Cumplimos 70 años desde que la Asamblea General de la Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Durante este tiempo, los treinta artículos de la Declaración han sido violados o ignorados en muchos países, pero contar con este compromiso cívico ha servido para que la ciudadanía dispusiera de un referente moral para denunciar abusos y atropellos.

Además de llegar a un acuerdo entre las naciones, con la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce la obligación por parte de los Estados de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas: la salud, la educación, la vivienda, las prestaciones de desempleo, las ayudas familiares y la asistencia en situaciones singulares de necesidad. Al hacer balance de lo conseguido en materia de protección de la humanidad, comprobamos que muchos incumplimientos de estos derechos cívicos se deben a que se han quedado en el marco declarativo, enunciativo, sin que su puesta en práctica fuera efectiva y estuviera debidamente garantizada.

Además, el avance social de estas últimas décadas obliga a acoger derechos sociales insuficientemente amparados en esta Declaración, como son los derechos a la energía, al agua limpia, a la vivienda, a la igualdad de la mujer y también a un medio ambiente saludable.

Los objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2020 de las Naciones Unidas introducen de forma explícita estos derechos ambientales y los sitúan dentro de objetivos a alcanzar:

“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporando los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente”.

La degradación ambiental y el Cambio Climático hacen aún más perentorias las iniciativas para conseguir un desarrollo que no aumente la pobreza, la desigualdad y la opresión. Los desafíos que estamos llamados a encarar nos obligan a modificar nuestras pautas de producción y de consumo, asegurando que el acceso a los bienes básicos llegue a toda la población mundial.

No basta con ejercer conductas saludables y solidarias, necesitamos cambios radicales en las estructuras políticas para que los derechos humanos estén amparados, protegidos y desarrollados.

El ecologismo social que defendemos entiende que no puede haber un reencuentro con la naturaleza sin una modificación en profundidad de las relaciones sociales y no solamente del tejido productivo. Que, sin hacer frente a la erradicación de la pobreza y la miseria, sin resolver la desigualdad social, sin garantizar la democracia y participación, sin poner freno al derroche y a la destrucción, no hay salida a la crisis ambiental. En definitiva, tenemos que garantizar el mínimo vital existencial para todas las personas, es decir, alimentación, vivienda, sanidad, educación y derechos humanos para todos. Si no existe esta voluntad de cambio, si no se asignan los recursos económicos para financiar la lucha contra la desnutrición y la enfermedad, si las autoridades no ponen su empeño es perseguir estos objetivos, el desarrollo sostenible seguirá siendo una bella expresión con poco contenido y los derechos humanos continuarán siendo ignorados. A las organizaciones sociales que luchamos por erradicar la injusticia y garantizar un mundo preservado de agresiones y amenazas, nos toca saber conjugar un esfuerzo de organización, reflexión y acción, esta vez sí sostenido, para poder contraponer una alternativa de alianzas sociales enfrentadas a la agresión permanente del capitalismo global.

Daniel López Marijuán es miembro de Ecologistas en Acción