• Ecologistas en Acción rechaza la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y su reconocimiento por parte de EEUU, Canadá, los países del denominado Grupo de Lima y gran parte de los de la Unión Europea, el Estado español entre ellos.
  • Ni la grave crisis económica y social que sufre Venezuela ni la represión del gobierno de Nicolás Maduro justifican los intentos de desestabilización e injerencia extranjera liderada por EE UU, que ha llegado a amenazar con una intervención militar que podría tener consecuencias terribles para el pueblo venezolano.
  • Ecologistas en Acción considera que ningún proyecto deseable de sociedad puede estar basado en el extractivismo petrolero y minero. Democracia y justicia social y ambiental son requisitos fundamentales para cualquier propuesta política justa y sostenible.

Los límites del extractivismo fosilista y la incidencia del cambio climático

La crisis multidimensional que vive Venezuela y que se ha ido agravando progresivamente en los últimos años tiene distintos determinantes, pero sin duda el principal es la caída de la renta petrolera de la cual dependen casi exclusivamente los ingresos del país.

Aunque la caída de los precios del crudo en el mercado internacional precipitó la crisis económica, el problema de fondo ha sido la disminución progresiva de las exportaciones de petróleo. Esta disminución no se debe al bloqueo económico (de hecho EE UU, el principal comprador del crudo venezolano, ha seguido importándolo) ni se explica solo por la corrupción y militarización en la compañía estatal PDVSA o la falta de inversiones por parte de compañías privadas que operan en el país como Repsol o Chevron-Texaco, sino que es debida fundamentalmente al agotamiento paulatino de las reservas del petróleo convencional. Y es que además de un problema de cantidad disponible decreciente, la industria petrolera venezolana se enfrenta a un problema de calidad, ya que la mayoría del petróleo del país es de tipo extrapesado y tiene unos costes de extracción más altos y un proceso de refino más complicado que el petróleo convencional.

Pero los límites de recursos no son el único factor ambiental que está influyendo en la crisis venezolana. También lo está haciendo el cambio climático. Alrededor del 65 % de la electricidad se produce en centrales hidroeléctricas, una producción que se vino abajo en 2016 y 2018 ocasionando cortes en la red de hasta 14 horas diarias en algunas regiones. El agravamiento en la frecuencia e intensificación de fenómenos como El Niño como consecuencia del cambio climático provoca grandes sequías, como las experimentadas en 2013 y 2016, que fueron las más severas de los últimos 50 años.

Sin embargo, la apuesta de los gobiernos venezolanos, tanto de las oligarquías tradicionales como del chavismo, ha ignorado completamente los condicionantes y límites ambientales. El chavismo se caracterizó por un incremento de la economía extractivista centrada en el petróleo, que supuso avances redistributivos, pero sin desligarse del capitalismo, y en los últimos años Nicolás Maduro ha intensificado de hecho la política extractivista apoyándose en inversiones chinas y rusas.  La explotación del petróleo pesado de la Faja del Orinoco y la intensificación de la explotación de carbón, con importantes consecuencias climáticas, evidencian esta apuesta reforzada por el extractivismo que ahonda en la dependencia de los combustibles fósiles y profundiza el cambio climático. Otro ejemplo es el decreto del Arco Minero del Orinoco que abre una enorme extensión de alto valor ambiental a la explotación minera a cielo abierto por parte de empresas transnacionales.

La crisis ambiental no explica por sí sola la situación venezolana

La crisis ambiental ha generado una situación de presión en una economía adicta al petróleo que ha desembocado a su vez en una grave crisis económica y social. Ante esta, la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ha sido un incremento de la represión y un recorte de las libertades y las formas de participación, algunas de ellas conquistadas por la población durante los años de gobierno de Hugo Chávez.

Por su parte, sectores extremistas de la oposición, muchos de los cuales representan a la oligarquía venezolana que en el pasado se enriqueció a costa del resto de la población, han impulsado varios intentos de cambio forzado de gobierno, han utilizado mecanismos violentos de coerción y han contribuido a exacerbar el conflicto social y desestabilizar el país. Su presión al gobierno ha escalado hasta desembocar en el actual intento de golpe de estado encabezado por Juan Guaidó y apoyado por EE UU y otros países como Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay y también España. Muchos de esos países, especialmente EE UU, llevaban varios años aumentando la presión política y económica sobre Venezuela incluyendo sanciones al país caribeño. A su vez, la prensa internacional ha emitido información sesgada y poco fiable, lo que ha contribuido a poner a Venezuela en el punto de mira internacional, por encima de muchos países donde se producen vulneraciones más acusadas de los derechos humanos.

A pesar la grave crisis económica, el clima de tensión y la limitación de derechos cívicos, no hay justificación posible para la injerencia extranjera. Otros países (por ejemplo Colombia, nación vecina) sufren mayores niveles de corrupción y represión sin que se les sean discutidas sus credenciales democráticas, se planteen golpes de estado o intervenciones militares.  Además, el interés de EE.UU. no tiene tanto que ver con el respeto a los derechos humanos sino con el control de los recursos petrolíferos y con la guerra comercial con China. Por ello,  por las actuaciones históricas del país norteamericano en América Latina y por su apoyo a gobiernos dictatoriales en otras regiones del mundo, no existe ninguna garantía de que el gobierno de Guaidó vaya a ser más democrático o a respetar los derechos humanos.

Ambas partes en litigio reclaman hoy una legitimidad que niegan al adversario, pero este intento de crear un estado paralelo no hace sino profundizar la crisis y aumentar el riesgo de un conflicto civil con participación internacional, sin duda el peor escenario posible para el pueblo venezolano. Se intenta construir un escenario de doble poder, que dé pie a la intervención “solidaria” de potencias extranjeras (EE UU), interesadas en el acceso sin trabas a los recursos energéticos y minerales de Venezuela excluyendo a competidores (China y Rusia), y en acabar radicalmente con la experiencia bolivariana, escarmentando así de intentos similares a otros países del continente.

La alternativa que debe plantearse no es gobierno (Maduro) u oposición (Guaidó), sino democracia, justicia social y sostenibilidad o neoliberalismo autoritario, extractivismo y pobreza para las mayorías. La desmilitarización de este conflicto social, político, ecológico y económico es un requisito imprescindible para evitar mayores sufrimientos a la población venezolana; no solo el ejército chavista, sino toda fuerza militar extranjera deben permanecer al margen de la imperiosa solución a un país en quiebra.

En este contexto, Ecologistas en Acción:

  • Rechaza la represión del Gobierno de Nicolás Maduro. La población venezolana tiene derecho a protestar sin ser criminalizada por ello.
  • Rechaza la autoproclamación de Juan Guaidó. La única forma de ser presidente o presidenta de Venezuela es ganar unas elecciones democráticas.
  • Rechaza el intervencionismo de potencias extranjeras, el bloqueo de recursos económicos de Venezuela y la amenaza de intervenciones militares.
  • Repudia cualquier atajo político antidemocrático que no pase por una solución pacífica y decidida por el conjunto de la población.
  • Enfatiza que las únicas políticas justas posibles requieren abordar a la vez una fuerte redistribución de la riqueza y una economía ecológica basada en consumos moderados de materiales y energías renovables.

Lo que está sucediendo en Venezuela no es algo excepcional. La crisis ambiental es global, y dentro de este sistema competitivo las maniobras de los poderosos para acaparar recursos escasos no harán sino incrementarse. La defensa de la vida, de su sostenibilidad, en un marco de justicia y democracia es un combate que nos concierne a todas en todo el mundo.