Recordamos que el 25 de abril de 1998 se produjo la rotura anunciada de la balsa de lodos de la empresa sueca Boliden en las minas de Aznalcóllar. 6 millones de m3 fueron desparramados por la cuenca del Guadiamar afectando a enclaves de gran importancia ecológica en el Espacio Natural Doñana como la zona de entremuros y que se tuvo que declarar el cierre del caladero del golfo de Cádiz por afección a las pesquerías de las aguas ácidas que llegaron al Guadalquivir.

Pues bien, 21 años después la Junta de Andalucía apuesta por la reapertura de la mina, tramitando permisos para una empresa, Minera Los Frailes, que se autoadjudicado una concesión de explotación que ni siquiera existe, tal como ha denunciado reiteradamente nuestro compañero Antonio Ramos González (responsable de Canteras y Minas de Ecologistas en Acción Andalucía), fallecido este pasado lunes.

Las primeras actuaciones de Minera los Frailes falsean la realidad en lo más elemental, por lo que Ecologistas en Acción se pone en guardia ante contra lo que se nos viene encima, y usará todas las herramientas jurídicas a su alcance para impedir una reapertura que ponga en riesgo la seguridad ambiental. Boliden se hizo el sueco, y después de 21 años todavía no ha pagado nada del gran desastre producido. Y ahora la Junta de Andalucía está dispuesta a facilitar la reapertura de la mina a una empresa que miente, y que la Junta de Andalucía sabe que miente.

Minera Los Frailes se presenta ante todas las administraciones como titular de una concesión de explotación que ni siquiera existe. No puede existir esa concesión minera sin que previamente se realice toda la tramitación ambiental completa, que incluye primero una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Plan Especial que establezca el marco de actuaciones futuras, y posteriormente, una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de Explotación y Plan de Restauración, que conduzcan finalmente a la Autorización Ambiental Unificada (AAU). La Junta de Andalucía ha iniciado ambas tramitaciones simultáneamente, vulnerando los objetivos y fines de ambas evaluaciones ambientales. Y además ha tramitado la EAE, incumpliendo la Ley de Transparencia y con los mismos vicios de nulidad que recientemente han conducido a la nulidad del Plan Especial de la mina de Cobre Las Cruces y de la AAU de la mina de Riotinto.

Además, Minera Los Frailes ni siquiera participó en el concurso minero convocado y resuelto por la Junta en 2015 a favor del consorcio Minorbis-Grupo México. Por tanto, Minera Los Frailes no está legitimada para pedir ninguna de las autorizaciones necesarias.

También empiezan mintiendo en las cuestiones operativas fundamentales, han declarado ante los órganos de participación de Doñana que el proyecto será autosuficiente en cuanto al abastecimiento de aguas, ocultando que ya habían solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  (CHG) una concesión de aguas subterráneas de 1 millón de metros cúbicos y eso sólo para empezar, apuntando que probablemente sea necesario triplicar dicha concesión.

El concurso minero que adjudico a Minorbis-Grupo México la preferencia para poder obtener una futura concesión de explotación establecía que se habría que atender los pasivos ambientales y de seguridad, mediante la ejecución del Plan de Adecuación Ambiental de las Labores de Desmantelamiento y Restauración Final de las instalaciones de la Mina de Aznalcóllar del año 2001.

El aprovechamiento del que habla la propaganda empresarial de Minera Los Frailes afecta sólo a la Corta de Los Frailes, que es de donde pretende obtener el mineral mediante minería subterránea. La clausura final de esa corta es la única actuación de restauración que se puede retrasar hasta el final de la vida de la explotación.

El resto de pasivos ambientales que se exige atender: restauraciones de las escombreras, el programa de gestión de aguas, la revisión de los sistemas de impermeabilización de la balsa que provocó el desastre, son actuaciones que se deben realizar a priori para que la explotación se pueda hacer con un  mínimo de garantías. Es la única forma que podría justificar la intervención del sector privado como salvaguarda de financiación de unas actuaciones que la administración ha sido incapaz de acometer en estos 21 años. Pero el proyecto que se presenta no tiene este planteamiento sino que se instala en la «restauración progresiva», extrayendo mineral a la vez que se controlan los pasivos que se le hacen indispensables para el funcionamiento. Se falsea así la actuación. Además siempre hay que contar con los “imponderables” del cierre empresarial, dejando la restauración otra vez a cargo de la administración, según evolucionen los mercados de estos minerales,  frustradas las expectativas de ganancias empresariales.

Sólo anteponer la restauración a la explotación de manera efectiva puede justificar esta operación ya de indudable riesgo de por sí, riesgo que, si finalmente se autorizara, debe minimizarse exigiendo las correspondientes fianzas que garanticen el objetivo final de restauración aún con una huida empresarial a la que estamos desgraciadamente tan acostumbrados.

Todos estos aspectos han sido trasladados a la Junta en forma de alegaciones a la Autorización Ambiental, que recordemos entendemos fraudulenta, dado que la presenta una empresa que no tiene concedidos los derechos para ello.

Por último cabe destacar que para explotar la Corta de Los Frailes se necesita vaciar previamente los 14 millones de m3 de aguas ácidas muy contaminadas que se han acumulado en esa corta desde su abandono en 2001. Y Minera Los Frailes propone verterlos, tras dudosa depuración,  al Guadiamar, que tras su restauración ambiental fue declarado Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, sin que la CHG haya informado hasta la fecha sobre ese vertido.