Colectivos sociales y partidos políticos (PSOE-M, Podemos, IU y EQUO) piden al presidente Ángel Garrido que paralice la tramitación del Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid.

Además, los colectivos sociales (Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, CC OO y UGT), también han solicitado a Ignacio Aguado que les reciba para explicarle las razones por las que Ciudadanos debería retirar el apoyo a la nueva Ley.

Una de las herencias más envenenadas que ha dejado Cristina Cifuentes y su Gobierno, ha sido el Proyecto de Ley 3/2018 de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid. Esta nueva ley que se tramita, desde el pasado mes de noviembre en la Asamblea de Madrid, ha suscitado el rechazo de buena parte de la sociedad civil madrileña, ayuntamientos y de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos de la Comunidad de Madrid.

El Grupo Parlamentario Popular, junto a Ciudadanos, semana tras semana avanzan en el texto normativo, rechazando casi en su totalidad las 800 enmiendas presentadas por PSOE y Podemos y que podrían revertir las numerosas carencias del texto. Esta situación avocaría a la hipotética aprobación de una Ley sin consenso y que sólo contaría con la aceptación de la mitad más una de las personas representantes en la Asamblea de Madrid (la suma de los Grupos Popular y Ciudadanos solo se diferencia en un voto con respecto a los Grupos Socialista y Podemos).

A espaldas de la ciudadanía -con la oposición de prácticamente la mitad de la Cámara parlamentaria, con el rechazo de los sindicatos CCOO y UGT, de colectivos vecinales (FRAVM), ecologistas (Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace, ARBA, GRAMA, etc), de defensa del patrimonio (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio) con el pronunciamiento contrario de 82 ayuntamientos que aglutinan a más del 80 % de la población madrileña (entre ellos Madrid, Fuenlabrada, Coslada, Alcalá de Henares, Getafe, etc)- el Partido Popular y Ciudadanos avanzan en una Ley que retrocede en aspectos urbanísticos, sociales y ambientales que se consideraban consolidados.

El Proyecto de Ley, por ejemplo introduce la posibilidad de desarrollar, tantos usos y actividades en el suelo no urbanizable que se convierte en una extensión del suelo urbano (usos deportivos, ocio, eventos, usos religiosos, educativos, etc, perdiendo de hecho sus valores naturales; permite la legalización de urbanizaciones ilegales –incluso las situadas en suelos con valores ambientales–, simplifica los trámites para reducir la protección de nuestro patrimonio cultural (posibilita la demolición de edificios de valor histórico); reduce drásticamente los suelos de cesión para la construcción de dotaciones, pudiendo desaparecer en municipios rurales, lo que significará menos suelos para colegios, zonas verdes, infraestructuras, etc; o la también radical reducción de la obligación de ceder suelos con reserva para vivienda con algún tipo de protección, llegando incluso a la desaparición de estas reservas para viviendas sociales, etc.

En resumen, el proyecto de Ley del Suelo daña el territorio, la naturaleza y atenta contra el derecho a la ciudad y la vida rural.

Por ello, los colectivos Ecologistas en Acción, FRAVM, CC OO, UGT y los partidos PSOE-M, Podemos , EQUO e IU hoy se han dirigido por escrito al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido para pedir la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo. Además también se han dirigido a Ignacio Aguado, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, único partido que apoya el texto normativo solicitando una reunión para explicarle los motivos por los que debería replantearse el apoyo al nuevo texto normativo.

Lo que se pide a ambos políticos es que, retiren su apoyo al Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo heredado del Gobierno de Cristina Cifuentes, paralicen la tramitación y se abra un proceso de debate real entre la sociedad civil y los grupos parlamentarios para consensuar la nueva Ley.

La sociedad española y madrileña están cambiando y no podría entenderse que la Ley más importante de la legislatura se aprobase a espaldas de la ciudadanía y en contra de prácticamente la mitad del arco parlamentario.