• Ecologistas en Acción forma parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de 18 países de la UE que han lanzado la campaña ‘Paremos a las multinacionales. Stop ISDS’.
  • Piden la eliminación del sistema de ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS), un mecanismo que otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos si éstas consideran que están obstaculizando sus beneficios económicos.
  • En su lugar, la campaña ‘Paremos a las multinacionales. Stop ISDS’ exige un tratado internacional vinculante acompañado de una ley estatal, que permita responsabilizar a las transnacionales de la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde tenga actividad.
  • El mecanismo ISDS se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y el Tratado de la Carta de la Energía.

El Estado español es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales. Si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos.

Dos ejemplos actuales: Edgewater, una empresa minera canadiense, ha demandado al Estado español por cancelar la licencia de explotación de una mina a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) invocando un tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá y socavando con ello el derecho a la defensa del medioambiente y la salud del pueblo gallego. Vatenfall, una empresa energética sueca, ha demandado a Alemania dos veces por su plan de salir de la energía nuclear en 2020, lo que podría costar millones de euros a los alemanes.

Por su parte, las multinacionales españolas son de las que más utilizan esta justicia paralela para cobrar unas fortunas y socavar la soberanía en otros países. Por ejemplo, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y Telefónica han interpuesto demandas de arbitraje contra Colombia por regulaciones públicas en el sector de servicios.

Asimismo, 321 defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales fueron asesinadas en 2018 por oponerse a abusos corporativos. A día de hoy, sin embargo, las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales no logran acceder a la justicia.

Por todo ello, la campaña europea ‘Paremos a las multinacionales. Stop ISDS’, de la que forma parte Ecologistas en Acción, se articulará en torno a una recogida masiva de firmas para involucrar a millones de personas en toda Europa en torno a dos cuestiones:

  1. Exigir la eliminación de los tribunales corporativos (ISDS) en todas sus formas, salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS u otro mecanismo parecido, y no firmar nuevos tratados de este calado en el futuro.
  2. Promover el establecimiento de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, así como establecer leyes europeas y nacionales para poner fin a la impunidad corporativa.

La recogida de firmas se inicia el 22 de enero coincidiendo con el primer día del Foro Mundial Económico en Davos y tiene una duración prevista de un año. A su vez se ha acordado la realización de dos acciones globales de movilización ciudadana europea común en los meses de abril y octubre de este año.

Lucía Bárcena, portavoz de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña ‘Paremos a las multinacionales. Stop ISDS’: «Mientras que los representantes del BBVA, Repsol, Telefónica, Iberdrola están hoy en Davos sentados junto a los responsables políticos, muchos de ellos están a su vez demandando a los gobiernos para socavar las políticas progresistas que necesitamos. Pedimos a los lideres de la UE que utilicen Davos para comprometerse a poner fin al arbitraje entre inversores y estados, y respaldar leyes vinculantes que responsabilicen a las empresas multinacionales por la violación de los derechos humanos, sociales económicos y ambientales”.