• La falta de recursos hace que las autoridades europeas solo evalúen un pequeño número del total sustancias químicas en productos de consumo.
  • La mitad de las sustancias químicas controladas no son seguras.
  • No hay ninguna actuación sobre el 74 % de las sustancias consideradas peligrosas.
  • La industria incumple su obligación de proporcionar datos completos y fiables.

Hay alrededor de 22.000 sustancias químicas registradas en Europa. Aunque en marzo de 2012 comenzaron los controles de seguridad de las sustancias que se pensaba que podían tener propiedades peligrosas, en diciembre de 2018 solo se habían verificado 94 sustancias, de las cuales 46 (el 49 %) se declararon inseguras para su uso comercial. Estas 46 sustancias peligrosas han sido incluidas por primera vez en una revisión de la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), la mayor red de organizaciones medioambientales de Europa, de la que forma parte Ecologistas en Acción.

Por sus propiedades tóxicas para personas y medio ambiente, las autoridades decidieron que estas 46 sustancias necesitaban medidas de protección en todos los casos, pero aún no se ha tomado ninguna medida para controlar el 74 (34) de las mismas. La falta de recursos es una de las principales causas de la inacción, según se ha informado a las organizaciones del EBB. Como consecuencia, la industria sigue utilizando millones de toneladas anuales de estas 46 sustancias peligrosas de forma legal, aunque la exposición resultante pueda ser causante de cáncer, problemas de fertilidad u otros impactos en la salud, o creando una seria contaminación ambiental.

El programa de control que realizan los Estados miembros, conocido como CoRAP, se ha desviado de su camino, ya que en diciembre de 2018 solo ha completado 94 de los 352 casos (el 21 %). Esto se debe, en gran parte, a que las empresas químicas proporcionan información inadecuada a pesar de estar obligadas por la legislación europea a proporcionar datos de seguridad de alta calidad. Cuando lo hacen, los casos se resuelven en el plazo de un año. Pero los agentes han tenido que pedir más datos a las empresas en el 64 % de los casos desde 2012, según los registros. Una vez activado, el proceso de solicitud y revisión de datos suele tardar entre siete y nueve años. Después, se requieren de cinco a siete años para que la administración tome medidas para controlar una sustancia, lo que podría incluir una prohibición. Por lo tanto, desde que la administración sospecha que una sustancia no es segura para su usos hasta que se controla pasan 16 años en los que podrá usarse legalmente para fabricar productos.

Entre los cientos de sustancias peligrosas que aún esperan el final de los controles se encuentra el dióxido de titanio, ampliamente utilizado en productos de consumo como cosméticos y alimentos, pero sospechoso de ser carcinogénico, mutagénico (que altera el ADN), alergénico, persistente y bioacumulativo. Aunque se programó su verificación en profundidad en 2013, aún no ha concluido por lo que continúa la exposición. Otro es el fosfato de trifenilo, un retardante de llama y presunto disruptor endocrino que se encuentra en altas concentraciones en automóviles, aulas, salas de estar y oficinas. El gobierno del Reino Unido le dio prioridad a los controles en 2013, pero se ha pospuesto durante cuatro años seguidos.

El proceso de control químico de la normativa europea REACH adolece de datos insuficientes y de mala calidad por parte de la industria. Según un informe de 2018, realizado por la Agencia Europea de Sustancias Químicas, al 74 % de los expedientes les falta «información de seguridad importante» y señala que esta situación es similar a la de años anteriores. En 2018, una investigación de tres años, realizada por las autoridades alemanas, encontró que solo un tercio de las sustancias producidas por encima de las 1.000 toneladas cumplían con la información de seguridad legalmente exigida. La Comisión Europea ha reconocido estos problemas y pedido reformas profundas.

Las ventas mundiales de productos químicos se duplicaron entre 2004 y 2014. Se espera que vuelvan a duplicarse para 2030 y que se cuadrupliquen para 2060. La mayoría de las sustancias son peligrosas. Los bebés de hoy nacen «precontaminados» por un cóctel de sustancias químicas. Muchas sustancias utilizadas para hacer productos de consumo cotidianos, los llamados disruptores endocrinos, están vinculadas a epidemias modernas como la diabetes, el cáncer de mama y de próstata. De las 100,000 sustancias químicas que se usan en Europa hoy en día, «solo una pequeña fracción ha sido evaluada exhaustivamente por las autoridades con respecto a sus propiedades e impactos en la salud y el medio ambiente, y aún menos están realmente reguladas», según un informe para la Comisión Europea. Las encuestas oficiales encuentran constantemente que los europeos están preocupados por la exposición química.

Hoy, las Naciones Unidas inician tres días de conversaciones destinadas a finalizar los objetivos de seguridad química para 2020. Europa se comprometió con estos objetivos voluntarios, pero la Comisión Europea ha reconocido que no los logrará (página 64). La revisión de EEB proporciona evidencia adicional sobre este punto.

La directora de políticas químicas de EEB, Tatiana Santos, ha declarado: “Es preocupante. Millones de toneladas de sustancias peligrosas se utilizan de forma poco segura en productos de consumo y acaban en el medio ambiente. Las administraciones pueden tardar más de una década en proteger a la población, en gran parte porque las empresas no proporcionan suficiente información de seguridad. ¿Es demasiado esperar buenos datos de una industria con un volumen de negocio de 500 mil millones al año?

«Está claro que la UE permite que las sustancias químicas ingresen al mercado con demasiada facilidad y luego se esfuerza por devolver al genio a la botella». Las empresas deberían superar una barrera mucho más alta para ingresar al mercado y también perder el acceso al mercado si se encuentra que sus datos son insuficientes, como suele ser el caso. Por su parte, la Administración necesita que la seguridad química sea una prioridad mucho mayor. Las elecciones de este año son una oportunidad para que la UE tome en serio la protección de la exposición a sustancias químicas «.

Ecologistas en Acción y la EEB han pedido a las administraciones que dejen de ocultar los nombres de las empresas que no cumplen con sus informes, que realicen más controles y aceleren su trabajo, entre otras demandas.