• La empresa pública SOMACYL ha expuesto a licitación pública este proyecto de casi 6 millones de euros que no se ha sometido a una obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental.
  • Si las obras comenzasen sin que el proyecto se sometiera a este procedimiento, los promotores podrían tener que pagar una multa de hasta 240.000 €.

La empresa pública de la Junta de Castilla y León,  SOMACYL, ha firmado un convenio con la Mancomunidad de El Barranco de las Cinco Villas para construir una depuradora para los cinco pueblos que forman esta entidad municipal (Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle y Mombeltrán). Ecologistas en Acción de Ávila, así como otros colectivos locales, han denunciado que el proyecto, de casi 6 millones de euros, es desmesurado para estas localidades, que suman poco más de los 3.000 habitantes.

El proyecto sigue su curso, y de hecho el SOMACYL lo ha sacado a licitación pública. Esto a pesar de que el mismo ni siquiera se ha sometido a la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco se ha contestado aún a las alegaciones de los afectados por las expropiaciones de las fincas que recorren los más de 12 kilómetros de colectores, así como la de la propia instalación de la depuradora.

Ecologistas en Acción de Ávila denuncia que, al tratarse de una EDAR para más de 10.000 habitantes equivalentes, la Ley de Impacto Ambiental 21/2013, en su artículo 7, establece la obligación de que los proyectos sean sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental. El comenzar las obras sin haberse sometido a la evaluación y sin que se dicte el correspondiente Informe de Impacto Ambiental es una infracción grave, con multas de hasta 240.000 € según la misma Ley de Impacto. Por otro lado, atendiendo al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, previa a la ejecución de la obra la depuradora necesita una autorización de uso excepcional en suelo rústico, que, según lo que a esta organización no consta que posea en este momento.

Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción de Ávila: “La Evaluación de Impacto Ambiental debe proponer alternativas y escoger la más viable. Esto ayudaría a que no se planteara un proyecto sobredimensionado y de enormes impactos ambientales y con tantas fincas expropiadas. Además es obligatorio y tanto el SOMACYL como el Ayuntamiento están infringiendo las leyes”.

El proyecto cada vez genera más oposición entre los vecinos de estas localidades. Una reunión para tratar el tema lleno un salón de actos, con más de 70 personas residentes en las localidades afectadas. Por otro lado, una petición iniciada para revocar los acuerdos de pleno, devolver la gestión del agua a los municipios y buscar alternativas más sostenibles cuenta ya con más de 800 firmantes en solo dos semanas.