· Ecologistas en Acción, junto a Fundació Ent, Oceana, SEO/Birdlife y WWF, lamentan que España y Portugal reabran la pesquería de la sardina ibérica, sin tener en cuenta la crítica situación en la que se encuentra la población.

· La decisión entró en vigor ayer, Día de la sobrecapacidad de la Tierra, en contra de la recomendación del criterio científico del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) de paralizar la pesca durante un año para recuperar el stock.

Foto: Daniel Ventura

Las organizaciones ecologistas destacan que la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es una contribución directa a agravar la sobrepesca, que afecta al 33,1 % de las poblaciones pesqueras mundiales evaluadas según la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), alcanzando un 41 % en el Atlántico europeo según la UE. La decisión coincide con el anuncio de la organización científica Global Footprint Network de que en siete meses la humanidad ha consumido los recursos que la Tierra es capaz de generar en un año.

Tras la captura de 7.000 toneladas entre mayo y julio, España y Portugal han decidido permitir la captura de otras 4.728 toneladas entre agosto y septiembre, de las cuales 1.584 corresponden a España, sin que el sector científico haya tenido la oportunidad de valorar la idoneidad del plan hispano-luso.

Las sardinas y especies similares de pequeños pelágicos tienen un papel fundamental en el ecosistema marino y han contribuido de manera decisiva al desarrollo de la industria pesquera y conservera de nuestros países. Su colapso, como el sufrido por la anchoa del Cantábrico en 2005, acarrearía graves consecuencias socio-económicas.

Las organizaciones ecologistas lamentan que décadas de explotación por encima de los límites sostenibles marcados por las recomendaciones científicas, unido a más de una década de bajo reclutamiento de la especie por distintas causas –incluida la variabilidad natural– han llevado a este stock al borde del colapso y han dejado sus niveles poblaciones en mínimos históricos desde 2012.

Por ello, las organizaciones españolas vuelven a sumarse a sus homólogas portuguesas para demandar a sus respectivos gobiernos que adopten un plan de gestión avalado por CIEM, que asegure una rápida recuperación de la población de sardina como única alternativa posible al cierre de la pesquería. Este plan debería incluir niveles de capturas muy precautorios (si son posibles de identificar), junto con medidas de conservación y control.

Las organizaciones firmantes instan a los gobiernos de España y Portugal, así como a la Comisión Europea, a que lo antes posible sometan a la evaluación del CIEM un plan de recuperación. Dicho plan debe disponer de elementos y medidas suficientemente consolidadas para adecuarse a los criterios establecidos por el CIEM y los objetivos de gestión de la política pesquera común.