El proyecto para la instalación de una explotación porcina en Llano de Bureba (Burgos) está generando una enorme oposición vecinal. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra el proyecto debido a los graves impactos ambientales, pero también sociales, que puede provocar en el entorno de la instalación de esta macrogranja.

El proyecto sometido a información publica prevé el vertido de los purines en fincas colindantes a la instalación, lo que generará un grave problema de contaminación y malos olores. Se calcula que la explotación puede llegar a albergar unos 59.000 animales al año, que podrían generar más de 17.000 metros cúbicos de purines, más de los que puede soportar la balsa proyectada (sin tener en cuenta otros factores).

Por otra parte hay que tener en cuenta el consumo de esta instalación, que a juicio de Ecologistas en Acción y otros alegantes debería ser considerada industrial y no ganadera. Se calcula que consumirá 26.400 metros cúbicos de agua al año, un elevado consumo energético y por supuesto, un elevado tráfico de camiones en la zona.

Uno de los principales problemas asociados a la instalación de este tipo de explotaciones es la contaminación de acuíferos por purines. Con el tiempo, el nitrógeno de los purines se transforma en nitratos. Cuando su concentración es excesiva se infiltran a través del suelo alcanzando las aguas subterráneas, contaminando pozos y acuíferos, con riesgos para la salud y la propia agricultura.

La Junta de Castilla y León ha reconocido en el Informe de seguimiento de la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola y ganadero que “las medidas llevadas hasta el momento para el control de la contaminación con nitratos de origen agrario, han sido poco eficientes, necesitando ser mejoradas y completadas”. Por ello prepara nuevas medidas para combatir el problema generado. Sin embargo, en opinión de Ecologistas en Acción las medidas no tendrán efecto si, al mismo tiempo, se siguen autorizando nuevas instalaciones.

La única solución posible, es que se apruebe una moratoria en la concesión de nuevas autorizaciones ambientales que supongan un incremento de la producción industrial de porcino en la provincia, mientras se aplica un plan para la reducción paulatina del numero de cabezas de ganado hasta equilibrar los residuos generados con la capacidad de tratamiento y uso sostenibles.