• Colectivos vecinales, Ecologistas en Acción y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo solicitaron acceso a los acuerdos entre la sociedad DCN y ADIF sobre los terrenos de la Operación Chamartín.

  • En la respuesta recibida esta semana se comunica que la sociedad formada por BBVA y la constructora San José se oponen a facilitar la documentación que lleva oculta 25 años

  • La oposición de DCN podría retrasar durante años la publicación de estos acuerdos

  • Ante el empeño por ocultar la información cabe plantearse de nuevo la legitimidad de continuar con un proyecto urbanístico de grandes dimensiones y enormes impactos para la ciudad de Madrid

El único colectivo que de momento ha obtenido respuesta por parte de ADIF ha sido la asociación vecinal de San Cristóbal del Barrio de Castilla. En la contestación el organismo público accede a facilitar una parte de la documentación relativa a la Operación Chamartín (actualmente denominada Madrid Nuevo Norte), que abarca el periodo 1993-2017 de gestación de esta operación. La nota llega en respuesta a la solicitud formulada por dicha asociación el pasado 29 de junio. El organismo público rechaza el acceso a tres informes también solicitados.

Sin embargo, los colectivos sociales podrían tardar años en ver los documentos solicitados y que han permanecido ocultos a la opinión pública hasta la fecha, en algunos casos durante 25 años. La razón es que Distrito Castellana Norte (DCN), formada por la entidad finnaciera BBVA y laconstructora San José, se ha opuesto a que se facilite la información, y según los procedimientos legales, en el caso de que esa entidad interponga un recurso contra la autorización parcial ahora acordada por ADIF, se tardarían años hasta poder finalmente acceder a la información.

Concretamente, el artículo 22 de la Ley 19/13 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece que, cuando exista oposición de terceros, el acceso a documentación sólo se facilitará en caso de que no se interponga recurso contra la resolución o cuando en caso de interponerse se haya resuelto el mismo. De acuerdo a los plazos habituales de estos procedimientos, en el caso de que DCN recurriese ante los tribunales, se puede estimar que la sentencia tardaría 2 o 3 años, y en caso de ser recurrida 4 o 5 años.

La Plataforma Zona Norte, Ecologistas en Acción, la Fedederación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo no pueden sino denunciar esta situación que impide el acceso de la ciudadanía al conocimiento de acuerdos y decisiones que afectan a instituciones, intereses y bienes de naturaleza pública, y deberían estar directamente accesibles al escrutinio ciudadano desde el portal de transparencia.

Mediante estas dilaciones y argucias legales, la entidad ferroviaria, en connivencia con DCN, está impidiendo el acceso y abocando a las organizaciones a tener que defender un derecho obvio de acceso a documentación pública en los tribunales.

Es necesario recordar que, tras 25 años de demoras, cambios y maniobras opacas, la concesión de los derechos urbanísticos de Chamartín a DCN por parte de RENFE-ADIF está bajo sospecha de irregularidad y fraude. Ni siquiera está claro que el acuerdo pueda mantenerse en vigor desde el punto de vista legal. Y resulta de todo punto inaceptable que a estas alturas la concesionaria DCN pueda seguir bloqueando el acceso de la opinión pública a los entresijos del proceso.

Por otra parte denunciamos la pasividad del Ayuntamiento de Madrid en relación a la opacidad de la operación Chamartín, no habiendo exigido a Fomento-RENFE la información sobre los antecedentes de la misma antes de negociar una ordenación (Madrid Nuevo Norte) donde se cede claramente a los intereses financieros de DCN, y llamamos la atención sobre la paradoja de que hayamos sido las entidades civiles la que llevemos la batalla por la transparencia ante los organismos del gobierno central, en lugar de hacerlo nuestra representación municipal.

Finalmente, reiteramos por todo ello la exigencia al Ayuntamiento de Madrid para que paralice la tramitación de MNN en tanto no se disponga de los antecedentes mencionados. Ante el empeño por ocultar la información cabe plantearse de nuevo la legitimidad de continuar con un proyecto urbanístico de grandes dimensiones y enormes impactos para la ciudad de Madrid.