El TSJA anula la modificación del planeamiento de Arahal para eliminar especiales protecciones del suelo rústico.

Ecologistas en Acción consigue con esta sentencia impedir la estrategia seguida por el Ayuntamiento para legalizar viviendas construidas ilegalmente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de notificar a Ecologistas en Acción una sentencia que anula la Modificación Puntual nº 34 del planeamiento urbanístico de Arahal (Sevilla), en lo referente al suelo rústico para eliminar la Especial Protección de Cauces y la Especial Protección Agrícola, con la que el gobierno municipal de IU-CA ha facilitado la legalización de viviendas ilegales, algunas de ellas con orden judicial de demolición.

Las normas no permiten extender Declaraciones de Asimilado a Fuera de Ordenación, la figura empleada para legalizar viviendas, a las construídas en Suelo de Especial Protección, por lo que en lugar de demoler el gobierno municipal optó por eliminar las protecciones.

El Pleno Municipal en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2013, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la MP 34 (Categorías de Suelo No Urbanizable), redactada por el arquitecto municipal, con el objetivo de modificar ciertas determinaciones contenidas en las normas subsidiarias de planeamiento de Arahal y su adaptación a la LOUA. Posteriormente hubo una segunda aprobación provisional en el Pleno Extraordinario del 12 de junio de 2014, que fue a su vez aprobada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla y publicada en el BOJA del 6 y 23 de marzo de 2015.

Los argumentos utilizados por el Concejal de Urbanismo, el mismo en la actualidad, fueron que no encontraban justificación alguna a las protecciones que se determinaron en las Normas Subsidiarias del año 1994 y que las mismas fueron arbitrariamente designadas por el equipo redactor de dichas Normas.

Sin embargo, el Tribunal encuentra injustificada la modificación del planeamiento y recuerda que el principio de no regresión calificadora de los suelos especialmente protegidos exige una motivación razonada, pormenorizada y particularizada de las actuaciones administrativas que impliquen la desprotección de todo o parte de esos suelos.

Por otra parte, determina que la modificación carece de evaluación ambiental y por último, señala, que no es lícito cambiar el planeamiento para legalizar viviendas ilegalmente construídas.

Esos mismos argumentos son los que lleva defendiendo -sin éxito hasta ahora- esta Asociación en los diferentes escritos de alegaciones a la MP 34, por lo que no tuvimos otra salida que presentar un contencioso en mayo de 2015.

La sentencia, que no es firme, podrá ser recurrida por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.

La sentencia, pone en tela de juicio la política municipal de legalización de viviendas. Desde que gobierna IU, el Ayuntamiento se ha mostrado especialmente favorable a la legalización de viviendas por encima de las exigencias legales, anteponiendo el interés de los particulares que construyeron en zonas no urbanizables y protegidas frente al interés general del resto de ciudadanos cumplidores de la legalidad.

Las normas no permiten extender Declaraciones de Asimilado a Fuera de Ordenación, la figura empleada para legalizar viviendas, a las construídas en Suelo de Especial Protección, por lo que en lugar de demoler el gobierno municipal optó por eliminar las protecciones.

Esta sentencia estimatoria se une a dos más en Salteras y Carmona, contra acuerdos que también desprotegían parcialmente suelo no urbanizable de especial protección, una línea de actuación que Ecologistas en Acción adoptó en 2014, ante los cada vez más frecuentes acuerdos de este tipo.