El COAM contra el vecindario: no al abuso y el trato de favor

Ecologistas en Acción Madrid, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Chueca y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), han interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para tratar de anular el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para el edificio sito en la calle Hortaleza, número 63, Distrito de Centro, promovido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y aprobado por el Ayuntamiento de Madrid.

La sede del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ocupa parte del edificio de propiedad municipal de las antiguas Escuelas Pías de San Antón, en la calle Hortaleza, en el barrio de Chueca. Desde su inauguración, en 2012, parte de los espacios cedidos al COAM se alquilan para celebrar eventos que nada tienen que ver con su actividad profesional (presentación de marcas comerciales deportivas, cosméticas, bebidas, etc.). En ocasiones, se han organizado fiestas hasta la madrugada con música en directo, al aire libre, en el jardín interior del complejo.

Esta actividad supone la afluencia de cientos de personas, emisión de ruidos, incremento del tráfico rodado, ocupación del espacio público de las calles aledañas para la carga y descarga de camiones, etc.

A raíz de las denuncias interpuestas ante el Ayuntamiento de Madrid por la Asociación de Vecinos de Chueca y Ecologistas en Acción, en lugar de paralizar las actividades que carecían de licencia, el consistorio decidió legalizar la celebración de esos eventos mediante la aprobación del Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos que ahora se recurre.

Si algún colectivo profesional debería ser escrupuloso con el cumplimiento de la normativa urbanística de la ciudad y respetar la convivencia vecinal es precisamente el de los arquitectos y arquitectas. Sin embargo, a nuestro entender, se han beneficiado de su influencia en el consistorio para lograr, mediante una interpretación errónea del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, legalizar actividades molestas y no autorizables. Pero ¡no todo vale!, ni si quiera si eres el COAM.

Para hacer frente a los costes del proceso legal, Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos de Chueca y la FRAVM, lanzamos desde el 7 de febrero al 7 de mayo de 2019 una campaña de donaciones.

Ayúdanos a costear los gastos del recurso judicial contra el #PelotazoCOAM

Necesitamos un mínimo de 6.655 euros 1para cubrir los costes básicos del recurso

Desglose de presupuesto

  • Honorarios abogadas 4.840 €
  • Honorarios del equipo de abogadas (4.000 €) más el 21% de IVA (840 €). El equipo tendrá una importante dedicación en horas a este recurso dada la complejidad del asunto.
  • Honorarios procurador 605 €
  • Honorarios del procurador (500 €) más el 21% de IVA (105 €).
  • Informe pericial 1.210 €
  • Honorarios del equipo de peritos (1.000 €) más el 21 % de IVA (210 €). El recurso contará una prueba pericial de carácter urbanístico que argumente la inviabilidad del mismo desde este aspecto.

Datos bancarios:

Nº de cuenta: ES22 1491 0001 2720 2846 9720 (de Triodos Bank)
Titular: Ecologistas en Acción de Madrid
Concepto: “Pelotazo COAM”
Plazo: 7 de febrero al 7 de mayo de 2019

Antecedentes

El edificio del colegio de San Antón Abad fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid en 1999 después de varios años de progresivo deterioro como consecuencia del cese de la actividad docente y de los efectos del incendio que, en 1995, afectó a la zona próxima a la fachada de la calle Hortaleza.

En el año 2006, el Ayuntamiento de Madrid suscribió un Convenio de Colaboración con el COAM, cuyo objetivo era la rehabilitación del antiguo Colegio de San Antón, generando un nuevo foco de actividad en el centro de la ciudad mediante la creación de varios núcleos de servicios y equipamientos para diferentes colectivos sociales.

Las nuevas edificaciones albergarían la Sede Central del COAM, la Fundación Cultural COAM y un Centro de Documentación. Se construirían además un conjunto de equipamientos de gestión municipal: escuela infantil, centro de día, centro de mayores, piscina cubierta y una escuela de música. Todos ellos se organizan en torno a un jardín, como espacio público libre central.

Mediante dicho acuerdo el COAM asumía el coste de rehabilitación del edificio. El Ayuntamiento cedía a esta entidad, a través de un derecho de superficie por un periodo de 75 años, un total de 12.000 m² de los 21.000 m² que corresponden a la edificabilidad estimada como capacidad máxima del edificio y los restantes 9.000 m² se destinaban al programa de equipamientos.

El acuerdo contemplaba también la construcción de un aparcamiento con una capacidad estimada de 500 plazas, de las que dos tercios (2/3) se destinarían a aparcamiento de residentes.

Estas determinaciones se recogieron en la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en el ámbito de la iglesia y Escuelas Pías de San Antón que se aprobó definitivamente por Orden 3033/2006, de 14 de septiembre del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

El nuevo complejo se inauguró en febrero de 2012 y desde entonces, el COAM destinó parte de las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Madrid a celebrar eventos, aunque esa actividad no estaba contemplada, ni era autorizable según la Modificación Puntual del Plan General aprobada en 2006 ni el convenio suscrito en el mismo año, que establecían, para las instalaciones cedidas al COAM, usos administrativos (oficinas, aulas, etc).

