El pasado 6 de julio el Director General de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, trasladaba a Ecologistas en Acción el reinicio del procedimiento de información pública del proyecto de almacenamiento de productos tóxicos y peligrosos de Almadén. El 16 de julio, Ecologistas en Acción pedía su nulidad por las deficiencias e irregularidades detectadas (ver nota informativa de 19 de julio).

Este último escrito destaca el Incumplimiento del derecho de participación pública en base a:

  • Reducción del plazo legal establecido: La regulación del procedimiento común establece un mínimo de veinte días (y no quince, como fijaba el anuncio oficial). Una vulneración de la defensa de los intereses legítimos, avalada por sentencias del TC en su interpretación del artículo 24 de la Carta Magna.

  • Reducción del plazo legal establecido en su cómputo: La regulación del procedimiento administrativo declara que “Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto”. Pese a lo cual, el anuncio oficial indicaba “Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante quince días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Dirección Provincial”.

  • Información deficiente: El anuncio no reconoce que el proyecto está sujeto a una evaluación de impacto ambiental, ni tampoco aclara ante quién y por qué vías pueden presentarse alegaciones o cualquier otra consulta.

  • Falta de transparencia en la información: Hay diferencias significativas en la presentación del anuncio en el diario oficial (donde refiere el proyecto de almacenamiento de productos químicos en la CM -415, km 35,4 de Almadén, a nombre de Minas de Almadén y Arrayanes S.A) y en el tablón de anuncios, más genérico e impreciso (alude “a la información pública por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas”).

La justificación, o excelencia técnica del operativo de solidificación de mercurio – aún por demostrar a gran escala – puede ser el detonante para la importación de toneladas de mercurio líquido, reproduciendo exactamente la misma situación que en los 80, cuando MAYASA incentivó el acopio de 11.500 toneladas de mercurio, que nunca fueron destinados a instalaciones seguras, y que acabaron siendo enterrados en un depósito de dudosa legalidad en el paraje Quinto del Hierro.

La Dirección General de Industria no ha tenido más remedio que plegarse a la evidencia, admitiendo favorablemente la alegación previa de desistimiento.