La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), anulando la resolución de aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Minera Las Cruces (Sevilla), pone en cuestión la legalidad del PGOU de Chiclana, ya que la tramitación y la vulneración del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) han sido similares.

En este caso, al igual que se hizo con nuestro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la Junta de Andalucía dictó una resolución, acordando la sujeción, es decir, la equivalencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con que ya contaba el procedimiento de elaboración del Plan, a las normas de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El Tribunal, en su fundamento jurídico séptimo, tras analizar los requisitos de una EAE impuestos por la legislación estatal y el Derecho Comunitario, concluye que “la Administración había elaborado únicamente un Estudio de Impacto Ambiental y no puede convertirlo en otro Ambiental Estratégico, ni siquiera añadiendo los trámites omitidos porque los realizados no son equiparables”. En opinión del Tribunal se trata de técnicas distintas, de distinta naturaleza, que persiguen fines distintos y están sometidos a regímenes y procedimientos distintos. Por eso, no son intercambiables, como han pretendido, tanto la Junta como el Ayuntamiento.

Hay ya jurisprudencia abundante y consolidada del Tribunal Supremo en este sentido. La novedad de esta sentencia es que es la primera vez que el TSJA entra en el detalle y análisis del contenido de una EAE obtenida por este procedimiento de sujeción a un EIA. Este trámite de homologación fraudulento de un EIA a la EAE es sustancialmente idéntico al que se hizo en Chiclana en 2015. La diferencia no es baladí. En el proceso de EAE hay que partir de consultas a la ciudadanía, justificar las necesidades de la ciudad (viviendas, equipamientos, infraestructuras…) y analizar alternativas a su ubicación. En Chiclana se presentó un PGOU ya elaborado con crecimientos urbanísticos injustificados -17.190 nuevas viviendas con una población, prácticamente, estabilizada- , y se aprobó, en un claro alarde de especulación urbanística.

Si se termina por anular el PGOU de Chiclana, la sentencia está al caer, no será por falta de advertencias. Ya en 2014 notificamos a la entonces Delegada de Urbanismo la ausencia de la mencionada EAE. De nada sirvió. Toniza-Ecologistas en Acción de Chiclana presentó recurso ante la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. A ambas administraciones les pedimos a finales de 2015 que archivaran “las actuaciones del PGOU de Chiclana, poniendo fin al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y se inicie un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ”. No contestaron. Además, intervenimos en un Pleno municipal y otras tantas ocasiones advertimos al Alcalde de la ilegalidad en que se estaba incurriendo. Por expresa indicación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio siguió adelante. También le pedimos que iniciara como “Plan B” la tramitación de un nuevo PGOU, ajustado a las previsiones de la legislación de EAE de planes. Si se hubiera hecho, ya contaríamos con un instrumento de planeamiento completo, acorde a las actuales necesidades de Chiclana, ambientalmente más sostenible, y con toda la seguridad jurídica que impidiera una cuarta anulación judicial del PGOU. Cada día son más las evidencias y la contundencia de las “pruebas” que advierten de que este PGOU, guste o no, tiene los días contados. Las consecuencias de su anulación, serían demoledoras.

Aunque tarde, el Ayuntamiento, con el apoyo de todos sus concejales, debería poner en marcha el “Plan B”. No se puede seguir perdiendo el tiempo. Ya hemos malgastado más de 5 años inútilmente desde que advertimos de la ilegalidad en la tramitación del PGOU.

Toniza-Ecologistas en Acción de Chiclana no pide ahora dimisiones, ni que den un paso atrás los responsables, ni políticos, ni asesores jurídicos, ni personal de la empresa encargada de la formulación del Plan General. Ahora no. Ya habrá tiempo para ello. Pero no somos ingenuos. Sabemos que los intereses de nuestros representantes políticos no siempre coinciden con los de la ciudad. Y menos aún teniendo cerca una campaña electoral, pero creemos que a la ciudadanía no nos vale que “agachen la cabeza y tiren para adelante”. No nos vale ya. de anular el PGOU el TSJA, la estrategia dilatoria del recurso al Tribunal Supremo. Sería otra vez tirar a la basura dinero público, sería mal disponer del trabajo y esfuerzo de los empleados municipales, sería perder el tiempo inútilmente, sería hacer nuevamente el ridículo urbanístico, etc.

Nuestros representantes, de todos los partidos políticos, deberían, al margen de la contienda electoral, ponerse de acuerdo en ese “Plan B” urbanístico. Cuanto antes se afronten los problemas, antes hallaremos las soluciones.