Presentadas más de un millar de alegaciones, recogidas en una semana. En las alegaciones piden al Alcalde, Jorge Pérez Gómez, que deniegue la autorización de uso excepcional de suelo rústico y las licencias, ambiental y de obras, solicitadas por SOMACYL, para la instalación  de una central de producción de energía térmica (48,67 MW) con biomasa y para la ejecución del primer tramo de tuberías de la denominada “red de calor León-Norte”.

Este  proyecto fue rechazado en el municipio de León,  primero por los vecinos de Eras de Renueva y  luego por los de Cantamilanos y La Inmaculada. Ahora el Ayuntamiento de Villaquilambre, a pesar del cambio político de esa alcaldía,  sigue empeñado en implantarlo en Navatejera en contra  de la opinión de buena parte de sus vecinos. Se sigue tramitando  con las mismas carencias en cuanto a publicidad y transparencia,  y a toda prisa,  incluyendo tres expedientes  en el mismo anuncio de información pública (BOCYL 04.01.19).

Especialmente grave nos parece que se siga obstaculizando la participación ciudadana por el gasto de dinero público que conlleva el proyecto,   y porque  provocará emisiones contaminantes a la atmósfera en cantidad nada desdeñable debido a la potencia térmica (48, 67 MW) que sumarán las cuatro calderas proyectadas,  rozando en  su conjunto  el límite de 50 MW que obligaría  a someter el proyecto a  Evaluación de Impacto y Autorización Ambiental,  en vez de tramitar  la licencia municipal solicitada por SOMACYL, menos exigente a la hora de establecer condiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana.

A menos de 100 metros de la vivienda habitada más próxima y a menos de 500 metros del  Complejo Hospitalario de León, la  incineradora de biomasa de Navatejera, funcionando a la máxima potencia prevista, quemará cerca de  45.000 toneladas anuales de astillas de madera, un promedio diario de 123.000 kg  durante todos los días del  año. En este proceso de conversión de la materia orgánica en ceniza se emite a la  atmósfera monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), metales pesados  y tóxicos peligrosos como los cancerígenos  benzopireno y dioxinas,  en proporción a la cantidad de  biomasa que se incinere.

Estas emisiones, y las generadas por el trasiego de camiones en el transporte del combustible, afectarán no sólo a las viviendas  y hospitales próximos, sino que, según la dirección del viento, pueden llegar  a la mayor parte de la  población  del municipio  de León y su alfoz. Po lo tanto  rechazamos este proyecto  en primer lugar por su  impacto negativo  sobre la calidad del aire y por su ubicación,  dada la importante emisión de sustancias contaminantes que  pueden provocar enfermedades broncopulmonares, cardiacas y cáncer.

Para que el uso  de la biomasa en instalaciones centralizadas sea realmente sostenible se deben realizar estudios de viabilidad de los ecosistemas forestales de los que se va a obtener el recurso y estos estudios brillan por su ausencia. La utilización de residuos forestales debe limitarse a residuos sacados del monte con auténticos criterios ambientales, de modo que se evite el riesgo de incrementar los aprovechamientos forestales (talas y podas)  con criterios económicos.

El uso de grandes cantidades de biomasa forestal sólo es viable desde el punto de vista económico,  cuando el residuo está concentrado y el abastecimiento es sencillo. Con el combustible disperso, los costes de recogida, almacenamiento y transporte se disparan;  lo que unido a la enorme inversión inicial, hace económicamente inviable el proyecto. Para  reducir  el consumo de combustibles fósiles mediante el uso de biomasa, el dinero  público debería destinarse prioritariamente   a subvencionar la sustitución de  calderas domésticas  obsoletas y  la  rehabilitación de inmuebles para hacerlos más eficientes.

La finalidad del proyecto es, en primer lugar, suministrar calefacción y agua caliente a  edificios  de la Junta ubicados en el municipio de León;    pero ni siquiera consta la relación de los que se van a  conectar   al primer tramo de tuberías. Habrá que justificar la demanda de calor de  esos edificios,  algunos de los cuales (Hospitales, Campus Universitario, etc.) es probable que tengan  sistemas de calefacción que aún no han sido amortizados. Todo ello  hace pensar que estamos ante otro proyecto especulativo que,  con la excusa de fomentar el  uso de energías renovables y reducir emisiones de CO2, desviará una gran cantidad de dinero público a las empresas  adjudicatarias, haciendo prevalecer intereses privados sobre el derecho a la salud de los ciudadanos.

Ecologistas en Acción solicita al  nuevo alcalde de Villaquilambre que paralice la tramitación del proyecto  porque, en resumidas cuentas,  es innecesario, despilfarrador, ajeno al bien común y, además de acumular gran rechazo social, ha sido heredado de un ejecutivo local acusado de corrupción.