Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones al Permiso de Investigación de recursos de la Sección C) de minas, denominado “Idra”, en el término municipal de La Codosera (Badajoz) y a su Plan de Restauración.

 El día 15 de junio se publicaba en el Diario Oficial de Extremadura el anuncio de información pública de la solicitud de Permiso de Investigación de dos cuadrículas mineras para recursos de la Sección C, denominado “Idra”, en el término municipal de La Codosera (Badajoz), a nombre de la empresa Ormonde Minería Iberica, SLU, con sede en Salamanca, orientados a la extracción de oro.

Como señala la promotora en su proyecto de investigación “ha decidido optar a los 4 Permisos de Investigación que pueden construirse con la nueva cuadrícula en este bloque, con la idea de que, si resulta adjudicataria, solicitar los terrenos circundantes cuando queden francos y registrables, a fin de construir un nuevo bloque de Permisos de Investigación que cubra el sector completo y permita desarrollar una investigación coherente. Es por esto que el programa de investigación que aquí se presenta tiene por objeto una exploración de la unidad geológica completa, el denominado Anticlinal de Monteviejo, donde existen un conjunto de indicios mineros de Au relacionados entre sí y con un origen común, y por tanto aplicable al conjunto de los 4 Permisos de Investigación que se solicitan”.

Las razones que justifican la decisión para hacer alegaciones, además, son:

1.- Incumplimiento de las normas de planificación.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura estableció que, en el marco de la legislación básica del Estado, le correspondía a la Comunidad Autónoma el régimen minero (artículo 8.5 de la Ley Orgánica 1/1983). Con esta atribución, se produjo la transferencia a la Comunidad Autónoma de la competencia de desarrollo y ejecución normativa en el marco de las bases del régimen minero establecido en el artículo 149.1.25ª de la Constitución Española, que se traspasó de manera definitiva en el Real Decreto 1136/1984.

Desde el momento en que ostentaba la competencia y contaba con los medios necesarios, la Comunidad Autónoma debió desarrollar en todo su alcance las obsoletas bases del régimen minero estatal pero, hasta el momento, aún no lo ha hecho. Pasividad normativa que también encontramos en el ámbito de la planificación minera que, bajo un marco completamente distinto al que la concibió originalmente, sigue teniendo todo el sentido económico, social y ambiental.

La Ley de Minas se promulgó en el período histórico llamado tardofranquismo (1969-1975) que, desde una perspectiva económica, se encontraba en la ejecución del II Plan de Desarrollo Económico y Social [Ley 1/1969]. El desarrollismo del momento pretendía «la ordenación de todos los recursos disponibles al servicio del hombre», señalando que se concedería especial atención «a los recursos naturales, mediante la elaboración de un Programa Nacional de Investigación Minera».

Pero las normas y, especialmente, las preconstitucionales, han de ser interpretadas conforme a nuestro acervo constitucional y el derecho de la Unión Europea, lo que determina un cambio radical de dicha planificación.

En primer lugar, en el Estado de las Autonomías se ha de hablar del Programa de Investigación Minera de la Comunidad Autónoma competente, que es el ámbito territorial al que debe reconducirse la planificación minera conforme al llamado Bloque de constitucionalidad.

En segundo lugar, el objetivo debe ser el encomendado constitucionalmente: «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva» [artículo 45.2 de la Constitución].

En tercer lugar las competencias hay que entenderlas hechas a las autoridades autonómicas.

Sentadas estas bases, se ha de tener en cuenta que las actividades extractivas tienen una capacidad de transformación física del medio extraordinaria y que comportan los impactos más importantes que pueden realizarse en el territorio.

Por lo que la obsolescencia manifiesta de la Ley de minas no puede ser ni la coartada, ni la excusa, para que la Comunidad Autónoma asuma sus responsabilidades constitucionales y autonómicas en materia de planificar una utilización racional de los recursos mineros que sea respetuosa con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medioambiente.

