• Aun habiendo sido rechazadas la mayoría de las alegaciones de la asociación ecologista, que se haya aceptado la referente a la obligatoriedad del sellado de fosas sépticas y pozos ilegales, es bien valorado.
  • También la eliminación de un artículo que era manifiestamente ilegal, como el referente a la ‘reinversión’ del 10 % del aprovechamiento.

Tras la aprobación definitiva de la Ordenanza de Regularización, en Pleno Extraordinario el pasado jueves 2 de agosto, desde Toniza-Ecologistas en Acción de Chiclana se quiere realizar una serie de valoraciones al respecto, ante un documento de tal calado para el conjunto de la ciudad.

En primer lugar, hay que destacar la falta de participación en el proceso de elaboración de la Ordenanza de Regularización, pues, siendo el Consejo Local de Urbanismo el órgano reglado de participación en cuestiones urbanísticas donde están representadas las diferentes entidades con interés en la materia, éste sólo ha sido convocado en una ocasión para tratar dicha ordenanza. Concretamente, fue en los días previos a la aprobación inicial de la misma, por allá en el verano de 2016. Sin embargo, de cara a la resolución de alegaciones y su aprobación definitiva, nada más se ha sabido del Consejo Local de Urbanismo, a pesar de que su propio Reglamento indica su convocatoria, al menos, una vez al trimestre.

En lo que respecta a las alegaciones, varias fueron presentadas por Toniza-Ecologistas en Acción de Chiclana, siendo aceptada únicamente la referente a la certificación del sellado de las fosas sépticas y los pozos ilegales para acceder a los servicios básicos y dar por concluida la regularización. Y es que no puede ser de otra manera, por un lado, para evitar que se siga contaminando el acuífero con el vertido de aguas residuales, y, por otro lado, para fomentar la legalización de los pozos de forma que se pueda utilizar agua limpia y segura. Esta alegación, que tras su aceptación debe ser incluida en el texto definitivo, es algo que ya debió incluirse inicialmente, pues no se exige otra cosa que se cumpla con la legalidad y el respeto al medio ambiente, cuestión que no hubiera sido necesaria reclamar si desde hace décadas las administraciones hubieran puesto el celo necesario en sus competencias al respecto, cuando no alentado que se llegue a la situación actual de caos urbanístico.

Mientras que en lo referente a la ‘reinversión’ de los recursos derivados del 10 % del aprovechamiento medio a las obras de urbanización de las ARG, lo cual no puede ser contemplado en la Ordenanza, en nuestras alegaciones ya apuntamos nuestras serias dudas que esa ‘reinversión’ pudiera repercutir en la bajada de costes de las obras de urbanización de las ARG. Sin embargo, la eliminación de este artículo no ha sido por nuestra alegación, que fue desestimada, sino por la modificación producida tras la aprobación del Primer Documento de Levantamiento de Suspensiones del PGOU. Hay que apuntar que ese 10 % es para ejecutarlo, es decir, ampliar el Parque Municipal de Viviendas para usos sociales; o si se monetariza, es decir, se cobra su equivalente, se debe invertir en vivienda social, ya que estos ámbitos de regularización no contemplan viviendas sociales, suponiendo la mitad del futuro suelo urbano del municipio.

Así, la retirada en el proceso de regularización de acuerdos que eran manifiestamente ilegales demuestra que el PSOE realizó promesas electorales a los propietarios de viviendas irregulares que eran imposible de cumplir. La regularización no puede ser a bajo coste, debiendo ser los propietarios de estas viviendas los que deban asumir el coste de toda la regularización, incluido los sistemas generales, como siempre hemos advertido los ecologistas, y por lo que hemos recibido multitud de insultos, amenazas y descalificaciones, no de los propietarios de estas viviendas, sino por parte de políticos, constructores y parceladores. El tiempo nos está dando la razón ante tanta demagogia y promesas electoralistas y populistas.