Una sentencia del Tribunal Supremo, da la razón a Ecologistas en Acción y termina con la permisividad de cazar especies en mal estado de conservación o de las que se desconoce su situación.
En 2014 Ecologistas en Acción recurrió la Orden del Consejero de Medio

Ambiente por la que se fijaban las limitaciones y épocas hábiles de
caza en la Comunidad de Madrid (conocida como Orden de Vedas) para el
período 2014-2015 y pidió su nulidad. Aunque inicialmente el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid desestimó las pretensiones de la
organización, ahora el Tribunal Supremo las ha estimado íntegramente.

Mediante sentencia de fecha 10 de diciembre de 2018, la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha
anulado la Orden impugnada. Aunque el fallo judicial anula la Orden del
periodo 2014-2015, el efecto trasciende a todas las futuras órdenes,
tanto de Madrid como del resto de comunidades autónomas. La sentencia
es firme y no recurrible.

El Tribunal Supremo anula la Orden de Vedas por dos motivos principales:
la inexistencia de informes previos sobre el estado de las poblaciones
cinegéticas y la inadecuada gestión de los métodos de trampeo.

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid lleva años
autorizando sistemáticamente la caza de especies, independientemente de
su estado de conservación. Todo ello, a pesar de que la Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, aprobada en 2007, establece que la
Orden de Vedas debe velar para que la práctica cinegética no se
realice sobre especies que se encuentren en un estado de conservación
desfavorable o desconocido y que no se desarrolle durante la época de
reproducción y cría de las especies que se declaran cazables.

Los informes aportados por Ecologistas en Acción en el procedimiento
judicial –realizados por doctores en biología de la Sociedad
Española de Ornitología– han demostrado que estos fines no se
habían alcanzado con la debida seguridad en la Orden anulada. De las
quince especies de aves a que se refiere, seis de ellas, perdiz roja,
paloma bravía, grajilla, codorniz común, urraca y zorzal charlo
presentan una tendencia negativa, o no se tiene información suficiente
sobre ellas, como para establecer una precaución en la explotación
sostenible de sus individuos que permita la viabilidad de la población
misma. La tórtola roja tiene un declive poblacional de un 30 %, por lo
que se incluye en la categoría de vulnerable.

La Sala da por probada dicha realidad y resta credibilidad al informe de
la Consejería de Medio Ambiente, por haberse aportado después de
aprobarse la Orden –no antes como debería haber sido–, porque no es
capaz de rebatir los datos sobre el mal estado de las poblaciones y
porque para especies de caza mayor (ciervo, gamo jabalí, muflón y
cabra montés) aporta cifras de poblaciones basadas en los accidentes de
tráfico proporcionados por aseguradoras de automóviles, insuficientes
a los efectos de lo que se pretende demostrar según recoge la
sentencia.

Por ello, la Sala concluye anulando la Orden recurrida por falta de
los informes técnicos previos necesarios de carácter biológico que,
en una materia tan sensible para el medio ambiente como es la
preservación de las especies cinegéticas y su utilización racional
resulta preceptivo.

En relación a métodos de trampeo (lazos y cajas trampa) para especies
como grajilla, urraca, corneja y zorro, la orden anulada los autorizaba
sin establecer periodos hábiles. Ello supone que se pueden autorizar y
usar estos métodos de captura todo el año, incluidos los períodos de
veda y de reproducción de las especies, vulnerando la Ley de Patrimonio
Natural y Biodiversidad.

Ecologistas en Acción valora muy positivamente la sentencia por dos
motivos. En primer lugar porque deja en evidencia la nefasta gestión
cinegética que se realiza en la Comunidad de Madrid, desde hace años.
Segundo, por el efecto que tiene sobre las futuras Órdenes de Veda,
tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto del territorio estatal.
A partir de ahora, los informes previos son preceptivos y no podrá
autorizarse la caza de ninguna especie que esté en declive o con
tendencia desfavorable, o de la que se desconozca su estado o bien esté
en periodo de cría.

La organización espera que esta sentencia introduzca racionalidad en la
gestión de una actividad, la caza, cada vez más controvertida y
cuestionada por gran parte de la sociedad.