[Informe] Impactos de la caza en el medio rural y natural

La práctica de la caza está cada vez más cuestionada en nuestra sociedad, genera polémica en cualquier ámbito social, tanto de jóvenes como de personas mayores, de entorno urbano como rural, esto se está notando de manera especial en los últimos años.

La crítica no solo se hace desde un punto de vista ético o moral, como muchas veces se dice, utilizado como argumento de autodefensa de los cazadores, que se trata únicamente de una excesiva sensibilidad malentendida y malintencionada de personas urbanitas, desconocedoras del medio rural y su idiosincrasia, llevando así al desdén y desprecio por estos argumentos contrarios a la caza y a las personas que los defienden.

También desde un punto de vista social y económico desmontando mitos en torno al dinero que deja la caza como único sustento de las zonas rurales o que la caza asienta población en zonas deprimidas que, no lo serían si el argumento fuera cierto.

Por supuesto también de preocupación por la conservación de especies y ecosistemas, un argumento cada vez más usado puesto que es cada vez mayor el daño que la caza causa en determinadas poblaciones y por consiguiente en ecosistemas concretos, alejándose con datos objetivos de ese repetido discurso de que la caza es fundamental para el sostenimiento de la biodiversidad, siendo una práctica que en muy pocos casos se adapta a las condiciones de espacios o especies sino más bien a deseos de sus practicantes y al desconocimiento o mala intención de sus gestores.

Se pone en cuestión además el hecho de que se trate de una actividad ejercida por un muy pequeño sector de la población que sin embargo afecte tan negativamente a un sector mucho más grande, incluso de manera indirecta al resto de personas no cazadoras, sean o no sean usuarias del monte. La caza se basa en el deseo y la satisfacción de matar animales por diversión, sin justificación ni objetivo alguno.

Todo esto ha supuesto una clara y rotunda desafección de las personas no cazadoras hacia los cazadores y sus prácticas.

Para dar respuesta e intentar contrarrestar esta opinión contraria creciente, los cazadores a nivel estatal y también por las distintas comunidades autónomas (en adelante CC AA), con desigual éxito, se están organizando en lobbies de presión que ejercen su función sobre una clase política, ya de por si proclive a beneficiarles, especialmente en algunas CC AA, necesitada de ese sector de votantes. Para esta labor se han propuesto dar una imagen de la caza beneficiosa para la biodiversidad y para el medio rural en su conjunto. Una actividad garante de la supervivencia de determinadas especies, controladora de otras y necesaria para el sostenimiento del medio rural y sus gentes; utilizando para ello argumentos muy enrevesados y difícilmente justificables y en ningún caso apoyados por estadísticas ni estudios científicos que los avalen.

A esto se suma que la práctica de la caza dificulta, y en muchos casos impide, el desarrollo de otras actividades, lúdicas o económicas, que se desarrollan en el territorio, como en senderismo, el turismo rural, el ecoturismo, la observación de aves, recogida de setas, la ganadería, etc.

La caza y su verdad tiene muchas aristas y es complejo poder explicarlas todas, tanto las que se ven y son obvias como las que no se ven, que están escondidas tras el negocio, como el blanqueo de dinero, la falta de sanidad y control animal, el maltrato animal, las amenazas directas y veladas a sus detractores, etc. Todo ello es un fiel reflejo de esta práctica tan cuestionada hoy en día y una realidad del medio rural y sus poblaciones que poco a poco va saliendo a la luz.

Con este informe, como continuidad del anterior del año 2016 Los Impactos de la Caza en España, 7 verdades de la caza se pretende poner sobre la mesa con una extensa casuística, siempre abierta a ser ampliada, la incompatibilidad de la práctica de la caza con otros usos del territorio más compatibles y más sostenibles.

Se hará un repaso por los siguientes usos:

• Cortes de caminos y otras vías públicas de forma total o parcial. Servidumbres, vías pecuarias, etc.
• Acceso y estancia en espacios y fincas públicas.
• Usos recreativos: paseos, senderismo, bicicleta, montar a caballo, comidas campestres, vivac, etc.
• Interpretación y turismo de naturaleza.
• Astroturismo.
• Paseos con animales de compañía.
• Recolección de setas y otros frutos silvestres
• Acceso a fincas y ejercicio de otros usos del monte: apicultura, leña, pesca, ganadería, aprovechamientos forestales y agrícolas, etc.
• Atención de emergencias y protección contra incendios

Hoy en día a los cazadores les gusta denominarse deportistas, aunque no cumple ninguno de los requisitos para ser así considerada. Se trata entonces más bien de una actividad puramente recreativa, sin profesionalizar, realizada por todo tipo de personas (en mejor o peor estado físico) y fundamentalmente económica. Existen federaciones y competiciones de caza organizadas por los propios cazadores, pero en ningún caso la práctica de esta actividad puede asociarse al deporte ni a sus normativas.

Las licencias de caza en 1987 ascendían a 1.283.353, en 2017 apenas llegan a 850.000 (según el informe del Círculo Fortuny), lo que equivale a un 2 % de la población española, uno de los datos más altos de Europa, lo que casualmente puede coincidir con la mayor laxitud en relación a la legislación en materia de bienestar animal.

Es curioso también descubrir que a pesar de haber descendido notablemente las licencias de caza, en la última década las zonas de caza han aumentado un 12 % en España. Es decir, el número que personas que cazan son menos, sin embargo “ocupan” y privatizan cada vez más territorio en nuestro país, limitando o impidiendo directamente el uso y disfrute de ese territorio para otro tipo de actividades. Además de eso, todo el sector a nivel nacional está unido y se fortalece cada vez más ejerciendo como un grupo de presión probablemente como efecto acción-reacción ante la pérdida de licencias que arrojan los datos y con la intención probable de convertir la caza en la nueva apuesta industrial del medio rural que cope el uso del territorio y que tenga un objetivo puramente mercantilista.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, de las 50.478.200 hectáreas que conforman el territorio nacional, un total de 43.945.027 están destinadas a la caza, o lo que es lo mismo, el 87 % de nuestra superficie es terreno de caza (Revista Jara y Sedal septiembre 2017).

Estas zonas cinegéticas se dividen en reservas de caza, cotos regionales, cotos sociales, zonas de caza controlada, cotos municipales, cotos privados de caza, cotos deportivos, cotos intensivos, refugios de caza y terrenos no cinegéticos (vedados). Los que más espacio abarcan son los 26.951 cotos privados de caza, que ocupan 29.098.095 hectáreas, es decir casi el 58 % del territorio nacional es coto privado de caza.

La comunidad autónoma con más superficie de caza es Castilla y León, con aproximadamente 8,39 millones de hectáreas. A esta le siguen Castilla-La Mancha con 7,05 millones de hectáreas y Andalucía en tercer lugar con 7,03 millones.

Es necesario a día de hoy realizar una evaluación y unos estudios serios y objetivos sobre los impactos sociales, ambientales y económicos de la caza, así como establecer una comparativa de los mismos con la presencia y potencialidad de otros usos, mercantilistas o no, del territorio. Todo con el objetivo de poder valorar en su justa medida el impacto que tiene la caza en el medio rural y que por tanto sitúe a esta actividad recreativa en sus justos términos, con informaciones veraces y objetivas, huyendo de sensacionalismos y enfrentamientos y que permita a la sociedad en su conjunto, valorar con conocimiento de causa y no con generalidades, ideas vagas y opiniones.