Turcón-Ecologistas en Acción mantiene que las obras de la rotonda de El Veril benefician al futuro parque acuático, y declaran que “no se entiende que el crédito de una persona entendida, razonable y progresista se juegue a la carta del ultraliberalismo que expresa en su última comparecencia. El buen nombre se fortalece con los años y se puede disipar en poco tiempo con actuaciones de dudoso entendimiento”.

Llamamos a reflexionar acerca de la función y utilidad de la construcción de esta Rotonda. Este nudo de acceso a Playa del Inglés funciona con total normalidad sin crear conflicto en el tráfico viario de la zona. La creación de esta nueva rotonda no mejora en ningún caso el tránsito y acceso a las edificaciones de la Calle el Escorial y a Playa del Inglés. La obra que replantea este viario, destruye el cruce a doble nivel actual, que fue construido con recursos públicos. Definitivamente se pretende construir una infraestructura, pese a quien pese, para facilitar el acceso y tránsito a un negocio privado.

Viene a cuento recordar el principio rector que informa la Ley del Suelo y las leyes anteriores: “Las administraciones públicas velarán en sus actuaciones por el uso eficiente y la reducción del consumo de recursos naturales, en especial del suelo”.

La indecencia en el urbanismo liberal

La polémica en torno a unas obras de ejecución de una Rotonda en la zona de El Veril, denunciadas por esta asociación en la Fiscalía Anticorrupción, ha venido a poner de manifiesto cómo, tras el argumento de que son los empresarios los únicos que generan riqueza en este país, se esconde un verdadero traspaso de recursos públicos hacia los promotores de lo que ha venido en llamarse obras emblemáticas, al servicio de los cuales se ponen la totalidad de los antecedentes y de los valores de nuestro territorio.

Frente a los argumentos que hemos sostenido que aprecian la existencia de desviaciones de dinero público a favor del empresario del pretendido Parque Acuático, y sin esperar a que sean los tribunales de justicia los que, tras el estudio de aquellas pruebas presentadas, dictaminen la legalidad de lo denunciado, periodo en el cual las administraciones deberían mantener una posición de prudencia, sin perjuicio de recabar cuantos informes estimen necesarios en apoyo a las decisiones, el Cabildo de Gran Canaria se ha apresurado a expresar la legalidad de la operación sin mayores razones que el argumento de…” lo digo yo y basta”. Resulta de una imprudencia arriesgada confirmar la regularidad de la ejecución antes de disponer de esos informes.

No es necesario reforzar aquí lo difícil que va a ser justificar que, para ejecutar una rotonda, sea necesario desplazar mil cien metros lineales de tuberías de saneamiento y pluviales que nos van a costar más de ochocientos mil euros, ni que gastemos más de tres millones en dicha obra (cierto que la baja de contrata  los deja en dos millones), para una rotonda que rompe el nudo actual, que nunca presentó conflictos de tráfico hasta este momento, precisamente por dichas obras, ni que esta obra ponga en riesgo la localización de la Estación del Tren de Playa del Inglés y con ello de la totalidad de la línea férrea de Las Palmas de Gran Canaria a Maspalomas. En opinión de Cabildo todo esto se puede soportar y se debe pagar con dinero de todos.

¿Qué parte de “a cargo del promotor” no entienden?

Habrá que recordarle a la institución insular que el Plan Insular a través del PTP-9 ya habilitaba una hermosa parcela, precisamente para una instalación de este tipo, contigua a la GC-1, enfrente de Bahía Feliz, que no tenía inconveniente para esta implantación y que debería servir de vestíbulo de entrada a la zona turística, y que no necesitaba más que un proyecto de ejecución inmediata para dar satisfacción a las deseos del promotor; frente a esta posibilidad cierta, el promotor del Parque Acuático, con la colaboración de las administraciones que deben velar por el correcto uso del territorio y los dineros públicos, escasos ambos, han decidido retorcer los antecedentes de ordenación de la parcela de El Veril. Hay que decir que se trata de administraciones de todos los colores y siglas, algunas de ellas cercanas a posiciones progresistas y de teórico respeto hacia nuestra isla.

Vista de la propuesta del PTP-9 para la implantación de un Equipamiento Estructurante Turístico (E1 en la imagen) frente a Bahía Feliz

Frente a la parcela, se empecinan en colocar un parque acuático en el cauce de un barranco propiedad de todos, quitando una estación del tren cuyo proyecto ya habíamos pagado entre todos, sin contarnos de dónde se va a sacar el agua para tanta diversión, en el municipio más necesitado de agua de la Isla. Esta maniobra revienta dos décadas de trabajos para la ordenación de este territorio y pone al servicio de un negocio privado, los recursos de toda la ciudadanía.

Más llamativo aún es que el presidente del Cabildo, que se suponía que tenía un interés en la defensa de la Isla y de los recursos públicos, adopte la defensa numantina de este negocio que proviene de las decisiones del grupo de gobierno anterior, del partido popular sin cuestionarse ningún aspecto de las demandas en contra del mismo que se han producido en este tiempo. Parece claro el pliegue a los intereses sectoriales, o está fatalmente asesorado.

No se entiende que el prestigio de una persona entendida, razonable y progresista se juegue a la carta del ultraliberalismo que expresa en su última comparecencia, el buen nombre se fortalece con los años y se puede disipar en poco tiempo con actuaciones de dudoso entendimiento.

Todo ello, como conclusión, nos debe hacer reflexionar en lo indecente que puede llegar a ser el utilizar el urbanismo como defensa de particulares y en contra de nuestro escaso espacio insular y el alegre uso de recursos empleados en este proceso, por más que se quiera disfrazar de mejora de las condiciones económicas.