La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) admitió la denuncia penal presentada por Ecologistas en Acción contra el Presidente de las Cortes de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y los otros cuatro procuradores que junto a él integran la Mesa de las Cortes, por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido a trámite la Proposición de Ley presentada el pasado 28 de febrero por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos con la finalidad de pasar por encima de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el Alto Tribunal Regional.

La denuncia ha sido archivada un día antes de la votación, haciéndose público antes siquiera de que la organización ecologista recibiera la notificación.

Pese a ello, y tras mantener reuniones con los grupos parlamentarios del Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, Ecologistas en Acción recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha declarado en cuatro sentencias contra iniciativas de las Cortes de Castilla y León como la estación de esquí de San Glorio (León y Palencia), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o Meseta-Ski en Valladolid, que las leyes singulares a la carta para sacar adelante disposiciones administrativas contestadas en los tribunales son inconstitucionales por impedir el acceso de la ciudadanía a los tribunales ordinarios, vulnerando así el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste en este caso al PACMA como recurrente.

Por ello, Ecologistas en Acción considera esencial que los letrados de las Cortes informen sobre la constitucionalidad en sí de la Proposición de Ley, y pide a los procuradores de todos los grupos parlamentarios que se abstengan de adoptar decisiones que lesionen los derechos fundamentales de la ciudadanía, respetando escrupulosamente la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales firmes para no degradar más aún la pésima imagen de la política profesional en Castilla y León y en España.

En todo caso, la organización ambiental advierte de que la Proposición de Ley que se pretende aprobar mañana no faculta directamente para el ejercicio de la caza en Castilla y León, ya que la relación de especies cazables debe ser establecida por una Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre la base “de la mejor información técnica disponible”, y “con la finalidad de mantener el adecuado equilibrio ecológico que garantice el estado de conservación de las especies cazables y su utilización razonable”.

En opinión de Ecologistas en Acción, la práctica de la caza sin esta Orden sería arbitraria y vulneraría tanto la Ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como las Directivas europeas de Aves y Hábitats y la propia Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, que supeditan la caza a la conservación de las especies que puedan considerarse cinegéticas, motivo por el cual los tribunales vienen exigiendo al Gobierno regional que acredite el cumplimiento de dicha normativa y justifique que la práctica de la actividad cinegética se basa en estudios científicos sobre la situación de las distintas especies silvestres, así como del grado de incidencia de la caza en su conservación.

Este es el motivo principal de los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL y la decena de sentencias judiciales firmes que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011 y 2015, las Órdenes Anuales de Caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los Planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019. La ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta de Castilla y León para hacer compatible esta actividad con la conservación de la fauna.

De ser aprobada finalmente la Proposición de Ley el 27 de marzo en las Cortes, Ecologistas en Acción pedirá al Gobierno, a los Grupos  Parlamentarios de las Cortes Generales y al Defensor del Pueblo que recurran la modificación de la Ley de Caza ante el Tribunal Constitucional, por vulnerar legislación básica del Estado y los derechos fundamentales a la participación y la tutela judicial, entre otros.

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