nucleares.
Con este escenario (ver tabla), en el que la generación con renovables (sin contar la hidroeléctrica) es absolutamente marginal, resulta insultante la soberbia mostrada en la publicidad que nos ha invadido desde finales del verano.
Producción neta en GWh y porcentajes de Iberdrola y Endesa en 2002
Fuente: Memoria 2002 y web Iberdrola. Memoria Endesa 2002
Sin embargo, además de todas las críticas que pueden hacerse a las grandes eléctricas, hay un aspecto fundamental en esta cuestión, que no es otro que el modo en que el Gobierno lleva tratando el sistema eléctrico español desde hace años. Porque por mucho comportamiento responsable que podamos exigir a la actuación de la empresa privada, está en su derecho (legal –y no siempre–, que no moral, pero eso es otra historia) de obrar de la forma que lo hace. Sin embargo, el Gobierno es supuestamente responsable del bienestar presente y futuro de todos nosotros y directo culpable de la situación que estamos viviendo.
Y lo es en la medida que hoy por hoy carecemos de políticas creíbles que puedan tener efectos reales y positivos, políticas que incidan en aspectos tales como una verdadera promoción de la producción de electricidad de origen renovable, la mejora de la eficiencia en la producción y la distribución eléctrica, la promoción del ahorro tanto en lo que se refiere a medidas de aprovechamiento pasivo de energía como en el consumo, etc. Contrariamente, la actitud del Gobierno del PP ha sido la de dejar hacer, e incluso han ido más allá promoviendo e incitando al consumo irresponsable mediante sucesivas rebajas en la factura eléctrica, utilizando para ello la reducción en los costes que se producía en el sector de generación. Una medida que no dudamos en calificar de muy popular y que tenía la virtud de ayudar a contener la inflación, ya que los precios controlados administrativamente sirven de referencia para el resto, pero que resulta absolutamente contraria a cualquier criterio de promoción del ahorro y los resultados están a la vista.
Otro ejemplo aún más elocuente, aunque seguramente de menores resultados prácticos, lo constituye la supresión de los fondos destinados a la gestión de la demanda con el fin de reducir el consumo eléctrico, pese a que venían aplicándose desde unos años antes y a que estaban contemplados en la Ley Eléctrica que aprobó el primer Gobierno del PP.
Y lo es en la medida que siga apoyando la idea de que los precios energéticos deben ser tan bajos como permitan los costes de extracción, transformación y distribución. Porque, además de las consideraciones ambientales a las que ya hemos hecho referencia, entendemos que los países muy dependientes energéticamente deben tener una política de precios que tienda a moderar el consumo, para mantener bajo control, dentro de lo posible, las fluctuaciones que se producen en los mercados internacionales (¡y esto es un análisis económico!).
Y lo es, en definitiva, por el hecho de haber cometido la enorme irresponsabilidad de privatizar uno de los que deberían considerarse servicios básicos a la comunidad, tanto como la enseñanza o la sanidad (y ya ni éstos lo son tanto como debieran). Ya conocemos las consecuencias que pueden derivarse de estas políticas (sin ir más lejos, los recientes apagones en la costa este norteamericana e Italia).
Conclusión
En definitiva y tomando en consideración todos los argumentos expuestos, consideramos que lo que hace falta es una auténtica apuesta de las administraciones públicas por las energías renovables y no pseudo-propuestas que además tienen que provenir del sector privado, desde donde es imposible que nos convenzan de que sus intereses descansan también en otros ámbitos además del monetario.
En el lado positivo encontramos la aparición de empresas que rechazan el uso de fuentes contaminantes. Es el caso de Electra Norte, pequeña corporación asturiana que se presenta como la tercera en discordia y que es la única que genera energía eléctrica únicamente con fuentes renovables –un 95% con eólica, un 4% con mini-hidráulica y un 1% con solar fotovoltaica actualmente–. Ha conformado el llamado Sistema Electra Norte (SEN), del que sólo pueden formar parte empresas y centrales de generación que aprovechen recursos renovables. En este caso no hay un lavado verde de una parte contaminante de la producción, y tampoco hay que soportar una campaña de fomento del consumo. Además, de paso que se apoya a los productores de energías renovables permite ejercer una objeción energética en el sentido de dejar de financiar a empresas con intereses nucleares, térmicas, etc.
En todo caso, si las ayudas estatales a las energías renovables desaparecieran o disminuyeran sustancialmente, y vienen reduciéndose en los últimos años, la generación eléctrica con estas fuentes va a depender sólo de la conciencia ambiental de los ciudadanos. Porque una cosa es segura, prácticamente todos seguiremos siendo clientes de alguna compañía eléctrica.
