En el pasado Debate sobre el Estado de la Región, la Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre anunció la transformación del Canal de Isabel II, empresa responsable del abastecimiento de agua a la Comunidad de Madrid, en una sociedad anónima, así como la venta a particulares del 49 % de las acciones, con el fin de que gestione el ciclo integral del agua en Madrid. Dicha actuación la justificó en la “necesidad de obtener fondos para llevar a cabo infraestructuras hidráulicas necesarias para Madrid, como es la construcción de dos nuevos grandes embalses”.

Dicha justificación resulta a todas luces inaceptable, pues el Canal de Isabel II es una empresa rentable, que da todos los años cuantiosos beneficios económicos a la Comunidad de Madrid, y que en la mayoría de los casos no destina a nuevas infraestructuras hidráulicas, como es el caso de la construcción del Teatro del Canal, cuyo coste se ha situado entorno a los 100 millones de euros. Por otra parte, Madrid no necesita de la construcción de nuevos embalses, pues con las infraestructuras actualmente existentes tiene capacidad para abastecer a una población de más de nueve millones de habitantes, ni es competencia del Canal de Isabel II ni de la Comunidad de Madrid la construcción de nuevos embalses, pues ésta corresponde al Gobierno Central.

Da la sensación de que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en su línea habitual de desprecio a las competencias del Gobierno Central, pretende hacerse cargo de la gestión del agua en Madrid, sin necesidad de proceso de transferencias de ningún tipo, y cedérsela a su vez a una empresa privada. Como puede suponerse, dicha actuación choca abiertamente con lo establecido en la Ley de Aguas, que establece que las cuencas hidrográficas que afectan a más de una comunidad autónoma las gestiona el Estado (la cuenca del Tajo, a la que pertenece Madrid, afecta a 5 comunidades autónomas), en el caso de Madrid, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo. También supone un incumplimiento de lo establecido en la Directiva Marco de Aguas, que establece la necesidad de unidad de gestión por cuenca hidrográfica.

La privatización del Canal de Isabel II conlleva graves consecuencias ambientales y sociales, que a continuación pasamos a comentar.

Consecuencias sociales.

Todos los años el Canal de Isabel II obtiene importantes beneficios económicos (80 millones de euros en 2007), que van a parar a las arcas públicas, y que por tanto revierten en beneficio del conjunto de los ciudadanos (al menos teóricamente, pues algunas inversiones realizadas con los fondos del Canal como es la construcción del Teatro del Canal, son más que discutibles). Sin embargo, en el momento que se privatice, los beneficios económicos producidos por el Canal, obtenidos del conjunto de los ciudadanos a través de la factura del agua, irán a parar a los bolsillos de los accionistas de la empresa.

El Canal de Isabel II abastece a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en régimen de monopolio, por lo que, al tratarse además de un servicio de primera necesidad, un empeoramiento de la calidad del mismo, no supondría en ningún momento una alteración del consumo. Por ello, su privatización hace previsible una importante reducción en la actual plantilla de trabajadores, pues el empeoramiento del servicio que necesariamente conllevaría no produciría reducción del consumo de ningún tipo, por lo que supondría un incremento de los beneficios, al reducirse los gastos, eso sí, a costa de empeorar el servicio de abastecimiento de agua que actualmente reciben los madrileños. En este sentido, es previsible una reducción sustancial del número de trabajadores hasta alcanzar el mínimo imprescindible para garantizar, aunque sea de forma precaria y deficiente, el suministro de agua a todos los abonados. Este deterioro en el servicio podría llegar afectar incluso a la calidad sanitaria del agua de suministro.

Actualmente la gestión del abastecimiento de agua potable que realiza el Canal de Isabel II en Madrid, puede considerarse más que aceptable, pues se abastece a los ciudadanos con un agua en general de buena calidad, tanto sanitaria como de sabor, y de hecho es bebida por la gran mayoría de los vecinos de Madrid. Sin embargo, en otras grandes ciudades de nuestro país, el mal sabor del agua, hace que una gran parte de la población no la beba, consumiendo en su lugar agua mineral embotellada, cuyo coste es varios cientos de veces superior al del agua del grifo.

