Ecologistas en Acción y la “Plataforma por la Recuperación de los Caminos Públicos y las Vías Pecuarias Sierra de Cádiz”, han formalizado denuncia ante la Guardia Civil por los altercados que tuvieron lugar el pasado 17 de febrero en la marcha convocada para demandar la reapertura del camino que va desde el Puerto del Boyar al Salto del Cabrero, un camino público utilizado desde época inmemorial sin problemas. En 2014 el camino fue cerrado por los propietarios de la finca Las Albarradas… y sigue cerrado a pesar de que el Pleno del Ayuntamiento de Grazalema acordó inscribirlo como público.

La marcha, a la que asistieron unas 400 personas, fue interrumpida por el actual propietario de la finca Las Albarradas, Antonio Castilla, y varias personas que lo acompañaban, que habían cerrado la cancela con cadena y candado. Los organizadores de la marcha intentaron dialogar con este señor, pero fue imposible, sólo decía que por allí no pasaba nadie, no ateniéndose a más razones.

Al intentar un reducido número de participantes continuar la marcha, dos senderistas  fueron agredidos por el señor Castilla y un empleado suyo. Ante esta tensa situación y la rotunda negativa a abrir la cancela, los participantes en la marcha,  para impedir que se produjeran incidentes más graves aún, optaron por realizar un acto reivindicativo con pancartas ante la cancela, y regresar al Puerto del Boyar, donde pusieron en conocimiento de las dos patrullas de la Guardia Civil allí presente de las agresiones ocurridas y de la imposibilidad de pasar por este camino público.

Ahora, Ecologistas en Acción y la “Plataforma por la Recuperación de los Caminos Públicos y las Vías Pecuarias Sierra de Cádiz” han formalizado la denuncia, adjuntando testigos, fotografías y vídeos de los incidentes.

Esperemos que este tipo de incidentes no vuelvan nunca más a tener lugar, para lo que es imprescindible que el Ayuntamiento de Grazalema tramite correctamente el expediente de clasificación y catalogación de este camino público, otorgándole el carácter de “Bien de Dominio Público adscrito al Uso Público”, para poder así inscribirlo en el inventario de bienes municipales.