Telecom-CLM ha sido la encargada de instalar una de las 23 antenas de telefonía móvil que el Gobierno Regional, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías está subvencionando en la Sierra Norte de Guadalajara, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, en este caso dentro de un espacio protegido, “Valle y Salinas del Río Salado”, sin realizar ningún estudio de impacto ambiental, con destrucción de hábitat de protección especial, en época de alto riesgo de incendio y escasos metros de los nidos de aves carroñeras y rupícolas.
Ecologistas en Acción de Guadalajara ha solicitado a la Dirección Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, la paralización inmediata de la obra desarrollada en Santamera pedanía de Riofrío del Llano, que ya ha originado el ensanchamiento de un camino vecinal, la apertura de unos 300 metros de una nueva pista para acceder a la plataforma de la antena, el descuaje de vegetación protegida, la entrada de maquinaria pesada y el almacenaje de la estructura de la antena.
No es el primer caso que se da en la provincia, y considerando que el plan de instalación de estas antenas son necesarias para la comunicación de las personas, no quita que se deben cumplir unas normas básicas como solicitar los permisos necesarios a los ayuntamientos, teniendo el visto bueno de propietarios y vecinos, contar con informes ambientales favorables, realizar las obras en ubicaciones adecuadas y que no impacten a la fauna, la flora y el paisaje, no instalarlas en época de alto riesgo de incendio y que cumplan las distancias mínimas que recoge la Ley de Radio telecomunicaciones de Castilla-La Mancha.
Cuevas Labradas, La Miñosa o Tordelrabano son otros de los lugares donde ya se han instalado antenas de este tipo con las quejas de vecinos y generando impactos sobre vegetación, todo ello por no haber buscado una opción alternativa menos impactante y hubiesen contado con el consentimiento de vecinos y propietarios afectados.
Ecologistas en Acción pide que la instalación de estas infraestructuras necesarias para la comunicación de nuestros pueblos, sean cuidadas al máximo posible, evitando impactos innecesarios, contando con ayuntamientos y vecinos afectados, con los preceptivos informes ambientales y autorizaciones municipales y en ubicaciones, lo más adecuadas posible.