Ecologistas en Acción lamenta que el recientemente aprobado Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado no se conozca en su totalidad, pues considera que es un Plan necesario, pero incompleto e insuficiente, debido a unos objetivos modestos y a unos plazos de implantación excesivamente amplios (2010-2015), fijados únicamente para que las empresas puedan adaptarse a él sin esfuerzo de ningún tipo. Consideran que se trata de un Plan con objetivos bastante modestos al aplicarse solamente a la contratación de productos, servicios y obras que el Plan considera prioritarios, en lugar de a todos los contratos administrativos, como hubiera sido necesario, teniendo en cuenta la entrada en vigor en mayo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que permite la introducción de criterios medioambientales y sociales en la contratación de las Administraciones Públicas.

El grupo ecologista considera que para conseguir una eficacia apreciable del Plan, es necesario complementar la utilización de etiquetas ecológicas o los certificados ambientales que prevé el propio Plan de contratación, con una fiscalidad ecológica que al mismo tiempo sea socialmente justa, de tal modo que se abaraten los productos beneficiosos para el medio ambiente y se encarezcan los perjudiciales. Asimismo, resulta imprescindible una modulación ecológica de los presupuestos, además de cambios normativos que prohíban productos dañinos para el medio ambiente, como el PVC, que las Administraciones adquieren al contratar obras para la construcción o rehabilitación de sus edificios y dependencias, o al comprar mobiliario o material de oficina.

Esta organización ecologista entiende que ha existido una planificación y coordinación interministerial deficiente, donde sólo parecen haber intervenido los Ministerios de Medio Ambiente, Economía y Administraciones Públicas. El Plan carece de cualquier tipo de contabilidad ambiental y no se va a aplicar a los productos ecológicos que se podrían consumir en los comedores y cafeterías de las dependencias ministeriales, cuestión que resulta totalmente incongruente, justo ahora que el Ministerio de Agricultura está desarrollando la campaña “Agricultura ecológica. Vívela”, que tendrá una duración de dos años, para dar a conocer la agricultura ecológica y aumentar de este modo la demanda de los ciudadanos.

Señala también Ecologistas en Acción que el mayor precio actual de los alimentos ecológicos puede compensarse sobradamente con el ahorro que supondría la implantación del software libre en esa Administración, ya que no sería necesario comprar licencias de software propietario. Esta migración progresiva de la Administración General del Estado al software libre tendría también ventajas sociales y ambientales, tales como el fomento de la innovación tecnológica o una mayor durabilidad y reutilización de los equipos y sistemas informáticos. Esta labor se vería facilitada notablemente por la exitosa experiencia adquirida en este ámbito por las administraciones extremeña y andaluza, además de por algunas administraciones locales. Por otra parte, una adecuada política de subvenciones, junto a una tasa sobre los plaguicidas, supondrían una mejora notable para este sector.

Tampoco se van a aplicar criterios medioambientales y sociales en los contratos de suministro de uniformes de los diversos funcionarios de la AGE, a pesar del volumen de gasto que ello supone.

Igualmente resultaría muy recomendable, a juicio de los ecologistas, la coordinación entre Administraciones para llevar a cabo con eficacia la formación de los funcionarios con responsabilidad en materia de contratación, con el objetivo de que se puedan desarrollar adecuada y rápidamente los criterios medioambientales y sociales que prevé la nueva Ley de Contratos, máxime si se tiene en cuenta que esos criterios tienen su origen en una Directiva comunitaria del año 2004, que de este modo queda transpuesta a nuestro ordenamiento con un retraso totalmente inaceptable.

Por último, Ecologistas en Acción solicita a las demás Administraciones Públicas que elaboren su propio Plan de Contratación Pública Responsable, que tenga en cuenta además de los habituales principios de publicidad, transparencia y no discriminación de contratistas, otros principios informadores como los de igualdad, gestión de la demanda, coherencia ecológica, precaución, ecoeficiencia o responsabilidad del productor.

PDF - 1.6 MB
Propuestas sobre Ahorro y Contratación.
Recomendaciones para la Mejora del Comportamiento Ambiental de las Administraciones Públicas.