Los medios de comunicación se han hecho eco de las enmiendas presentadas la semana pasada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso a la reforma de la Jurisdicción Universal propuesta en 2016 por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) propugnando un retorno a la regulación de 2009, introduciendo puntos de conexión para que puedan conocer los Tribunales españoles, tales como que deberá quedar acreditado que los presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España.

Desde la Plataforma de la sociedad civil Justicia Universal YA!, en la que participa Ecologistas en Acción, queremos poner de manifiesto nuestra profunda decepción con las referidas enmiendas ya que no van encaminadas a una verdadera y efectiva recuperación de la Jurisdicción Universal. Por ello, expresamos nuestra disconformidad y seria preocupación por la senda tomada por el Gobierno Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista en el cumplimiento de su compromiso público de recuperación de la Jurisdicción Universal en España.

Tal y como lo planteamos en la “Declaración de la Sociedad Civil para la recuperación de la Jurisdicción Universal” hecha pública el pasado día 22 de octubre la reforma de la Jurisdicción Universal se debe abordar con seriedad y rigor, y debe pasar por la vuelta a la forma originaria de 1985 aunque técnicamente mejorada y actualizada. Así lo avalan más de 50 Catedráticos y Profesores de Derecho Penal, Internacional Público y Constitucional de Universidades Españolas que se han adherido a la Declaración; así como más de 100 organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.

Por otra parte, vemos con gran preocupación que en el Gobierno de Pedro Sánchez -de quien no perdemos la esperanza de que haga de los Derechos Humanos una auténtica Política de Estado- primen por encima de los Derechos Humanos los intereses económicos y corporativos y las relaciones comerciales con países como Estados Unidos, China o Israel -acusados en numerosas ocasiones de vulnerar masivamente los Derechos Humanos-.

Igualmente queremos expresar nuestra alarma ante la posibilidad de que terminen prevaleciendo en la política socialista sobre Derechos Humanos los planteamientos cortoplacistas del Ministerio de Asuntos Exteriores filtrados a la prensa en relación con la posible reforma de la Jurisdicción Universal en los que llega a considerar que una recuperación de la jurisdicción universal a los límites que tenía en 1985 provocaría “un desprestigio para la institución de la jurisdicción universal y la decepción para las víctimas”. En este sentido, debemos recordar los éxitos de la Jurisdicción Universal en nuestro país, considerado como modelo y vanguardia mundial y expresar con rotundidad que la verdadera decepción para las víctimas de las más graves violaciones de derechos humanos es la impunidad y la falta de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación. Las víctimas son las que deben inspirar esta reforma y en ningún caso ser utilizadas como rehenes de la misma.

Por todo ello, es imprescindible que se aborden los nueve puntos clave (contenidos en la Declaración) que desde la sociedad civil consideramos deben inspirar la reforma, que se resumen, en consonancia con la propuesta realizada por el grupo de Asesores Expertos al Ministerio de Justicia, en la recuperación de una Jurisdicción Universal actualizada a las actuales manifestaciones de los más graves crímenes internacionales contra los Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario, sin sometimiento a condicionamientos o puntos de conexión que representan artificiales limitaciones a la misma.

Por último, desde la sociedad civil llamamos la atención del Gobierno socialista y el resto de los Grupos Parlamentarios sobre la necesidad de no dejar pasar la actual ocasión histórica para una auténtica recuperación efectiva de la Jurisdicción Universal que permita a las víctimas de las más graves violaciones de Derechos Humanos acceder a la justicia, la verdad y la reparación, así como adaptarnos a los retos globales a los que nos enfrentamos hoy en día en materia de Derechos Humanos, recobrando así el terreno perdido.