En Castilla y León no hay un cuerpo de inspectores ambientales y es muy deficiente el sistema de inspección y vigilancia de las numerosas actividades que están sometidos a un régimen de permiso ambiental y al cumplimiento de su condicionado.

Así ha quedado constatado en las Cortes de CyL el 25 de septiembre de 2018 en la intervención de la Procuradora María Josefa Rodríguez Tobal y del Consejero de F. y Medioambiente relativa a la inspecciones ambientales a instalaciones ganaderas y en el  Plan de Inspecciones Ambientales 2014-2016 de la JCYL.

Esta procuradora del Grupo Parlamentario de Podemos ha puesto en evidencia lo que es conocido dentro de la administración y por los habitantes del mundo rural: que hay escasos inspectores ambientales (23 técnicos públicos, a tiempo parcial y cuando se lo dejan otras obligaciones) y que el número macrogranjas que inspeccionadas es escaso, y  nulo si hablamos de pequeñas y medinas granjas.

Por otro lado, y de forma complementaria estarían los Agentes de la Autoridad, cuya labor se basa en la existencia de denuncias y flagrantes ilegalidades que conllevan una inspección, y que en pocas ocasiones realizan inspecciones o el seguimiento de tales instalaciones.

En todo caso no hay control sobre el esparcido de los purines en fincas agrícolas y su condicionado, ni siquiera el control burocrático sobre los obligatorios libros de registro.

Contrariamente a esta realidad, el sector  de la ganadería intensiva y las autoridades de CyL defienden  la existencia, ampliación y nueva instalación de grandes granjas (porcinas, aviarias y vacunas de leches) porque dicen que cumplen con la normativa, que están rigurosamente controladas y que las mismas tienen excelentes medidas para evitar daños al medioambiente. A parte de otros argumentos demagógicos, como que evitan la despoblación, y son compatibles con actividades como el turismo.

Lo cierto es que en el periodo de 2014-2016 según el Plan de Inspecciones de la propia JCYL se realizaron  291 inspecciones; afectando al 68,8 % de las 427  instalaciones ganaderas que están sometidas al régimen Autorización Ambiental. Destacan muy negativamente las provincias de Ávila que con cero inspecciones sobre las 33 granjas  con Autorización ambiental, y Zamora con cuatro inspecciones de las 34 existentes con Autorización.

Fuera de esta inspección de la JCyL quedan la gran mayoría de  granjas intensivas, es decir la granjas de menos de 2000  de cerdos de cebo, 750 cerdas reproductoras o 40.000 de gallinas ponedoras que ahora está sometidas al trámite  de comunicación ambiental municipal y cuya primera  inspección municipal corresponde a los Ayuntamientos, y que salvo raras excepciones no ejercen.

Además tenemos el incremento en la contaminación  por nitratos detectadas en el agua potable por actividades agrícolas y ganaderas. En la provincia de Soria durante 2018 ha habido 16 localidades con niveles de nitratos por encima de los 50 mg/l en el agua de boca, en Segovia 7 por arsénico y nitratos, 8 en León. A estos hay que sumar otros muchos municipios con elevadas concentraciones  que no superan los niveles legales, pero que son muy preocupantes.

Sin olvidar se va a aprobar un Decreto en CyL que supone un incremento del número de municipios declarados como “zonas vulnerables” por contaminación por nitratos. De los 67 designados en 2009 se pasa a los 716 municipios con problemas de nitratos en sus acuíferos. Este decreto  no está todavía en vigor y por lo tanto no condiciona la las macrogranjas que se están autorizando en estas fechas.

Esta realidad ambiental, jurídica y administrativa es lo suficientemente alarmante para que se adopten medidas inmediatas y en todo caso se paralice la autorización de nuevas granjas,  ante la que que numerosos pueblos de toda Castilla y León se están movilizando.