La simplificación del procedimiento, la falta de recursos humanos, materiales y económicos, dejar a los ayuntamientos y promotores la vigilancia y control de medidas correctoras y la creación de los bancos de la Naturaleza, suponen graves amenazas para poder cumplir los objetivos que marca la exposición de motivos del Borrador en información pública.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente un documento de Alegaciones al Borrador del Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha que se encuentra en información pública y cuyo plazo termina esta semana.
Las alegaciones presentadas se han basado en dos aspectos fundamentales: en la experiencia de participación de la asociación en los procedimientos de Evaluación Ambiental sujetos a la Ley 4/2007,  y el texto y articulado propuesto en la nueva Ley que se pretende aprobar.
Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al Borrador de Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que se encuentra en información pública y cuyo plazo finaliza esta semana. Con el objetivo de adaptar la legislación regional a la nacional (Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental) y con cuatro años de retraso, el gobierno regional pretende adaptar esta normativa nacional, que el actual Ministerio para la Transición Ecológica se está planteando volver a modificar, por lo que no tendría sentido continuar el procedimiento en Castilla-La Mancha.
La propuesta presentada por el Gobierno regional pretende “facilitar” el procedimiento de evaluación ambiental, reduciendo y simplificando criterios, plazos y medidas.  Deja de manifiesto la falta de recursos humanos y económicos necesarios para el cumplimiento de esta normativa y la cada vez más amplia en materia medio ambiental, llegando a afirmar que el encargado del control y seguimiento de las medidas correctoras, compensatorias y del Plan de Vigilancia Ambiental, serán el promotor, (la zorra a cuidar las gallinas) y el órgano sustantivo, los ayuntamientos, que en la inmensa mayoría son tan pequeños que no disponen de personal cualificado. Ecologistas en Acción considera que la guardería de Agentes medio ambientales deben velar por el cumplimiento y seguimiento de lo estipulado en esta norma, pero considera que sería necesario incrementar exponencialmente la plantilla.
Asimismo, Ecologistas en Acción ha solicitado la retirada de la Disposición Adicional Primera referente a los Bancos de Conservación de la Naturaleza al considerar que la naturaleza no es proveedora de servicios ambientales. Al categorizarlos como servicios pueden comprarse, venderse, ser sujetos de apropiación, usufructo, privatizarse, titularse, etcétera. Quien vende y compra “servicios ambientales”, está comercializando lo que la naturaleza ha realizado por millones de años. Tanto la invención de los servicios ambientales, la conversión en mercancías y la adjudicación de precios, así como la libre intervención de las empresas privadas, son parte de una economía neoliberal aplicada a la naturaleza. Esto tiene un impacto directo sobre los territorios y los derechos colectivos de los pueblos pues se estaría restringiendo el uso que tradicionalmente le han dado y estarían cediendo estos derechos a un tercero.
 
Respecto a los Anexos que contemplan los proyectos que deben someterse a Evaluación Ambiental Simplificada y Ordinaria, Ecologistas en Acción, ha solicitado que los organismos modificados genéticamente y las granjas para cría y engorde de pavos de 10.000 o más, pasen la evaluación ordinaria. Y respecto a la evaluación simplificada se excluyan los proyectos con organismos modificados genéticamente, se incluyan las granjas para cría y engorde de pavos de 2.000 o más y se cumplan los requisitos de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
 
Y por último, en relación al articulado del Anteproyecto de Ley, hemos propuesto la modificación, eliminación o adaptación a normativa Europea, de al menos 17 artículos, cuyo objetivo ha sido garantizar una adecuada evaluación ambiental, empezando por la calidad y completitud de los proyectos presentados por el promotor, por medidas que plasmen una participación real que llegue a todos los interesados, ya sean afectados directos o indirectos, que se vele por los espacios naturales protegidos y que el órgano ambiental (Consejería de Medio Ambiente) vele por el cumplimiento de los objetivos de la conservación de los ecosistemas, la calidad de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Como medida particular, hemos pedido que se establezca una fianza de 24.000 euros que sirvan para el cumplimiento de las medidas correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto y como responsabilidad ambiental en caso de cualquier posible incumplimiento.