El Sr. Miguel Ángel Palacios, en un reciente acto público, se manifestaba satisfecho con la próxima modificación del Decreto de Valorización de Escorias y afirmaba que “había sido un documento que había tardado en ver la luz casi 7 años, en gran medida por las trabas que las organizaciones ecologistas habían puesto a una medida que sin embargo redundaría en una gran mejora ambiental, lo cual era una gran contradicción”. Terminaba diciendo que finalmente el Consejo de Estado había dado la razón a la Dirección General de Medio Ambiente: “todo estaba bien” y que las objeciones de los ecologistas eran infundadas.

Cuando el Sr. Palacios achaca la responsabilidad de este retraso a los grupos ecologistas falsea la realidad. El representante de los grupos ecologistas en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMAC) tan sólo había emitido un voto particular discrepante con el dictamen positivo casi unánime del mismo. Dictamen, por cierto,  que ya venía redactado por la propia Dirección General de Medio Ambiente.

El Sr. Palacios omite un hecho trascendente: la propia Subdirección General de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente había formulado reparos sobre el borrador de dicho Decreto en un informe incluso más duro que el voto particular de los grupos ecologistas.

Por otro lado falta a la verdad cuando dice que el Consejo de Estado se ha pronunciado avalando el borrador del Decreto en su integridad y dictaminado que “todo está bien”; en realidad, dicho dictamen supone un varapalo en toda regla a su proyecto. Cuando el Sr. Palacios afirma lo contrario es que no lo ha leído, no lo ha comprendido o simplemente miente descaradamente.

Lo cierto es que el Consejo de Estado se ha pronunciado respaldando todas aquellas cuestiones que los grupos ecologistas hemos alegado en el voto particular, señalando de modo especial la falta de justificación a la hora de revisar y relajar determinadas exigencias ambientales.

El dictamen del Consejo de Estado es vinculante, motivo por el cual la CEOE ha manifestado su insatisfacción al considerar que con las enmiendas que hay que incluir el nuevo texto quedará corto. El problema es que la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria hizo un traje a medida en función únicamente de las demandas empresariales y al margen de unas mínimas cautelas ambientales. También intentaba regularizar algunos de los muchos vertidos incontrolados de escorias que suman cientos de miles de toneladas que fueron consentidos y alentados por la propia Dirección  General de Medio Ambiente en los últimos 10 años.