Por todas esas razones, deben considerarse nulos de pleno derecho los actos acuerdos sin la existencia de una planificación previa que permita la ordenación de la actividad, su evaluación ambiental estratégica y la correspondiente participación pública. Máxime cuando la Administración autonómica programa concursos de derechos mineros caducados como, los promovidos en 2013 (Resolución 14/08/2013) o en 2015 (Resolución 16/11/2015), que pueden afectar a lugares de la red Natura 2000.

2.- Incumplimiento de las normas de transparencia.

La Administración actuante ha incumplido los artículos 7.e y 5.4 de la Ley 19/2013 y el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, al no haber indicarlo en el anuncio publicado en el Diario Oficial la publicación de la documentación sometida a información pública en su sede electrónica o página web.

3.- Incumplimiento de las normas de participación efectiva.

La Administración se ha limitado a adoptar y publicar el anuncio referido más arriba. Sin embargo, la norma nacional que regula este anuncio dice que «Para la celebración de este trámite, se informará al público de los siguientes asuntos: […] g) La determinación de los procedimientos de participación pública» [artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009].

La preparación y participación efectiva requiere al menos de un aviso previo en fase temprana y no en el mismo momento en que se produce el plazo para la presentación de observaciones. Igualmente, exige que toda la documentación relevante esté disponible en internet, para que se pueda acceder a ella sin desplazamientos, y que se adopten medidas de deliberación que permitan capacitar al público interesado para formular observaciones al respecto.

Se asiste, por tanto, a una adaptación reduccionista y una aplicación aún más raquítica que impide el cumplimiento del Derecho comunitario aplicable y, por tanto, produce la nulidad de lo actuado.

4.-  Incumplimiento de las normas de notificación personal a afectados.

El hecho de que exista esta obsolescencia normativa no libera a la Administración actuante de garantizar los derechos de las personas interesadas conforme a la legislación del procedimiento administrativo común, la transparencia y la participación pública en materia de medio ambiente.

No basta con la mera publicación de la información pública y el ofrecimiento de acceso en las oficinas de la Administración, es también necesaria una notificación personal a dichas personas interesadas.

5.- Incumplimiento de las normas de competencia.

En el presente caso, los límites de la superficie comprendida en el permiso de investigación en trámite se extienden allende las fronteras españolas, hasta el territorio portugués, según se desprende de la propia planimetría del Catastro minero de la Junta de Extremadura y puede comprobarse en la imagen ofrecida por dicho servicio.

6.- Inadmisible solicitud de permisos yuxtapuestos.

La solicitud y tramitación de estos permisos de investigación con superficies yuxtapuestas produce efectos contrarios a la ley:

― Incumplimiento del principio de eficacia.

― Incumplimiento de la obligación de acumular magnitudes de los permisos.

7.- Incumplimiento de las normas de evaluación ambiental.

La Administración actuante no ha sometido a evaluación de impacto ambiental el proyecto sometido a información pública.

Sin embargo, dicho proyecto contempla trincheras (1000 m) con retroexcavadora; sondeos de localización y técnica no identificados y de número y profundidad contradictoriamente definidas en la memoria (10 x 100 m en II.2.6; 27 x hasta 150 m II.3.1 más, al menos, otros 27 x 250 II.3.2); más las correspondientes plataformas de sondeos y apertura de accesos o modificaciones de caminos sin identificar.

Pero, lo más importante, es que se encuentra incluido y se yuxtapone con el permiso de investigación Lira 06C12867-00, que ocupa una superficie de 1 626,35 hectáreas, así como colindante con otro conjunto de permisos de investigación que comportan un programa de permisos de investigación de efectos acumulativos que no han sido mencionados ni se han considerado en su necesaria evaluación ambiental conjunta.