Molestias vecinales y denuncias

Muchos de los actos (presentaciones de marcas deportivas, bebidas, cosméticos, etc.) que se celebran en la sede del COAM no tienen relación con la actividad colegial (como exigen las normas citadas), pero reportan importantes beneficios a la entidad, que pretende así utilizar esta explotación del espacio cedido como fuente extra de financiación.

Estas actividades conllevan la afluencia de varios cientos de personas, vehículos particulares, consumo de comida y bebida, música hasta la madrugada -incluyendo actuaciones en vivo al aire libre en el jardín de uso público-, ocupación de viario público por los camiones de carga y descarga, etc. Buena parte de esta actividad carece de licencia y se desarrolla, por tanto, al margen de la legalidad.

Ante las molestias que los eventos generan, vecinos y vecinas de Chueca han interpuesto numerosas denuncias y han llevado el caso hasta la Junta Municipal de Distrito de Centro. Sin embargo, no se tomó medida alguna, ni en su día por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular, ni tampoco posteriormente del de Ahora Madrid.

Legalización de la actividad de celebración de eventos promovida por el COAM

En 2015, gobernando el Partido Popular, el COAM presentó un plan especial con la intención de legalizar la situación, pero lo retiró después de que Ecologistas en Acción presentara alegaciones evidenciando la ilegalidad de la propuesta. En 2016, gobernando Ahora Madrid en el Ayuntamiento, se volvió a reiterar la propuesta presentando un Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU) que fue aprobado definitivamente en julio de 2017 por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el único voto en contra del Grupo Municipal Socialista. De esta forma se han legalizado las actividades ajenas a la función colegial y profesional y se le permite continuar con ellas.

Interposición del recurso contencioso-administrativo

Este nuevo plan especial considera que el uso terciario-recreativo, que es el que corresponde a la celebración de eventos, es un uso asociado a la actividad colegial y, por tanto, lo autoriza. Sin embargo, a juicio de Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos de Chueca y la FRAVM, nos encontramos ante una clara vulneración del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

El planeamiento recurrido tampoco da soluciones a las plazas de aparcamiento. La celebración de eventos supone un incremento de afluencia de público y de vehículos y, por tanto, un aumento de niveles sonoros en una zona declarada de protección acústica especial. El plan especial lejos de dar solución a esta problemática incrementa el número de plazas destinadas al uso terciario (celebración de eventos) reduciendo las plazas de dotación y de residentes.

El plan especial tampoco resuelve el problema de la carga y descarga, otra de las actividades que más molestias genera al vecindario, por el ruido y la ocupación de espacio público. Cada vez que se celebra un evento, varios camiones ocupan -en ocasiones durante días- el viario público para suministro de bebidas, comida, atrezo, generadores para reforzar la potencia eléctrica, etc.

Pero además de estos efectos ambientales negativos, de forma más general, los colectivos que hemos interpuesto el recurso, consideramos un preocupante precedente considerar el uso terciario-recreativo como asociado a las actividades colegiales. A partir de ahora cualquier colegio profesional podrá hacer lo mismo. Sus sedes se podrían transformar en bares, restaurantes y salas de fiestas, sin cumplir con los requisitos que se exigen a este tipo de establecimientos.

Como se ha señalado, resulta lamentable que sea precisamente el colegio profesional que agrupa a arquitectos y arquitectas el que pretenda establecer un precedente en este sentido, forzando la normativa y atentando contra la calidad de vida de la ciudad, cuando ese colectivo debería ser precisamente uno de los más comprometidos en la defensa del derecho a la ciudad, particularmente de sus residentes.

Sin embargo, todo hace pensar que se han beneficiado de su prestigio e influencia en el consistorio para lograr, mediante una interpretación errónea del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, legalizar actividades molestas y no autorizables. Pero ¡no todo vale!, ni si quiera si eres el COAM.

Por ello, en diciembre de 2017, los tres colectivos, de forma conjunta, interpusimos un recurso contencioso administrativo ante el TSJM contra el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos.

Desde que se interpuso el recurso, se ha presentado la demanda, un informe pericial y se está a la espera de que el TSJM valore las pruebas presentadas por los colectivos recurrentes y por el Ayuntamiento de Madrid y dicte sentencia.

Para hacer frente a los costes del proceso legal, Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos de Chueca y la FRAVM, lanzamos desde el 7 de febrero al 7 de mayo de 2019 una campaña de donaciones.

  1. Nota: las aportaciones a esta campaña no dan derecho a deducción en el IRPF al ser recibidas por Ecologistas en Acción de Madrid, asociación local que no está declarada de Utilidad Pública