Ante la nota del Gobierno de La Rioja, sobre el incendio de la Planta de Pradejón, desde Ecologistas en Acción queremos señalar que nos parece que viene a corroborar la falta de control y de correcta aplicación de la legislación en materia de gestión de residuos, del actual Gobierno de La Rioja, y más concretamente de la Dirección General de Calidad Ambiental. Y esto es así ya que en la nota se llega a señalar que la Planta es ilegal desde 2012, casualmente desde que Ecologistas en Acción denunció como se estaba gestionando la instalación. Pero a continuación se añade que esta instalación ha cambiado de propiedad, desde entonces, en cuatro ocasiones. Y nos preguntamos, ¿cómo ha sido posible que siendo ilegal haya cambiado de propietario y haya seguido funcionando?

Se manifiesta en la nota que se han abierto varios expedientes sancionadores y que incluso se dio traslado a la fiscalía por si se hubiese producido un delito contra el medio ambiente, para continuar afirmando que la fiscalía procedió a archivar la denuncia en 2017. Hay que señalar que, en la vía administrativa, si una instalación es ilegal, porque carece de autorización, hay que proceder a la clausura de las instalaciones y punto. El que el fiscal archivará la denuncia tampoco se entiende muy bien. Habría que saber las cusas ya que, en nuestra opinión, el delito estaba claro, tal como se ha podido comprobar con el incendio del lunes ya que los daños al medio ambiente y a la salud que se establecen para este tipo de delitos, han quedado claros,a lo que hay que añadir los antecedentes de incendios, como el ocurrido, “causalmente”, en mayo de 2012, un mes después de la denuncia de Ecologistas en Acción.

Y todo esto sin llegar a entender por qué se habla en la nota de propietarios de la Planta, cuando esta instalación fue construida con dinero público. No sabemos que tipo de cesión de propiedad ha sido posible, dentro de la legalidad. Y también desconocemos el papel que en todo este asusto asume el sector cultivador del champiñón que es el que produce los residuos y el que debería cubrir los gastos para conseguir una gestión adecuada.

En cuanto a que el propietario actual (entendemos que el cuarto desde la ilegalización), tenía la obligación de retirar los residuos, y que el plazo para ello finalizaba la semana pasada, corroboramos una vez más la “casualidad” de un incendio. Y, además, entendemos que la Consejería debería haber actuado subsidiariamente, retirando los residuos, para después proceder a repercutir los costes en la empresa y en el productor de los residuos, evitando así el riesgo de “accidentes”, como el producido el lunes.

Ante esta situación, consideramos que el Consejero de Agricultura, Ganadería y Media Ambiente, competente tanto en lo relativo a la gestión de los residuos, como en lo que se refiere al sector cultivador del champiñón, debería, a la mayor brevedad, dar las explicaciones oportunas que aclaren todas las dudas que se dan en este tema.