Un deterioro en la calidad del suministro, como consecuencia de la previsible reducción de plantilla para reducir costes e incrementar beneficios como consecuencia de la privatización, conllevaría que la mayoría de la población dejase de consumir el agua del grifo, y se pasase al agua mineral embotellada, lo que supondría un encarecimiento de la cesta de la compra, que además afectaría a toda la población incluyendo, a las clases más desfavorecidas. Se estima que una familia de cuatro miembros, que utiliza agua mineral embotellada para beber y cocinar, gasta una media de 75 € mensuales, mientras que ese gasto se reduce a tan sólo 0,30 €, si usa para ello agua del grifo.

Existen algunos varemos sobre la calidad de las aguas que vienen determinados por la normativa vigente, y que las empresas, públicas o privadas, están obligadas a cumplir. Sin embargo, hay otros que son de carácter más subjetivo, como es el sabor y el olor. Si una empresa privada que gestiona el abastecimiento urbano, tiene también participación o intereses en una empresa que produzca agua mineral embotellada, podría en un momento dado tener la tentación de empeorar el olor o el sabor, desplazando al consumidor hacia el agua mineral embotellada, con el consiguiente perjuicio para los usuarios.

En este sentido, el hecho de que la gestión del abastecimiento de agua potable quede en manos privadas, podría dar lugar a actuaciones empresariales cuanto menos éticamente dudosas y que perjudicarían al conjunto de los usuarios, sin que estos pudieran hacer nada para evitarlo, dado su carácter de mercado cautivo. El ejemplo aquí expuesto no es un futurible o simple suposición, pues alguna situación de este tipo o parecida ya se ha dado en España.

El Canal de Isabel II, al tratarse de una empresa con más de 150 años de funcionamiento, es propietaria de amplias superficies de suelo a lo largo de toda la Región, una parte del mismo situado en diferentes puntos del centro de Madrid. Este suelo alcanzaría un importante valor en el mercado inmobiliario por lo que, si el Canal llegase a privatizarse, es previsible que intentasen sacar a la venta aquellos terrenos del centro de Madrid que actualmente ya no necesitan estrictamente para la realización de la función de abastecimiento. La construcción de gran número de viviendas en esas zonas del interior de la ciudad, algunas de gran superficie, incrementaría sustancialmente la densidad de población en esos barrios, lo que conllevaría necesariamente una pérdida de calidad de vida para los vecinos de los mismos.

Como podemos apreciar, la privatización del Canal de Isabel II, conllevaría graves consecuencias sociales, de pérdida de ingresos económicos para las arcas públicas, deterioro de la calidad del servicio, sin que los usuarios puedan hacer nada para evitarlo; y pérdida de puestos de trabajo, entre otros.

Consecuencias medioambientales

La privatización del Canal de Isabel II también produciría importantes daños ambientales. El agua es un recurso natural limitado y escaso, cuya obtención conlleva necesariamente daños ambientales más o menos importantes, por lo que debe consumirse tan sólo la necesaria, siendo por tanto muy importante la realización de continuas campañas de concienciación ciudadana sobre la necesidad del ahorro.

A lo largo de los años, el Canal de Isabel II ha llevado a cabo numerosas campañas de concienciación ciudadana, cuyo resultado ha sido en general muy satisfactorio, traduciéndose siempre en una reducción del consumo no inferior al 10%. Por otra parte, el Canal de Isabel II invirtió durante varios años importantes cantidades de dinero encaminadas a reducir las pérdidas en las redes de distribución. Como consecuencia de ello, nos encontramos con el consumo de agua por habitante abastecido ha bajado en los últimos 15 años de manera espectacular. Mientras que en 1991 el consumo de la población abastecida por el Canal fue de 610 Hm3, en el año 2007 el consumo total fue de 542,15 Hm3, a pesar de que en 2007 el Canal suministraba a 1.200.000 personas más que en 1991. De esta manera, el consumo por habitante se ha reducido en 15 años en más del 30%.