Todo ello en un espacio con importantes valores ambientales

En las condiciones de la ubicación, destaca que los recursos que se pretenden extraer no son renovables, por lo que se agotaría su disponibilidad y transformaría definitivamente el entorno (Anexo III.2.a y b); puede afectar hábitats de interés comunitario, masas de aguas subterráneas y superficiales, paisajes y lugares patrimonialmente relevantes, y lugares de indudable interés turístico (Anexo III.2.c).

Recuérdese que, cuando se trata de actividades extractivas, la metodología de planificación, gestión y evaluación que se ha de adoptar es la del análisis del ciclo de vida completo y en el presente caso se aborda esta perspectiva de forma fragmentada.

8.- Inadmisibilidad del Plan de restauración por insuficiente información.

Con arreglo al «ANUNCIO de 9 de mayo de 2018 sobre admisión definitiva de la solicitud de un  permiso  de  investigación  de  recursos  de  la  Sección  C)  denominado “Idra”,  n.º  06C12.864-00,  en  el  término  municipal  de  La  Codosera, e información pública del plan de restauración. (2018080951)» [DOE 15/06/2018] se ha producido dicha admisión definitiva.

La norma establece que «el plan de restauración estará estructurado tal y como se describe a continuación, y contendrá, como mínimo: Parte I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores mineras. Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y explotación de recursos minerales. Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos a la investigación y explotación de recursos minerales. Parte IV: Plan de Gestión de Residuos. Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de rehabilitación» [artículo 3.4 del Real Decreto 975/2009].

Sin embargo, el plan de restauración adolece de deficiencias por las que se debió inadmitir. Este desdén que se ha descrito por parte de la solicitante también se predica de la Administración que, en dejación de las funciones que le son propias, admite dicho plan en las manifiestas circunstancias de indefinición descritas.

9.- Incumplimiento de la responsabilidad medioambiental.

La promotora no ha establecido la garantía financiera de responsabilidad medioambiental. La legislación establece que el operador sufragará los costes ocasionados por las acciones preventivas y reparadoras adoptadas en cumplimiento de la responsabilidad medioambiental [artículo 8.1 de la Directiva 2004/35/CE].

10.- Inadmisibles condiciones de solvencia técnica y económica.

En el presente caso, la promotora no ha acreditado que cuente con los medios técnicos y económicos suficientes para ser titular del permiso de investigación en cuestión y, por tanto, su admisión es nula, lo que determina la nulidad de la autorización que pretende con arreglo al artículo 47.1.f de la Ley 3

11.- Incumplimiento de las normas de informes de otras instituciones.

La existencia de la obligación de realizar una previa y adecuada evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación aplicable, también se produce respecto de la legislación de aguas.

Se está aplicando una ley preconstitucional y, por tanto, la Administración debe suplir con una aplicación comprensiva aquellos aspectos a los que la norma preconstitucional no llega. Es el caso de las competencias relativas al medio ambiente y, en concreto, a los efectos sobre las aguas, la ordenación del territorio y el urbanismo.

12.- Incompatibilidad del desarrollo y economía local sostenible.

Ni la promotora ni la Administración han tenido en consideración los efectos económicos y sociales que puede suponer realizar una actividad industrial en las inmediaciones de un medio afectado.

El turismo es una actividad fuertemente dependiente de la calidad ambiental, que en el ámbito en el que se realiza la actividad cuestionada tiene unos estándares elevados, los cuales han servido de atracción de la demanda turística. Los posibles impactos del proyecto en la actividad turística han de ser analizados en todos los escenarios en los cuales se promociona el turismo.

El espacio afectado será incompatible con otras actividades como el turismo rural sostenible por el consiguiente deterioro de la imagen asociado a la implantación de una industria extractiva.

Por todo ello, Ecologistas en Acción confía que las alegaciones presentadas serán tenidas en cuenta por la insuficiencia manifiesta del plan. El Gobierno de Extremadura haría un importante ejercicio de responsabilidad, minimizando los riesgos sobre la salud humana y apuntalando la protección ambiental, en la lógica de sus últimas manifestaciones y en el sentido de buscar desarrollo en el marco de una economía verde y circular.