• Las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas de la mala gestión cinegética y de las sentencias recibidas desde el año 2003, motivan a Ecologistas en Acción de Castilla y León a reiterar la petición de dimisión del equipo directivo de la Consejería de Medioambiente.
  • Ecologistas en Acción considera que la Proposición de Ley anunciada por el Consejero para “blindar la caza” vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y podría ser considerada inconstitucional.

Ecologistas en Acción de Castilla y León solicitó públicamente hace un año la dimisión del Consejero de Fomento y Medioambiente de la Junta de Castilla y León y del Director General de Medio Natural por elaborar y aprobar normativa cinegética que había sido declarada ilegal por los tribunales. Estas personas deberían haber dimitido (o ser cesadas) además, por no adoptar medidas de estudio, censo y correcta conservación de las especies y poblaciones cinegéticas para garantizar el carácter de sostenible de la caza.

Hoy, un año después, dos sentencias y tres autos judiciales refuerzan e incrementan los argumentos que motivaron la petición de tales responsabilidades. También lo hace la constatación de que, a consecuencia de su mala gestión, existen graves desequilibrios en las poblaciones cinegéticas e incluso, para alguna de ellas, la amenaza de su estado de conservación.

Los propios cazadores, propietarios de terrenos y titulares de cotos sabían desde hace años que el soporte jurídico y técnico de su actividad estaba en el aire por carecer de los citados estudios poblacionales y ecológicos. Y en vez de ser exigentes con la Junta de Castilla y León, y con las organizaciones que les representan, prefirieron callar y aprovecharse de una laxa, cómoda y favorable normativa.

Que el consejero y juez, Juan Carlos Suárez-Quiñones justifique y defienda su gestión por razones económicas y que utilice como escudo a los cazadores, agricultores y ayuntamientos para no acatar escrupulosamente las sentencias y Autos Judiciales es demagógico, electoralista e impropio de un cargo público. La Proposición de Ley presentada ayer mismo por el Partido Popular no tiene como objetivo mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad de la actividad o la conservación de las especies, sino que es una huida hacia delante de evidente tinte electoralista. Además, Ecologistas en Acción considera que puede ser considerada inconstitucional al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, aspecto sobre el que existe sobrada jurisprudencia constitucional. Contrasta la diligencia mostrada en este caso con la lentitud de la reacción ante graves problemas sociales como la falta de atención sanitaria en el medio rural o los desahucios.

Ecologistas en Acción considera que la medida cautelar de suspender la caza, adoptada por el TSJ de Castilla y León es proporcional por cuanto la Junta de Castilla y León lleva desde el año 2003 ninguneando sentencias en materia cinegética en vez de adoptar medidas eficaces para cumplirlas. Y eso el consejero, como juez que es, debería conocerlo.

A la relación de sentencias judiciales emitidas hasta febrero de 2018 y que pusieron en evidencia la ilegalidad de la normativa y gestión cinegética de la Junta de Castilla y León, hay que sumar ahora:

  • Sentencia de 19/03/2018 del TSJ de CyL que anula la orden de caza Orden FYM/609/2016 por estar sustentada en normativas declaradas ilegales.
  • Auto de 6/07/2018 del TSJ de CyL por el que se paraliza cautelarmente la caza del lobo en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
  • Auto del Tribunal Supremo de fecha 13/12/2018 que anula definitivamente el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. Plan del Lobo que por cierto se aprobó para sustituir al anterior Plan que ya fue declarado ilegal por el TSJ de CyL mediante Sentencia del 2009 y ratificada por el Tribunal Supremo en el año 2013.
  • Y último (hasta el momento), Auto de 21/02/2019 del TSJ de CyL que cautelarmente suspende la aplicación del Decreto 10/2018 de Caza de Castilla y León por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Decreto que sustituía al Decreto 32/2015 que fue declarado nulo parcialmente por sentencia del año 2017. Auto que antecede una muy posible sentencia que declare ilegal gran parte del contenido de ese Decreto.

A todas estas sentencias y autos hay que añadir la jurisprudencia derivada de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1739/2018, de 10 de diciembre por la que se anula la caza en la Comunidad de Madrid para el periodo 2014-2015, que tiene consecuencias para la normativa de todas las comunidades autónomas. Esta sentencia viene motivada por la inexistencia de informes previos sobre el estado de las poblaciones cinegéticas.