En el caso de que se privatizase el Canal de Isabel II, es muy posible que dejasen de hacerse las campañas de concienciación, pues la realización de cualquier campaña de fomento del ahorro por parte de una empresa privada de abastecimiento, va directamente en contra de su principal objetivo, ganar dinero, pues cuanto más agua venda más ingresos recibe. Eso, que es aceptable en el caso de una empresa pública por el interés general, es inconcebible en el marco de la empresa privada, que lo que le interesa es precisamente que se gaste la mayor cantidad de agua posible, lo que conlleva daños ambientales importantes (construcción de nuevos embalses y conducciones, sobreexplotación de acuíferos, reducción de los caudales ambientales, etc.), y también sociales (reducción de la garantía de suministro en periodos de sequía). Por otro lado, la gestión privada acabaría muy posiblemente con la política de bloques vigente en la tarifa actual (el precio del m3 se incrementa conforme aumenta el consumo a partir de determinados niveles), que tiene como fin favorecer a las personas que consumen agua de forma más racional y penalizar a los grandes consumidores. En todos los casos en los que se ha producido la privatización del agua, se han llevado a cabo inmediatamente subidas por igual de tarifas, cuando no ha sido incluso mayores para los consumos más bajos, impactando más sobre quién menos tiene y sobre los que menos consumen.

Asimismo, también es previsible una importante merma de las inversiones empleadas en la reducción de las pérdidas en las redes de distribución pues, dado lo barato que le resulta la obtención, especialmente en alta, y potabilización del agua al Canal, hace que la reducción de la mayoría de las pérdidas en las redes de distribución no sea rentable para cualquier empresa privada de abastecimiento, lo que conlleva un incremento progresivo del consumo no achacable a los usuarios, con las mismas consecuencias ambientales ante indicadas. Además, un alto nivel de pérdidas en las redes de distribución repercute en una peor calidad del agua de abastecimiento, por la succión exterior que se produce en las conducciones cuando se produce un corte temporal en el suministro.

Hace algunos años, el Canal de Isabel II financió importantes actuaciones de carácter puramente medioambiental (incluso con varios millones de euros), como es la restauración ambiental de riberas de los ríos. Es impensable que acciones de ese tipo vuelvan a repetirse algún día si la entidad llega a privatizarse.

Como ya se indicó anteriormente, la Comunidad de Madrid, además de privatizar el Canal de Isabel II, pretende que dicha sociedad anónima gestione el ciclo integral del agua de Madrid, competencia, que corresponde al Gobierno Central, y pretende inaugurar esa nueva competencia, con la construcción de dos nuevos grandes embalses en la Comunidad de Madrid. Uno situado en la zona norte, y mientras que el otro se ubicaría al sur de la Región. La construcción de estos dos embalses, especialmente el situado en la Sierra Norte, producirían un gran impacto medioambiental. Además, se trata de embalses totalmente inútiles, pues los dos se ubicarían en cauces que apenas cuentan con cuenca de vertido, y además el situado en la Sierra Norte se situaría aguas arriba del embalse de El Atazar, situado en una cuenca como la del Lozoya que se encuentra hiperregulada.

Además, resulta evidente que la Comunidad de Madrid no necesita de la construcción de nuevos embalses para abastecimiento, y así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el Gobierno Central a lo largo de los últimos 15 años, con independencia de que gobernase el Partido Socialista o el Partido Popular, pues con las infraestructuras actualmente existentes, el Canal de Isabel II tiene capacidad para abastecer a una población de más de nueve millones de habitantes.

En definitiva, se trata de embalses que producirían importantes daños medioambientales que son completamente inútiles e innecesarios, y que a los únicos que beneficiarían sería a las empresas constructoras que llevasen a cabo las obras.

Por todo expuesto, podemos concluir que la privatización del Canal de Isabel II conllevarían importantes perjuicios sociales y ambientales, y ningún tipo de beneficio para el interés general. Por ello, cabe preguntarse cuáles han sido las motivaciones reales que han empujado al Gobierno Regional a promover esa privatización, que desde luego no responde a los intereses del conjunto de los madrileños. Por todo ello, desde Ecologistas en Acción rechazamos totalmente la privatización del Canal de Isabel II, así como la invasión de competencias de la Comunidad de Madrid en la gestión del ciclo integral del agua que, al tratarse de una cuenca compartida con otras comunidades, le corresponde al Estado, tal y como se establece en la legislación estatal y europea.

Comisión del Agua de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid