Colectivos sociales y de otra índole, exigen la tramitación inmediata de la Ley de caminos públicos rurales de Andalucía ante la posible disolución del Parlamento por la convocatoria anticipada de elecciones. La ley reforzaría la protección de los caminos públicos andaluces que en un 90 % de los municipios no están inventariados y que en algunas zonas llegan a estar usurpados hasta en un 80% por las fincas que atraviesan. Caminos olvidados por los ayuntamientos quedarían firmamente incluidos en su patrimonio.

Distintos colectivos han firmando un escrito instando a los partidos políticos, con representación en el Parlamento de Andalucía, a que se apresuren en la tramitación de la Ley de caminos públicos rurales de Andalucía al margen de que se vayan o no a adelantar las elecciones autonómicas. Dicha ley accedió a la tramitación urgente a principios de mayo, siendo aceptada por el Consejo de Gobierno y tomada en consideración por el Pleno del Parlamento ese mismo mes. Posteriormente el proceso se ha visto ralentizado tardando más de dos meses en la calificación de enmiendas. Los grupos firmantes piden que se reuna cuanto antes la Comisión de Medio Ambiente, siguiente paso en la tramitación, para elaborar el dictamen de la ley. Una disolución del parlamento podría poner en peligro su aprobación a pesar de haber sido aceptada por una amplia mayoría.

Los colectivos firmantes recuerdan a todos los grupos políticos que los caminos públicos están en peligro de desaparición ya que la normativa actual no garantiza que se mantengan abiertos y libres para su tránsito. El borrador de La Ley de caminos públicos rurales, acordado entre colectivos ecologistas, deportivos, agrarios y de defensa de los caminos, pretende reforzar la legislación para impedir que se cierren los caminos de titularidad pública y crear las herramientas oportunas para la recuperación, mantenimiento y defensa de los que actualmente están ya cerrados y/o usurpados. Según las estimaciones existentes, un 90% de los municipios andaluces, no dispone de inventario de caminos, es decir: se desconoce qué caminos son públicos y cuáles no lo son, lo que supone un problema para los usuarios, un foco de polémicas, disputas y agresiones, pero también suponen un problema para los propietarios. En zonas como Sierra Morena se estima que un 80 % de los caminos públicos que existen, están cerrados por las fincas que atraviesan, lo que es un atentado contra el derecho constitucional a circular y a disfrutar del medio ambiente (art. 19), pero también un brutal impedimento para el desarrollo turístico de los pueblos. Recuerdan que solo en Sierra morena, existen más caminos públicos usurpados que en la suma de las comunidades de Aragón, Asturias, País Vasco y Cataluña, todas ellas juntas.

Los Ayuntamientos; a veces por incapacidad, a veces por negligencia, otras para evitar posibles conflictos con la vecindad, a veces influenciados por las fuerzas más reaccionarias de sus municipios, etc., dejan morir en el olvido a sus caminos que se construyeron con recursos públicos y muchos siglos de esfuerzo. Para poner fin a esto inmediatamente, la tramitación-aprobación de la Ley de Caminos Públicos debe seguir adelante, como la principal herramienta posible para poder recuperar este patrimonio.

Los grupos firmantes exigen a los grupos parlamentarios que aceleren la tramitación por vía de urgencia de esta Ley, para que se apruebe a la mayor brevedad posible, antes de concluir este periodo de sesiones y no demorar la puesta en marcha de la misma, ya que es de una necesidad primordial para el desarrollo socioeconómico de los municipios andaluces.

Entidades firmantes:

– Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos
– Ecologistas en Acción
– Plataforma A Desalambrar
– Los Pies en la Tierra
– Plataforma Abriendo Caminos (Sierra de Cádiz)
– Amigos de los caminos