Exige una investigación independiente que determine si Cobre las Cruces (CLC) pudo tener algún conocimiento previo de la inestabilidad de las instalaciones y taludes desplomados, y si pudo poner en riesgo la seguridad de las personas que trabajan en la mina. El colectivo desconfía de las entidades designadas para investigar el accidente y propone al organismo público CEDEX. Igualmente solicita que se comprueben los avales y garantías que la empresa tiene la obligación de tener para hacer frente a sus posibles responsabilidades, y que se ordene el sellado del acuífero aflorante en la corta minera de manera cautelar.

La denuncia se registró el pasado 8 de febrero en el seno de las Diligencias Previas iniciadas en septiembre de 2018 a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, que a su vez se basaba en una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción en enero de 2018, en relación a la construcción de la primera galería subterránea de la mina de Gerena.

En aquella denuncia, Ecologistas en Acción afirmaba que se podría estar produciendo una detracción ilegal de aguas subterráneas de entre 977.616 y 1.578.552 m³/año, mientras que el dirigente Mark Wayne Roebert, de la multinacional canadiense First Quantum –propietaria de CLC-, había aportado en julio de 2017 a la autoridad minera una nota aclaratoria donde garantizaba que no se produciría ninguna detracción ni derivación de aguas subterráneas.

La Fiscalía pudo comprobar la veracidad y exactitud de las previsiones de Ecologistas en Acción frente a las informaciones ofrecidas por CLC. Para ello le bastó con comprobar la lectura de los contadores instalados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en marzo de 2018, que reflejaron una detracción ilegal de 43,3 l/seg, equivalente a 1.368.224 m³/año.

Para Ecologistas en Acción resulta evidente que la CLC aportó datos falsos a las autoridades mineras para obtener, de manera fraudulenta, los permisos de construcción de la galería subterránea que ahora ha sido sepultada por el desplome de la mina. Por eso, Ecologistas en Acción considera que resulta imprescindible investigar ahora la relación entre esta sobreexplotación continuada del acuífero y el colapso de la mina del pasado 23 de enero de 2019. Mientras dura esa investigación, solicita que, de manera cautelar, se ordene el sellado del acuífero aflorante en la corta minera, para evitar su inundación con aguas ácidas de contacto y la contaminación del acuífero.

El colectivo ecologista desconfía de la imparcialidad de las personas y empresas designadas por CLC para realizar la investigación. Entiende que no puede ser realizada de manera independiente por la empresa SUBTERRA, generaría un claro conflicto de intereses, ya que fue la que realizó para CLC el proyecto de ejecución de esa galería subterránea en enero de 2017, incluyendo un estudio de estabilidad de taludes de la corta minera. Realizó además otro proyecto para la unificación y relleno permanente de la Instalación de Estériles de Tratamiento (IET) y la Instalación de Estériles de Mina (IEM), incluyendo un estudio de estabilidad geotécnica.

Tampoco puede considerarse libre de dicho conflicto de intereses al profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Ricardo Laín Huerta, que en 2017 realizó un estudio geotécnico y supervisó el proyecto de la galería subterránea mediante sendos convenios con CLC, según consta en el portal de transparencia de dicha Universidad.

A la vista del colapso producido precisamente en la IEM y del derrumbe de la zona norte de la corta minera que ha sepultado la galería subterránea, el resultado de esos proyectos y estudios de SUBTERRA y del profesor Laín no han sido satisfactorios.

La suerte, y probablemente la rápida alarma de alguna persona, ha salvado en esta ocasión la vida de las que estaban trabajando en la zona, que podrían haber sido decenas si el colapso se hubiera producido durante la jornada laboral diurna. Por ello creemos que hay que investigar si la seguridad de esas personas ha estado gravemente comprometida durante todo este tiempo.

Dado que actualmente el terreno todavía no está estabilizado, la autoridad minera ha tenido que decretar que “dada la magnitud del incidente, se determina que éste compromete gravemente la seguridad de los trabajos, de las instalaciones y de los trabajadores y se procede a proponer la resolución de suspensión provisional de los trabajos en la explotación minera, salvo los necesarios para la estabilización de la zona afectada.”, durante seis meses.

Ecologistas en Acción, ante los antecedentes delictivos de tres ex directivos de CLC que en septiembre de 2016 fueron declarados culpables por la Audiencia Provincial de Sevilla de delito contra el medio ambiente (contaminación con arsénico del acuífero) y de daños continuados al dominio público, ha manifestado en su escrito a la titular del Juzgado, su preocupación de que se pudieran estar ahora destruyendo pruebas que sirvan para determinar las causas del desplome y de las responsabilidades de CLC. Y es que de las fotografías aéreas realizadas se infiere, según técnicos consultados por Ecologistas en Acción, que la acumulación excesiva de rocas en la IEM ha producido un hundimiento de la base del terreno que se asienta precisamente sobre el acuífero, que ha sido dañado por la mina de manera continuada y más recientemente por la construcción de la galería subterránea.

En relación a la estabilidad de la mina y su relación con el sistema de protección del acuífero, Ecologistas en Acción ha puesto en conociendo del Juzgado varios informes realizados a lo largo de la vida de esta mina, por el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), organismo público de referencia, dependiente actualmente del Ministerio de Fomento y del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este organismo fue muy crítico con el diseño original de la corta minera, llegando a afirmar en su primer informe de mayo de 2002 que “De efectuarse la excavación de la corta con la geometría prevista se producirán deslizamientos e inestabilidades, bien de manera casi inmediata por efecto de una rotura progresiva o bien en el tiempo, muy pocos años después (…)”. A partir de estas dudas se modificó, parece ahora que no suficientemente, la geometría de la corta y se impuso la obligación a CLC de poner en funcionamiento un Proyecto de Auscultación Geotécnica que sirviera para medir de manera permanente el grado de estabilidad y seguridad de todas las instalaciones, mediante una red monitorizada de inclinómetros y extensómetros. CLC incumplió inicialmente esta obligación y de hecho, tal como predijo el CEDEX, los taludes de la corta minera se derrumbaron en abril de 2008. La IET también sufrió un importante deslizamiento en julio de ese mismo año.

Tras estos derrumbes y los episodios de contaminación con arsénico del acuífero, el CEDEX realizó un informe pericial en diciembre de 2009, para las diligencias judiciales que culminaron con la referida condena por delitos medioambientales, donde concluyó la gran relación existente entre el sistema de protección del acuífero y la estabilidad de la corta minera. Resulta por tanto adecuado que sea nuevamente el CEDEX quien realice un informe técnico sobre las causas y los posibles responsables del colapso, a partir de los proyectos de SUBTERRA, de los estudios del profesor Laín y de las mediciones que obligadamente han tenido que estar realizando los inclinómetros y extensómetros instalados durante los últimos años.

Ecologistas en Acción no olvida la experiencia de Aznalcóllar en 1998 con la empresa Boliden, que tras el colapso de la balsa minera reanudó la actividad hasta 2001, siguió cobrando ayudas públicas y se desentendió del accidente sin abonar ninguna cantidad por responsabilidad, ambiental o social. De esta forma el colectivo  considera fundamental que el Juzgado averigüe cuanto antes la situación de los avales que CLC debe tener depositados ante la autoridad minera y ambiental para responder por sus posibles responsabilidades.