Ecologistas en Acción ha tenido conocimiento de que la nueva dirección de la empresa pública La Almoraima S.A. ha decidido mantener el recurso interpuesto contra el Decreto 150/2017 por el que se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Los Alcornocales y se amplió su ámbito territorial. Un escándalo y una clara sumisión a la política de la anterior gerente, la ex diputada del PP Isabel Ugalde.

Tras le nefasta gestión realizada por la anterior administración de la que es la mayor finca pública de Andalucía, parece que poco ha cambiado con el nombramiento de la nueva dirección por el gobierno de Pedro Sánchez. Ecologistas en Acción ya advirtió de las consecuencias que podría tener el nombramiento de personas ajenas a la gestión de fincas forestales y de espacios naturales. El gobierno socialista decidió, contra cualquier criterio técnico y de gestión, recolocar en esta empresa pública a dos personas defenestradas del desastroso proyecto de Las Aletas, un gigantesco polígono industrial proyectado en terrenos de Dominio Público Marítimo-Terrestre de la Bahía de Cádiz, nombrando presidenta de La Almoraima S.A. a Juana Mª Lázaro Ruiz, y gerente a Florencio Alonso Segur. La nueva dirección ha mantenido al equipo de confianza de Isabel Ugalde, ligados a ASAJA, que han seguido controlando la gestión de esta empresa pública.

La política de Isabel Ugalde y el gobierno del PP se basó en intentar privatizar La Almoraima y en oponerse a la ampliación del Parque Natural Los Alcornocales, que incluyó la totalidad de La Almoraima.

Al constituirse el gobierno socialista, Ecologistas en Acción solicitó a la ministra Transición Ecológica la retirada del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa pública La Almoraima S.A. contra el Decreto 150/2017 de la Junta de Andalucía, por el que se amplió este parque natural.

Han pasado los meses, y no se ha retirado este recurso, al parecer, por decisión expresa del gerente de la finca Florencio Alonso. Con la actual administración PP-Cs se corre el riesgo de que sea la misma Junta de Andalucía la que deje “perder el recurso”, no presentando informes periciales que justifiquen esta ampliación. Por lo que la retirada del recurso es la única garantía de protección de La Almoraima, La Alcaidesa y Guadalquitón, fincas de enorme valor ecológico sobre las que penden fuertes presiones especulativas.

El Gobierno socialista debe ordenar de inmediato a la dirección de La Almoraima S.A. la retirada del mencionado recurso, apoyando de forma clara la decisión adoptada en su momento por la Junta de Andalucía con un amplio respaldo institucional y social.