Seis organizaciones de la ciudad -Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva), Asociación Cultural Ciudad Sostenible, FACUA Castilla y León, Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones (Avaate), CGT Valladolid y Ecologistas en Acción de Valladolid- piden al Ayuntamiento de Valladolid que el nuevo plazo de alegaciones a la Revisión del PGOU de Valladolid sea de entre dos y tres meses para poder analizar en detalle la nueva documentación y presentar nuestras propuestas -si ello fuera necesario- con la mayor precisión y el mejor conocimiento, y garantizar un proceso participativo.

“Todas las implicaciones urbanísticas, de movilidad, en materia de vivienda, sobre necesidades ferroviarias o referentes a efectos sobre la salud expuestas en el primer documento de alegaciones presentado en 2017 –con un periodo de exposición pública entonces de 3 meses- demandan de nuevo, en opinión de los seis colectivos, un periodo de tiempo razonable de análisis en la nueva propuesta de Revisión del PGOU que el Ayuntamiento de Valladolid presente a organizaciones y ciudadanos”.

Asciva, Ciudad Sostenible, FACUA, Avaate, CGT y Ecologistas señalan asimismo que se van a cumplir ocho meses sin que el Ayuntamiento de Valladolid haya dado respuesta a las alegaciones conjuntas que presentaran a la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid y que registraron dentro del plazo de tres meses para la presentación de alegaciones y sugerencias que finalizó el pasado 1 de diciembre de 2017, y que posteriormente -el 13 de diciembre- hicieron públicas en una rueda de prensa conjunta.

Esa alegación conjunta recogía su punto de vista sobre el documento de Revisión del PGOU aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Valladolid el 24 de julio de 2017 y en él, “junto a propuestas ante problemas urbanísticos, de vivienda, necesidades ferroviarias, de movilidad y de salud”, estas seis organizaciones pedían que “se corrigiera la confusión que generan los documentos sobre el Plan Rogers y se sometiera la Revisión del PGOU a un nuevo proceso de exposición pública en el que se puedan hacer propuestas alternativas con conocimiento de causa, nuevo proceso para el que pedimos un plazo de entre dos o tres meses”, recuerdan, además de solicitar una contestación a las alegaciones en esta nueva fase en el más breve plazo de tempo.

“Han pasado casi ocho meses y todavía no conocemos la respuesta municipal a nuestras primeras alegaciones y a las que realizaron otras muchas asociaciones y personas”, afirman estos colectivos. Señalan que “están en juego asuntos muy importantes para la ciudad. Tal es el caso del denominado Plan Rogers, una pieza urbana trascendental. La opción que el Ayuntamiento de Valladolid tomó en la aprobación inicial fue la de una “asunción parcial” de la propuesta vigente pero sin precisar las partes que se mantenían y las que eran objeto de modificación”. “Tan imprecisos eran los términos que, a los pocos días de la finalización del periodo de alegaciones, el equipo de gobierno presentó a los medios de comunicación una ubicación de la estación de autobuses al otro lado de las vías que suponía cambios significativos en la ordenación del tráfico de la zona”, recuerdan las seis organizaciones. “Queremos recordar que sin conocimiento preciso de las alternativas propuestas no es posible realizar aportaciones”, añaden.

Las seis organizaciones señalan que “también se encontraron con varios problemas relacionados con las políticas de movilidad en forma de contradicciones y falta de claridad entre los diversos documentos municipales que se refieren a la movilidad -PGOU, PIMUSSVA y Agenda Local 21- que, desde nuestro punto de vista, debían ser resueltos en la siguiente tramitación del PGOU dejando también clara la jerarquía entre esos documentos y a favor de una movilidad “más sostenible” que acote las posibilidades de expresión del vehículo privado con una política más restrictiva en materia de aparcamientos rotatorios”.