Es bien sabido que el PP castellano-leonés siempre apostó por no cerrar la central nuclear de Garoña (Burgos). En pleno debate por su cierre, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, anunciaba la creación de un impuesto al desmantelamiento, con el objetivo de encarecer el cierre. La amenaza no surtió efecto y Garoña no volvió a conectarse a la red eléctrica.

Es necesario conocer el origen de este impuesto para entender que no es un impuesto ambiental y, no lo será, de no cambiar los objetivos que persigue. Se concibió como un intento desesperado de frenar el desmantelamiento de la central burgalesa; no como un impuesto dirigido a corregir los impactos generados por la energía nuclear en Castilla y León.

Pero es que además, el proyecto que se está debatiendo en las Cortes de Castilla y León tampoco cumple con los requisitos necesarios para poder ser considerado como un impuesto ambiental. Para poder hablar de fiscalidad verde el impuesto no solo debe fijarse sobre un hecho que provoque un determinado daño ambiental, sino que también debe destinarse a fines que compensen ese impacto. Por ejemplo, modificar las pautas de consumo o incentivar el uso de otras tecnologías. Así que este caso que nos ocupa, una opción sería destinar lo recaudado a influir en la decisión de las compañías eléctricas para no producir energía nuclear. Pero lo cierto es que el origen de este impuesto fue precisamente todo lo contrario.

Según el texto aprobado los ingresos se destinarán a la financiación de los “programas de gasto de inversión en las zonas de influencia de las centrales nucleares”. Es decir, estamos hablando de un plan de reindustrialización que, puede, pero no tiene porque, cumplir con requisitos de sostenibilidad ambiental. Así podría servir para subvencionar una cantera que arrase con parte del patrimonio natural de la zona o para otorgar contratos a empresas constructoras que poco interés tienen en la protección ambiental. El impuesto no limita de ninguna manera estas posibilidades y, conociendo nuestra región no podemos descartarlas.

Según el proyecto la cuota tributaria será de 6000 euros por cada elemento combustible gastado y depositado. La cantidad resultante de multiplicar la cuota por los 2505 elementos de combustible de Garoña nos da algo más de 15 millones al año. El desmantelamiento puede costarle a Enresa 480 millones de euros. Además, Nuclenor hasta transferir la central a Enresa –que está exenta por ser una empresa pública– para que se haga cargo de la gestión y custodia de los residuos radioactivos. Podría producirse en 2019. Es decir, que podríamos estar hablando de dos, tres años de cobro del impuesto.

Ecologistas en Acción siempre ha mantenido que la energía nuclear es un negocio que beneficia a las empresas y no a la sociedad. Y este impuesto no servirá para garantizar la mejor gestión posible para los residuos almacenados en Garoña. De nuevo el juego político hace que se lancen cortinas de humo en vez de promover un proceso de desmantelamiento transparente y seguro. De paso se utilizan instrumentos destinados a mejorar la sostenibilidad ambiental, para todo lo contrario para lo que fueron creados.